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- Según lo señalado por la FGR, Gilda «N» habría fungido como prestanombres de la empresa para encubrir actos de corrupción.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gilda «N», hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su probable vínculo con la red de corrupción del caso Agronitrogenados, en el cual habría participado como prestanombres de la empresa y encubrió actos de corrupción.
La captura, de acuerdo con lo señalado por la FGR en un comunicado, se ejecutó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mediante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).
A la detenida se le vincula directamente con la red de corrupción del caso Agronitrogenados, una de las investigaciones de mayor perfil sobre desvío de recursos y sobornos gestada durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
«De acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal [AIC] y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial [FECOC], antes SEIDF, esta persona está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio ‘N'», indicó la Fiscalía.
Las indagatorias ministeriales señalan que Gilda «N» presuntamente fungió como prestanombres para ocultar el origen de recursos financieros obtenidos de manera ilegal. Según los reportes oficiales, la imputada se convirtió en beneficiaria de una empresa privada tras recibir una cesión de derechos por parte de su hermano Emilio, mecanismo que habría facilitado la triangulación de fondos.
Las autoridades federales sostienen que las operaciones financieras bajo investigación carecen de una justificación económica o comercial válida. Por el contrario, se identificaron esquemas diseñados para encubrir los flujos monetarios derivados de los contratos irregulares de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
«Por lo anterior y tras los trabajos de la FGR y del Gabinete de Seguridad federal, se le cumplimentó orden de aprehensión por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita», explicó la Fiscalía.
Del mismo modo, la FGR indicó que la detenida fue puesta a disposición «de la autoridad judicial federal que la requirió» con el objetivo de determinar su situación jurídica, además de que se le considera inocente «mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente».
¿Qué es Agronitrogenados?
El caso Agronitrogenados es uno de los principales escándalos de corrupción en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Involucra la compra sobrevaluada de una planta de fertilizantes por parte de Pemex, presuntamente a cambio de sobornos.
El 20 de diciembre de 2013, Pemex compró el complejo de Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, a través de su filial Pro-Agroindustria. La compraventa fue justificada con dos razones: la necesidad de generar más fertilizantes y productos petroquímicos en México; y la capacidad de producción de un millón anual de toneladas de urea, de las plantas de Agro Nitrados.
El valor de la adquisición ascendió a casi 3.9 mil millones de pesos, pero seis meses después de la compra, la filial de Pemex Pro-Agroindustria contrató a la empresa Cobra Instalaciones México para rehabilitar las plantas Urea I y II de Agronitrogenados. Esto le costó más de 6.8 mil millones de pesos a Pemex.
De este modo, los datos oficiales indican que Agronitrogenados fue adquirida con un sobre costo real de 200 por ciento, que implica un daño en contra de la Hacienda Pública, tomando en consideración que, a finales de 2018, Pemex aún debía 3.5 mil millones de pesos por la adquisición de la compañía y que, hasta entonces, no contaba con “viabilidad operativa” plena, pese a las obras e inversiones efectuadas.
La planta llevaba más de 15 años sin operar (desde 1999) y estaba en condiciones de chatarra, con un valor real estimado en alrededor de 58 millones de dólares. La Fiscalía General de la República acusa a Emilio Lozoya de haber recibido al menos 3.4 millones de dólares de parte de Ancira entre 2012 y 2013, para facilitar la operación.
