Carlos H.
- Pensiones “doradas”, algunas que superan los 131 mil pesos, cuando el tope legal es de 66 mil pesos, advirtió el excontralor Victoriano Barrios. “Muchas de esas pensiones fueron otorgadas por gracia. Es algo rarísimo, pero en el Estado de México los gobernadores a quien le caía bien le daban una pensión para él y su familia, como si fuera el dadivoso del mundo”.
- El caso del ISSEMYM refleja un problema estructural en los sistemas de seguridad social del Estado de México, donde la opacidad en el manejo de recursos permiten la reproducción de redes de corrupción con impactos millonarios.
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- La corrupción al interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) no sólo ha deteriorado la calidad de los servicios médicos, sino que ha generado un boquete financiero que impacta directamente a pensionados, trabajadores y al erario público. Así lo denunció el excontralor Victoriano Barrios, quien reveló una red de irregularidades que van desde contratos inflados hasta pensiones otorgadas discrecionalmente.
En entrevista con Muna Dora Buchahín y Obed Rosas en el programa PODEROS@S que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Barrios expuso que el ISSEMYM, una institución que surgió a mediados del siglo XX y que llegó a ser modelo en América Latina por su calidad, atraviesa hoy un profundo deterioro. Actualmente cuenta con alrededor de 380 mil afiliados activos y cerca de 100 mil pensionados, lo que implica una carga financiera creciente en un sistema que, además, sólo se sostiene con aportaciones de trabajadores y del Estado.
El excontralor detalló que el instituto maneja un presupuesto cercano a los 45 mil millones de pesos, pero que tan sólo el pago de pensiones implica erogaciones quincenales superiores a los mil 100 millones de pesos. A ello se suman casos de pensiones “doradas”, algunas que superan los 131 mil pesos, cuando el tope legal es de 66 mil pesos.
“Eso no es lo peor del ISSEMYM”, advirtió Barrios. “Muchas de esas pensiones fueron otorgadas por gracia. Es algo rarísimo, pero en el Estado de México los gobernadores a quien le caía bien le daban una pensión para él y su familia, como si fuera el dadivoso del mundo”.
El problema, sin embargo, no se limita a las pensiones. De acuerdo con el excontralor, el sistema de adquisiciones está profundamente viciado y es uno de los principales focos de corrupción dentro del instituto.
En ese sentido, el periodista Obed Rosas explicó que la adjudicación directa —un mecanismo en el que no se abre concurso y se elige directamente al proveedor— se ha convertido en una práctica recurrente y riesgosa: “simple y sencillamente determinas a quién le compras, sin comparar precios ni condiciones, y ahí es donde se dan sobrecostos y esquemas de corrupción”.
Barrios confirmó que estas prácticas son sistemáticas. “Las adjudicaciones directas son la reina de las adquisiciones en el ISSEMYM”, dijo, y detalló cómo los procesos son manipulados deliberadamente para evitar licitaciones públicas: se dejan vencer contratos para justificar compras urgentes y asignarlas de manera discrecional.
Incluso describió mecanismos como el llamado “carrusel”, en el que distintos proveedores se alternan contratos en condiciones aparentemente legales, pero en realidad están previamente pactadas. En un caso concreto, relató cómo en un proceso para análisis clínicos una empresa ofrecía el servicio en 119 millones de pesos y otra en 192 millones, cumpliendo ambas los requisitos; sin embargo, se eligió la opción más cara.
«Por ejemplo, para los análisis clínicos, proceso que se llevó a cabo en el mes de abril se presentaron dos empresas y una empresa ofrecía en 119 millones, la empresa A y la empresa B en 192. Cumpliendo ambas los mismos requisitos. La lógica diría que la que ganó fue la de 119. La sana lógica. Pero el insano corrupto escogió esta».
La corrupción también se expresa en contratos inflados o simulados. Barrios relató que, durante su gestión, detectó en apenas una semana un contrato por más de 18 millones de pesos cuatrimestrales para un servicio que en realidad realizaba un funcionario del propio instituto. Asimismo, denunció la contratación de un servicio informático por más de 24 millones de pesos que nunca fue instalado.
A estas irregularidades se suman prácticas dentro del sistema de salud que afectan directamente la operación institucional. El excontralor señaló que recibió denuncias de ayuntamientos donde médicos del ISSEMYM emitían incapacidades de manera irregular, lo que provocaba ausencias masivas de personal, incluso en corporaciones policiacas.
«Me empiezan a llegar muchos ayuntamientos diciéndome que había muchos médicos del ISSEMYM que entregaban licencias para no asistir de incapacidades médicas. En algunos lugares hubo ayuntamientos que me llegaron a decir que de 320 policías que tenían asistían 80.»
También documentó el manejo indebido de medicamentos. En una inspección, encontró un cuarto lleno de insumos próximos a caducar que supuestamente eran donaciones, pero que, en realidad, apuntaban a esquemas de desvío y robo.
«En una revisión que hicimos en un hospital de la zona urbana, encontramos un cuarto como este lleno de medicamentos. Y les exijo a ver de dónde llegaron esos medicamentos. ‘Fue una donación’, ‘¿de quién fue la donación?’ Pues empezamos a sacar y pues es unos estaban a punto de caducar. Pues esos no tenían otro fin que robárselos.»
Para la especialista en temas anticorrupción Muna Dora Buchahín, estas redes tienen consecuencias profundas: “elevan los costos de las dependencias, pegan en la lana de los pensionados y terminan doblando a los gobiernos. Hay negocio sin duda, y prefieren sacar a quien intenta limpiar las instituciones”.
Barrios coincidió en que la inacción institucional permite que estas prácticas se consoliden: “El poder entiende, y si ve que no haces nada, sigue avanzando. Y al rato se ríe de ti, aunque sepa que lo que hizo está mal”.
El excontralor sostuvo que la problemática es conocida por las autoridades estatales, e incluso señaló que se han emitido lineamientos que, lejos de corregir las fallas, perpetúan esquemas de contratación cuestionados.
El caso del ISSEMYM, concluyó, refleja un problema estructural en los sistemas de seguridad social estatales, donde la opacidad en el manejo de recursos, la discrecionalidad en las decisiones y la falta de controles efectivos permiten la reproducción de redes de corrupción con impactos millonarios.
