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- Familiares y allegados de diez ex trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Gobierno del Estado de México, protestan en las sedes del Poder Judicial en Toluca y en las inmediaciones del penal estatal de Santiaguito.
- De acuerdo con los testimonios recabados durante la manifestación, las diez personas detenidas, en su mayoría residentes de la zona de Toluca, se desempeñaban exclusivamente como personal capturista de nivel bajo, denuncian que son “chivos expiatorios”, por supuesta venta de plazas en el Edomex.
- «Ellos nada más capturaban y hacían las entregas, pero ellos no autorizaban. Esas órdenes venían de sus jefes de arriba. A los que deben de agarrar son a los que firmaban las plazas, a las cabezas grandes que están disfrutando de ese dinero», declaró consternado el tío de uno de los jóvenes imputados.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 29 de Junio de 2026.- Familiares y allegados de diez ex trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Gobierno del Estado de México se movilizaron este lunes frente a las sedes del Poder Judicial en Toluca y en las inmediaciones del penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para denunciar lo que califican como una detención injusta y exigir un juicio imparcial, señalando que los detenidos están siendo utilizados como «chivos expiatorios» para encubrir a altos mandos implicados en una presunta red millonaria de venta de plazas magisteriales.
La controversia escala en un contexto de alta tensión política en la entidad, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuviera previamente a Óscar «N», ex subsecretario de Administración durante el gobierno de Alfredo Del Mazo, junto a otros exfuncionarios, sin embargo, los manifestantes aseguran que la investigación actual se ha sesgado hacia el eslabón más débil de la cadena operativa.
De acuerdo con los testimonios recabados durante la manifestación, las diez personas detenidas, en su mayoría residentes de la zona de Toluca, se desempeñaban exclusivamente como personal capturista de nivel bajo, por lo que los familiares argumentan que este tipo de empleados carece de las facultades legales y administrativas para autorizar, firmar o dar de alta plazas laborales en el sistema educativo básico.
«Ellos nada más capturaban y hacían las entregas, pero ellos no autorizaban. Esas órdenes venían de sus jefes de arriba. A los que deben de agarrar son a los que firmaban las plazas, a las cabezas grandes que están disfrutando de ese dinero», declaró consternado el tío de uno de los jóvenes imputados.
Asimismo, los manifestantes revelaron que, si bien la carpeta de investigación señala el uso de las claves del sistema correspondientes a los capturistas, “estas contraseñas también se encontraban bajo el control y acceso de sus jefes inmediatos y directivos”, e incluso, se afirma que existen evidencias de que los propios trabajadores habían reportado con anterioridad movimientos desconocidos e irregulares dentro de la plataforma, reportes que presuntamente están siendo ignorados por las autoridades judiciales.
Uno de los puntos más criticados por las familias es la flagrante “discrepancia financiera” que sostiene la acusación de las autoridades, la cual habla de desvíos y transacciones por millones de pesos.
Los familiares enfatizan que los detenidos pertenecen a la clase media-baja, viven al día y sus cuentas bancarias individuales no superan, en el mejor de los casos, los 500 mil pesos. «¿Dónde están esos millones que las autoridades dicen que ellos recibieron? Es fácil comprobarlo investigando sus cuentas y sus casas», cuestionaron.
De igual manera denunciaron graves violaciones a los derechos humanos durante las detenciones ocurridas el pasado miércoles. Un testimonio detalló que su familiar fue arrestado a las 4:40 de la tarde; no obstante, a las 8:30 de la noche de ese mismo día, elementos policiales irrumpieron de manera violenta en su domicilio rompiendo chapas y asustando a los niños presentes, bajo el falso argumento de que «lo andaban buscando para detenerlo», cuando el joven ya se encontraba bajo custodia policial.
La movilización de este lunes coincide con el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso, la cual se llevó a cabo en la mañana en los juzgados anexos al centro penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
El proceso penal ya arrastra fuertes inconformidades desde el pasado sábado, fecha en la que se llevó a cabo una extenuante audiencia que se prolongó desde las 10:00 hasta las 23:45 horas sin que se lograra un avance significativo o una resolución clara. Los familiares externaron su preocupación ante la falta de imparcialidad de los jueces encargados del caso.
«El sábado parecía que todo se iba a resolver, los jueces se veían accesibles, pero al último minuto se desistieron. No sabemos si les dieron línea desde arriba; sentimos que esto ya se volvió un tema político donde el gobierno quiere levantar su imagen de resultados ante los medios hundiendo a los operativos, en lugar de tocar a los verdaderos responsables financieros», argumentaron.
Finalmente, las diez familias afectadas hicieron un llamado urgente a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las comisiones de derechos humanos para que sigan de cerca el caso, demandando una auditoría rigurosa y transparente que impida que trabajadores inocentes paguen por actos de corrupción de alta esfera.
