Carlos H.
- La Casa de la Moneda de EU usó oro ilegal de origen extranjero, incluso ligado a cárteles, revelando fallas que permiten blanquear este metal y financiar la violencia alrededor del mundo.
Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).– La Casa de la Moneda de Estados Unidos tiene prohibido fabricar lingotes con oro de origen extranjero para evitar que el proceso se contamine con violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, ha incumplido esta disposición tanto bajo gobiernos demócratas como republicanos y pese a advertencias internas. De acuerdo con registros, incluso ha adquirido metal proveniente de una mina vinculada a un cartel del narcotráfico colombiano, con el cual podría haberse acuñado la moneda de oro de 24 quilates del presidente Donald Trump, conmemorativa del 250 aniversario de Estados Unidos.
Una investigación de The New York Times sostiene que el programa gubernamental de venta de oro se basa en una falsedad y en realidad la Casa de la Moneda sería el último eslabón de una cadena que blanquea oro extranjero, en gran parte extraído de manera ilegal.
“El organismo compra oro procedente de una mina de un cartel de la droga colombiano. Fabrica monedas de la Dama de la Libertad con metal adquirido en casas de empeño de México y Perú, así como en una mina congoleña parcialmente propiedad del gobierno chino, según muestran los registros. Parte del oro también proviene de una empresa en Honduras que excavó un cementerio indígena para extraer el mineral”, detalla el reportaje de Justin Scheck, Simón Posada y Federico Rios.
¿La cara de Trump en una moneda?
El diario explica que, a medida que los precios del oro se disparan, las salvaguardas de la industria se han erosionado. Cada año, la Casa de la Moneda vende más de mil millones de dólares en monedas de inversión, cada una estampada con símbolos como el águila calva, que representan la garantía legal de que el oro es 100 por ciento estadounidense. “Tener una moneda o medalla producida por la Casa de la Moneda es conectar con los principios fundacionales de nuestra nación”, sostiene la institución.
Sin embargo, el Times ironiza que, para que el oro extranjero extraído ilegalmente se convierta en una moneda American Eagle, ocurren “dos actos que parecen propios de la alquimia”: primero, el oro ilegal se vuelve legal; después, se vuelve estadounidense.
“La Casa de la Moneda, el nombre más importante del mercado mundial de monedas de oro de inversión, ilustra cómo se han derrumbado las salvaguardas del sector. Los precios del oro rondan los 5 mil dólares la onza, cerca de cuatro veces más que hace una década, lo que incentiva a organizaciones delictivas y operadores clandestinos a explotarlo de forma descuidada, destructiva y riesgosa”, apunta el diario.
El reportaje añade que los inversores compran oro como refugio ante la inestabilidad: “Casi todos los atentados terroristas, guerras y crisis financieras del último cuarto de siglo han alimentado un frenesí de compra”. No obstante, advierte que el alza de precios contribuye a la misma inestabilidad que buscan evitar.
Países en todo el mundo se endeudan para resistir las tormentas provocadas por Trump
“La minería del oro financia la guerra civil en Sudán y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También ha permitido a países como Venezuela e Irán mitigar sanciones. En Colombia, el Clan del Golfo trafica con oro además de cocaína y utiliza esas ganancias para mantener el control mediante violencia. A la par, la minería ilegal deforesta y contamina la Amazonía, envenenando a sus habitantes con mercurio. Incluso grupos vinculados a Al Qaeda se han involucrado en este negocio”, sostiene.
En este contexto, incluso la moneda de oro de 24 quilates del presidente Donald Trump, que conmemora el 250 aniversario de Estados Unidos, podría contener metal procedente de múltiples fuentes no estadounidenses. “Cuanto más fácil sea vender este oro en mercados legítimos, más fácil será financiar guerras, sostener autocracias, lavar dinero o destruir el medioambiente. El oro de los carteles que termina en la Casa de la Moneda es un ejemplo de ese proceso”, subraya el diario.
The New York Times rastreó cientos de millones de dólares en oro extranjero que han ingresado a la cadena de suministro en los últimos años, incluido oro de segunda mano —de origen difícil de determinar— y metal procedente de países como Colombia y Nicaragua, donde la industria está vinculada a grupos delictivos.
En Colombia, la investigación describe la operación de la mina ilegal La Mandinga, en territorio controlado por el Clan del Golfo, cerca de Caucasia. Aunque oficialmente figura como un rancho vinculado a la reparación de víctimas, en la práctica está bajo control del cartel, que impone reglas y cobra cuotas a los mineros. La actividad es abiertamente ilegal, ambientalmente destructiva y tolerada de facto, incluso en zonas cercanas a instalaciones militares.
Allí, cientos o miles de trabajadores extraen oro mediante métodos altamente contaminantes, como el uso de mercurio, mientras el grupo criminal recauda pagos mensuales por cada equipo minero. Pese a operativos ocasionales, la explotación continúa con impunidad. El oro se traslada a Caucasia, donde una economía local dependiente de esta actividad permite su compra sin cuestionar el origen.
0El punto clave ocurre en estas transacciones: mediante registros legales y licencias destinadas a pequeños mineros (barequeros), el oro ilegal se “blanquea” en papel. Aunque se incumplen las condiciones de estas licencias —uso de maquinaria pesada, mercurio y operación fuera de zonas autorizadas—, las autoridades suelen limitarse a verificar la documentación. Así, el metal adquiere apariencia legal y puede exportarse, mezclarse con otras fuentes y enviarse al extranjero, principalmente a Estados Unidos.
Una vez en refinerías estadounidenses, el oro se funde y se mezcla con metal de diversas procedencias, borrando su rastro original. Empresas como Dillon Gage lo clasifican entonces como “estadounidense”, pese a su posible origen ilícito.
Diversas investigaciones concluyen que la Casa de la Moneda no ha supervisado de forma adecuada la procedencia del oro durante décadas, lo que ha permitido la entrada de material vinculado a actividades criminales en su cadena de suministro. A pesar de auditorías y advertencias, las fallas regulatorias persisten, diluyendo en la práctica la distinción entre oro legal e ilegal.
