- Más de ocho meses después, persisten las dudas sobre el destino de miles de millones obtenidos por EU con la venta del petróleo venezolano.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– La madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas de Estados Unidos ingresaron a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y trasladarlos a Nueva York para enfrentar cargos federales. Tres días después, Donald Trump anunció que los ingresos provenientes del petróleo venezolano quedarían bajo su control como Presidente de Estados Unidos y, otros tres días después, el 9 de enero, firmó una orden ejecutiva que blindó esos recursos frente a embargos y reclamaciones judiciales. Desde entonces han pasado más de ocho meses y una pregunta sigue sin ser respondida: ¿dónde están los miles de millones de dólares obtenidos por la venta del petróleo venezolano que quedó bajo control estadounidense?
El Financial Times reportó hace unos días que al menos 13 mil millones de dólares habían ingresado al esquema administrado por Washington, una estimación que posteriormente retomaron legisladores estadounidenses. Sin embargo, el Gobierno de Trump no ha publicado un balance detallado que permita conocer cuánto dinero permanece en las cuentas, cuánto ha sido entregado a Venezuela, quién ha recibido pagos y bajo qué conceptos.
—¿Cuál es la cantidad total de dinero asociada con la venta de activos venezolanos que ha pasado por cuentas del Tesoro o por cuentas administradas por el Tesoro desde enero? —preguntó la semana pasada el congresista de Illinois, Sean Casten, al Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
—No estamos revelando la cantidad total de los desembolsos —respondió el Secretario del Tesoro.
—Estoy preguntando por la cantidad total de dinero. El Presidente Trump dijo en julio que eran más de 13 mil millones de dólares. ¿Está de acuerdo en que en julio eran más de 13 mil millones? —insistió Casten.
—De nuevo, no voy a revelar esa cantidad —contestó Bessent.
Y más delante insistió.
—¿Sabe si alguno de esos flujos de efectivo está llegando al Gobierno de Estados Unidos, a personas estadounidenses o a empresas estadounidenses? —preguntó Casten.
—No tengo conocimiento de eso —respondió Bessent.
El reclamo por los recursos
De hecho, tres senadores demócratas, Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse, exigieron la semana pasada esa información al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al Secretario de Estado, Marco Rubio.
Rubio, al comparecer ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en junio, dijo que el dinero se estaba depositando en una cuenta bloqueada por el Tesoro en Citibank y que KPMG estaba recibiendo pagos de esos fondos para auditar “cada uno de los gastos”. Pero esas auditorías no se han hecho públicas, escriben los senadores demócratas, “ni está claro que se haya realizado ninguna auditoría”. En ese sentido, apuntaron: “Este acuerdo, sobre todo dada la falta de transparencia, suscita la preocupación de que la Administración pueda utilizar su control sobre los ingresos para destinar miles de millones de dólares sin la autorización o aprobación del Congreso”.
Dos personas familiarizadas con la situación dijeron al Financial Times que el Departamento de Estado de Estados Unidos está obstaculizando los esfuerzos para averiguar cuánto dinero del petróleo ha recaudado Washington de Venezuela, entre otras cosas, al no colaborar con un organismo de control gubernamental ni compartir los informes de auditoría con el Congreso.
Otros funcionarios insisten en privado, según el Financial Times, que la mayor parte de los ingresos petroleros se envía periódicamente al Gobierno venezolano, donde el dinero se ha utilizado para fines como el pago de salarios y la intervención en el mercado de divisas. “Funcionarios estadounidenses afirman que una de las razones para controlar estrictamente los fondos es garantizar que no faciliten la corrupción en Venezuela”, refiere la misma fuente.
Sin embargo, recuerda el diario británico, Trump ha afirmado reiteradamente que Estados Unidos está obteniendo beneficios económicos de su participación en el país, “lo que ha dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que la administración esté reteniendo parte de esos fondos”. Por ejemplo, en julio, Trump declaró: “Hemos pagado esa guerra con creces”. Se trata de una afirmación que ha repetido en varias ocasiones. “Estamos recibiendo miles de millones de dólares de Venezuela”, sostuvo entonces.
Miles y millones en la opacidad
“Trump se niega a decirlo. De hecho, nadie en el gobierno de Trump nos dirá dónde está ese dinero, quién lo controla ni siquiera quién está ganando dinero con los intereses generados”, plantea en ese sentido el periodista Thom Hartmann en el sitio independiente Common Dreams. “Mientras tanto, la cantidad de dinero sigue creciendo, particularmente ante la crisis petrolera provocada por la absurda guerra de Trump contra Irán”.
De cuerdo con una estimación del Consejo de Relaciones Exteriores basada en datos de Bloomberg, durante los primeros cuatro meses bajo control estadounidense se comercializaron casi 100 millones de barriles, valuados en unos 8 mil millones de dólares, mediante un esquema marcado por “la falta de transparencia y una supervisión mínima”, refiere Hartmann.
The Financial Times indica que las compañías petroleras privadas que operan en Venezuela ahora pagan a Estados Unidos la mayor parte de las regalías y los gravámenes fijos por barril de producción. Esto incluye a Chevron, la mayor petrolera privada de Venezuela, que anunció este mes un plan de 7 mil millones de dólares para duplicar su producción. El Gobierno estadounidense también recauda ingresos por la venta de oro y otros minerales exportados desde Venezuela.
De la misma manera, miembros del Congreso de ambos partidos también están presionando para que se revise el contrato que el Pentágono acordó con el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt a principios de este mes, el cual podría permitir al Gobierno estadounidense adquirir una participación del 35 por ciento en su negocio petrolero en el país.
Marco Rubio afirmó que para lograr estabilizar a Venezuela y conseguir su recuperación económica, se requieren tres fases implementadas por el gobierno de EU.
En abril, un funcionario del Departamento de Estado aseguró al Congreso que alrededor de 3 mil millones de dólares habían regresado a Venezuela, mientras que en julio Donald Trump afirmó que Estados Unidos ya había vendido más de 13 mil millones. Marco Rubio sostuvo además que KPMG “audita cada desembolso”, pero ni los acuerdos ni esas auditorías se han hecho públicos.
Las dudas se extienden también a otros recursos venezolanos. En marzo, el Secretario del Interior, Doug Burgum, anunció operaciones relacionadas con más de 100 millones de dólares en oro y un acuerdo de venta con Trafigura, aunque tampoco existe claridad pública sobre el destino de esos ingresos.
Thom Hartmann compara esta opacidad con casos ocurridos en petroestados como Nigeria, donde en 2014 se denunció que unos 20 mil millones de dólares en ingresos petroleros no habían llegado al Tesoro y una auditoría posterior determinó que al menos mil 480 millones estaban desaparecidos. “Nunca anuncian el saqueo; simplemente dejan de informar adónde fue cada cosa o quién terminó quedándose con ella”, sostiene el autor al describir el patrón que, a su juicio, observa en el manejo estadounidense de los recursos venezolanos.
Las ligas con Qatar
El primer cargamento, según Reuters y Semafor, fue a parar a las empresas comercializadoras de materias primas Vitol y Trafigura por unos 500 millones de dólares, grupos que, según The Washington Post, tienen un historial de esquemas de soborno vinculados a la venta de petróleo.
Pero ese dinero no fue a la cuenta del Tesoro descrita en la propia orden ejecutiva de Trump, sino que fue depositado en una cuenta bancaria en Qatar, justo después de que los líderes de ese país le regalaran un avión de 400 millones de dólares, apuntó Common Dreams.
A su vez, un alto funcionario explicó a Semafor que Qatar fue elegido como un “lugar neutral” donde el dinero “puede fluir libremente” sin riesgo de ser embargado. En ese sentido, la Senadora Elizabeth Warren, una de las que firma la carta, sostuvo: “No existe fundamento legal para que un Presidente establezca una cuenta en el extranjero que él controla con el fin de vender activos incautados por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ese es precisamente el tipo de maniobra que atraería a un político corrupto”.
Joaquín Castro, demócrata de Texas en la Cámara de Representantes, declaró al Financial Times que existía una “falta de rendición de cuentas sin precedentes” en las relaciones del Gobierno con Venezuela. “Estamos hablando de miles de millones de dólares”, declaró, y añadió que no existía “ninguna transparencia” en torno a los fondos venezolanos.
“Tiene que haber una razón de peso por la que no se comparta ninguna de estas informaciones con los miembros del Congreso”, afirmó.




