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- De acuerdo con el legislador, los denunciantes habrían tenido que acudir a Palacio Nacional para exponer el presunto esquema de extorsión, en el que se habrían solicitado cantidades de entre 500 mil y 800 mil pesos a concesionarios de gasolineras y verificentros.
- Propone realizar una revisión de otras áreas estratégicas de la administración estatal para identificar posibles irregularidades, como la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde aseguró que una parte importante del personal proviene de administraciones anteriores y ocupa posiciones relacionadas con permisos, licencias y verificaciones.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 11 de Agosto de 2026.- El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, llamó a ampliar las investigaciones por los presuntos casos de extorsión en verificentros y a revisar otras áreas estratégicas de la administración estatal para detectar posibles actos de corrupción.
En entrevista, el legislador consideró “terrible” lo que se ha conocido sobre dos servidores públicos presuntamente involucrados en actos de extorsión contra concesionarios de verificentros y gasolineras, y sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a los funcionarios directamente señalados.
Martínez Vargas afirmó que se debe conocer quiénes recomendaron o nombraron a los servidores públicos involucrados y determinar si existe una red de corrupción con funcionarios de mayor o menor rango.
“Se tiene que conocer quiénes los sugirieron, quiénes los nombraron”, planteó el morenista, al señalar que cualquier persona involucrada debe ser investigada y, en caso de acreditarse responsabilidades, sancionada conforme a la ley.
Recordó que la extorsión cometida por servidores públicos contempla penas de hasta 25 años de prisión, por lo que consideró necesario que las autoridades profundicen en las investigaciones y no se detengan únicamente en los dos casos que han trascendido públicamente.
Asimismo, señaló que ya son dos los casos que han llamado la atención dentro de la administración estatal: uno relacionado con la Secretaría de Educación y el más reciente vinculado con la Secretaría de Medio Ambiente.
A su consideración, la aparición de ambos casos resulta preocupante y obliga a fortalecer las acciones de vigilancia y control dentro del gobierno estatal.
Octavio Martínez también cuestionó la actuación de instancias como la Contraloría del Estado, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Fiscalía estatal, al señalar que algunos de los hechos denunciados presuntamente ya habían sido reportados con anterioridad.
De acuerdo con el legislador, los denunciantes habrían tenido que acudir a Palacio Nacional para exponer el presunto esquema de extorsión, en el que se habrían solicitado cantidades de entre 500 mil y 800 mil pesos a concesionarios de gasolineras y verificentros.
Ante ello, consideró necesario que la procuración de justicia en la entidad sea más puntual y diligente en la atención de las denuncias.
“No hay espacio en el gobierno de la maestra Delfina, en el gobierno del Estado, para ningún tipo de corrupción”, afirmó, al insistir en que los hechos deben investigarse y que las responsabilidades deben determinarse con apego a la legalidad.
El congresista planteó además realizar una revisión de otras áreas estratégicas de la administración estatal para identificar posibles irregularidades.
Como ejemplo, mencionó la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde aseguró que una parte importante del personal proviene de administraciones anteriores y ocupa posiciones relacionadas con permisos, licencias y verificaciones.
Por ello, consideró necesario revisar el desempeño de quienes permanecen en estas áreas y determinar si existen indicios de corrupción.
De igual manera, señaló que, aunque existen servidores públicos con un desempeño adecuado, también hay funcionarios cuya permanencia debe ser evaluada.
Ante la primera mitad de la administración de Delfina Gómez, propuso realizar una revisión “seria y minuciosa” que incluya a secretarios, subsecretarios, directores y jefes de departamento provenientes de gobiernos anteriores.
La revisión, sostuvo, permitiría determinar qué cambios son necesarios para fortalecer la administración estatal y evitar que prácticas de gobiernos anteriores se mantengan dentro de las estructuras actuales.
En este tenor sostuvo que el combate a la corrupción debe aplicarse independientemente del nivel jerárquico o filiación política de los funcionarios involucrados, bajo el principio de que se debe investigar y sancionar “sea quien sea y caiga quien caiga”.
