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- Empresarios y representantes de organismos comerciales hicieron un llamado directo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para frenar lo que consideran una política de persecución administrativa contra el comercio formal
Por Ana Valeria Castro
Toluca, Méx.- Con un llamado urgente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y una advertencia contundente sobre el riesgo de quiebra para cientos de negocios familiares, representantes del sector joyero, líderes empresariales y organismos comerciales levantaron la voz en Toluca contra lo que calificaron como una “sobrerregulación abusiva” por parte de supuesto personal de la Secretaría de Finanzas estatal.
La exigencia fue clara y unánime, “regulación sí, pero con legalidad, proporcionalidad y respeto al comercio formal”, es por ello que durante una conferencia de prensa, encabezada por empresarios, comerciantes y dirigentes de cámaras empresariales, el mensaje fue directo; las joyerías del Estado de México no son casas de empeño, no son fundidoras y no son centros de acopio de metales, son negocios legalmente establecidos, que pagan impuestos, generan empleos y sostienen la economía de miles de familias. “No pedimos privilegios, pedimos certeza jurídica”.
El presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, James Edward Marín Noriega, fue enfático al señalar que el gremio joyero forma parte de la economía formal y merece un trato justo por parte de las autoridades.
“Los joyeros generan empleos, pagan impuestos, cubren rentas, servicios y licencias. No solicitan privilegios; solicitan certeza jurídica. No pretenden colocarse al margen de la ley, piden que la ley se aplique correctamente”, declaró.
Marín Noriega sostuvo que la aplicación indiscriminada de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial está afectando gravemente a comerciantes que operan legalmente y que nada tienen que ver con actividades de empeño o comercialización irregular de metales.
“El problema es que se les quiere tratar como casas de empeño o comercializadoras, cuando la actividad real es la venta minorista de joyería terminal”, denunció.
Además, advirtió que las consecuencias podrían ser devastadoras para el Centro Histórico de Toluca y para la economía regional. “La aplicación indistinta de esta regulación puede afectar gravemente a familias, trabajadores y comerciantes”, puntualizó.
En uno de los posicionamientos más duros, José Antonio Martínez, empresario y representante del sector joyero en el Valle de Toluca, acusó actos de hostigamiento e intimidación por parte de supuesto personal de la Secretaría de Finanzas. “Hoy estamos aquí para lanzar un grito de auxilio”, expresó.
El comerciante relató que desde el año pasado inspectores han acudido a locales joyeros para exigir información, cuestionar operaciones y presionar a empleados.
“Vienen prácticamente a acosar a nuestras empleadas. Quieren saber quiénes somos, dónde compramos, qué mercancía manejamos. Ni siquiera tienen un padrón claro de quiénes somos”, denunció.
Según explicó, durante los últimos días supuesto personal gubernamental instaló módulos afuera de centros joyeros y posteriormente realizó visitas local por local, generando incertidumbre entre los comerciantes.
“Somos gente trabajadora y cumplida. Tenemos licencias municipales, estamos registrados ante el SAT y pagamos impuestos. Lo único que queremos es trabajar en paz”, reclamó.
Martínez alertó que el nuevo permiso exigido por autoridades estatales representaría un pago cercano a 30 mil pesos anuales por establecimiento, cantidad que calificó como imposible de absorber para pequeños comerciantes. “No podemos soportar otro gasto más. Ya pagamos licencias, impuestos y servicios. Dejen de perseguirnos”, lanzó.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVyTUR) del Valle de Toluca, Fernando Reyes Muñoz, aseguró que la postura del gremio será firme frente a una medida que pone en riesgo la seguridad jurídica del comercio formal.
Con más de 108 años de trayectoria, dijo, la cámara tiene la obligación de defender a los empresarios mexiquenses. “Regular el comercio es necesario y fiscalizar también, pero lo que hoy está ocurriendo es una sobrerregulación desproporcionada que asfixia al comercio formal”, afirmó.
Reyes Muñoz reveló que las llamadas “cartas invitación” enviadas supuestamente por la Dirección General de Regulación carecen incluso de destinatarios específicos, evidenciando que las autoridades ni siquiera cuentan con un padrón actualizado del sector.
Además, sostuvo que la autoridad está interpretando erróneamente los artículos 126, 128 y 62 de la ley estatal para equiparar a las joyerías con casas de empeño y comercializadoras de metales.
“Es evidente que una joyería tradicional no es una comercializadora mayorista ni una casa de empeño. Pretender encuadrarlas de esa manera viola principios fundamentales como proporcionalidad, razonabilidad y seguridad jurídica”, sentenció.
También denunció que, además del cobro anual de 30 mil pesos, se pretende imponer la contratación obligatoria de un perito valuador con costo adicional cercano a 5 mil pesos anuales. “Son costos imposibles para pequeños negocios familiares”, advirtió.
Desde el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Roberto Rodríguez alertó que la medida golpeará principalmente a micro y pequeños negocios.
“El 95 por ciento de las unidades económicas del país son micro, pequeñas y medianas empresas. Muchos joyeros son autoempleados que apenas sobreviven pagando renta y servicios”, expuso.
Rodríguez señaló que el endurecimiento regulatorio no solo afectará a las joyerías, sino a toda la economía del Centro Histórico de Toluca.
“Cuando alguien viene a comprar una medalla, también consume en restaurantes, estacionamientos y otros comercios. Si destruyen este sector, afectan toda la economía circular del centro”, explicó. Además, cuestionó severamente el criterio jurídico utilizado por las autoridades estatales. “No se puede medir a todos los empresarios con la misma vara”, dijo.
Por su parte, Mauricio Massud Martínez, presidente de la CONCAEM, lanzó una de las advertencias más alarmantes de la jornada, el posible cierre masivo de negocios joyeros en el Estado de México.
Según explicó, existen alrededor de dos mil 500 joyerías al menudeo en la entidad y más de 15 mil empleos directos podrían verse afectados si continúan las presiones regulatorias.
“El Estado de México ocupa actualmente la posición 23 en competitividad. Medidas como esta pueden hacerlo retroceder todavía más”, afirmó.
El empresario criticó que mientras el discurso gubernamental habla de impulsar la inversión y el desarrollo económico, en la práctica se generan condiciones de incertidumbre para quienes desean emprender y mantenerse en la formalidad.
“Hoy puedes operar sin problemas y mañana la autoridad interpreta la ley a conveniencia. Eso manda el peor mensaje posible para la inversión”, sostuvo.
La ex presidenta del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, Verónica Valdés, advirtió que atacar al sector joyero representa un golpe directo al corazón económico del primer cuadro de la ciudad. “El Centro Histórico vive de la economía circular que generan estos comercios”, señaló.
De igual manera, subrayó además que muchas mujeres dependen de esta actividad para sostener a sus familias. “Muchas amas de casa compran joyería para revender y llevar sustento a sus hogares. Este sector permite que muchas mujeres tengan ingresos dignos”, afirmó.
Valdés alertó que, si continúan las presiones fiscales y regulatorias, numerosos comerciantes podrían abandonar el Estado de México para trasladarse a entidades vecinas.
“Los van a obligar a irse a Morelos, Michoacán u otros estados donde no los persigan ni los extorsionen”, advirtió.
Al cierre del encuentro, empresarios y representantes de organismos comerciales hicieron un llamado directo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para frenar lo que consideran una política de persecución administrativa contra el comercio formal.
Insistieron en que no se oponen a la regulación ni a la fiscalización, pero exigieron reglas claras, diferenciación jurídica correcta y condiciones proporcionales para operar.
“Queremos trabajar, invertir y seguir generando empleo. Lo único que pedimos es legalidad, respeto y certeza jurídica”, concluyeron.
