Carlos H.
- La Administración de Trump notificó a la familia de la menor que deben abandonar voluntariamente el país, de lo contrario serán deportados. Sin embargo, para la niña mexicana, dejar Estados Unidos podría significar la muerte, debido a que en esa nación recibe el tratamiento médico para el síndrome del intestino corto que padece.
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Una niña mexicana de cuatro años de edad, quien recibe tratamiento médico en Estados Unidos, se encuentra en riesgo de muerte luego de que el Gobierno de ese país, encabezado por el Presidente Donald Trump, ordenó que ella y su familia salgan de territorio estadounidense, pese a que su condición de salud se vería comprometida si se interrumpe la atención que ahí se le brinda desde hace dos años.
El mes pasado, la Administración de Trump notificó a la familia de la menor que deben abandonar voluntariamente el país, de lo contrario, advirtió, serán deportados. Sin embargo, para Sofía, como es identificada la niña, el dejar la Unión Americana podría significar la muerte, debido a que en esa nación está recibiendo atención especializada para el síndrome del intestino corto que padece, pero de interrumpirse el tratamiento podría fallecer en cuestión de días.
Deysi Vargas, madre de Sofía, explicó a Los Angeles Times que su hija presenta una condición médica grave y que desgraciadamente en México, de donde es originaria ella y la menor, no se cuenta con el tratamiento indispensable para que Sofía continúe con vida. Fue esta situación lo que orilló a la familia de la menor a trasladarse a Estados Unidos, en donde actualmente la niña recibe atención, por lo que su salud ha mejorado significativamente.
Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el caso ya se encuentra en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Está relaciones exteriores apoyando la familia, a través de los consulados, y viendo la razones por las cuales se tomó esta decisión y apoyar con todo la familia”, comentó la mandataria quien también dijo que no existen otros casos similares.
Migrantes protestan en EU contra políticas de Trump.
Jóvenes migrantes, familias y sus simpatizantes marcharon el 16 de febrero desde el Ayuntamiento de San Mateo hasta San Francisco en protesta por la ola de redadas migratorias de la administración Trump. Foto: David Bacon, Cuartoscuro
John Arsenault, médico del Hospital Infantil de Los Ángeles, a donde la menor acude cada seis semanas para recibir su tratamiento, confirmó la condición de Sofía. A través de una carta, el médico señaló que a la niña se le administra un sistema de nutrición diaria, denominado Nutrición Parenteral Total (NPT), por lo que de interrumpir el procedimiento “podría morir en cuestión de días” y destacó que a quienes reciben la NTP en su hogar “no se les permite salir del país”.
«A los pacientes que reciben nutrición parenteral total (NPT) domiciliaria no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionar NPT o brindar una intervención inmediata si hay un problema con el acceso intravenoso depende de la utilización de los recursos de atención médica en Estados Unidos por parte de nuestro programa y no es posible trasladar esta infraestructura a través de las fronteras”, explicó Arsenault en su misiva publicada por Los Angeles Times.
Por su parte, Rebecca Brown, representante legal de la familia, enfatizó que “se trata de un claro ejemplo de necesidad médica”. “Esta niña morirá y no tiene sentido que eso ocurra, sería un sacrificio cruel”, añadió la abogada del bufete pro bono Public Counsel, sobre este intento para que Sofía y su familia, quienes actualmente radican en Bakersfield, California, salgan de la Unión Americana.
La madre de Sofía explicó que ésta nació de manera prematura en Playa del Carmen, Quintana Roo, a lo ocho meses de gestación, además, presentó una obstrucción intestinal, por lo que tuvo que ser sometida a seis intervenciones quirúrgicas, en las cuales los médicos recortaron sus intestinos dejándolos demasiado cortos. Esta situación propició que no pudiera absorber los nutrientes de los alimentos que su cuerpo necesitaba.
Por ello, la familia de la menor decidió trasladarla a Estados Unidos, con el propósito de que recibiera un mejor tratamiento, para lo cual la madre de Sofía se registró en el CBP One, un programa impulsado durante la Administración del Presidente Joe Biden con el que se brindaba protección a los migrantes contra una probable deportación hasta por dos años, mediante la aplicación correspondiente a ese beneficio.
La solicitud de la familia de Sofía fue recibida y el 31 de julio de 2023, se les concedió una cita con agentes en la frontera con Tijuana. Desde ese momento, las autoridades estadounidenses confirmaron el grave estado de salud de Sofía con sólo verla. “Cuando llegamos a la entrada, la vieron y nos preguntaron si necesitábamos ayuda médica”, recordó Deysi Vargas en declaraciones a Los Angeles Times.
De inmediato, la menor fue llevada al Hospital Infantil Rady, ubicado en la ciudad de San Diego, California, en donde la niña recibió atención médica, por lo que su estado de salud mejoró rápidamente y un año después, Sofía fue trasladada al Hospital Infantil de Los Ángeles, en donde se encuentran los tratamientos más avanzados de gastroenterología de la Unión Americana.
Ante las mejoras en la salud de la menor, en septiembre de 2024, los médicos autorizaron que Sofía recibiera el tratamiento en su domicilio, debido a que es necesario que a diario se le proporcionen cuidados médicos, como un sistema de alimentación intravenosa que dura 14 horas, así como la administración de fármacos mediante una sonda gástrica, incluso en horas en las que se encuentra en el preescolar, atención que ahora está en riesgo ante las políticas antimigrantes de Trump.
Medidas antimigrantes de Trump
“Había esperado tanto tiempo a que los médicos me dijeran ‘señora, su hija ya está bien, puede irse a casa’”, comentó la madre de Sofía, quien hasta hace poco logró conseguir de manera fija un trabajo de limpieza en un restaurante, el cual también está en riesgo, ya que tras la notificación por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, recibió otra en la que le avisaban que quedaba suspendida su autorización laboral.
Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha impulsado medidas para perseguir a los migrantes en ese país, entre estas se encuentran las deportaciones irregulares, el recorte de recursos económicos a universidades que acepten estudiantes extranjeros y el pago de mil dólares a migrantes voluntariamente salgan del país. Además, utiliza al CBP One para persuadir a los beneficiados de este programa a que salgan de esa nación.
Un ejemplo de este tipo de acciones es el traslado de Kilmar García Ábrego, un migrante salvadoreño enviado, presuntamente, por error a la megaprisión que se encuentra en El Salvador. El hombre, pese a que desde 2019, estaba sujeto a la «suspensión de remoción», una garantía a su favor que impedía que el Gobierno de Estados Unidos lo regresara a su país, fue detenido y deportado el pasado mes de marzo El Salvador, en donde fue encarcelado en el Cecot.
Bajo el argumento de que García Ábrego pertenecía a la banda conocida como Mara Salvatrucha (MS-13), el Gobierno que encabeza Trump expulsó a Ábrego de la Unión Americana junto a un vasto grupo de migrantes irregulares, más de 250, quienes presuntamente también serían integrantes de este tipo de bandas criminales, incluido el Tren de Aragua, sin que las autoridades estadounidenses aportaran pruebas de estas acusaciones.
Otro caso es el de Jeanette Vizguerra-Ramírez, una activista mexicana que por años luchó en defensa de los derechos de los migrantes que viven en Estados Unidos, quien fue detenida el pasado lunes 17 de marzo por el ICE en Aurora, Colorado. El arresto de Jeanette, madre de cuatro hijos y abuela, ocurrió afuera de su trabajo por agentes de ICE, sin una orden de deportación firmada por un juez.
Vizguerra cobró notoriedad en 2017 cuando se refugió en iglesias, durante la primera administración de Donald Trump, cuando los lugares de culto estaban vedados para los arrestos de los agentes de inmigración. La activista, quien desde 2009 lucha contra su deportación, luego de ser detenida por un incidente menor de tráfico en Denver, ha sido un símbolo para los migrantes y desde entonces ha abogado por personas en su misma situación.
Uno mas de este tipo de hechos es el de Mahmoud Khalil, un joven activista palestino que ha manifestado su apoyo a los palestinos de Gaza, fue detenido y trasladado a un centro de detención de Luisiana el pasado 8 de marzo, cuando agentes de inmigración estadounidenses le informaron que sería deportado por participar en las protestas contra la guerra en Gaza, que se llevaron a cabo en la Universidad de Columbia, en donde estudia un posgrado.
Pese a contar con una residencia legal y no haber sido acusado de delito alguno por las autoridades estadounidenses, Khalil fue detenido. Se cree que el arresto del joven, quien nació en Siria, está vinculado a la promesa del Presidente Donald Trump de reprimir a los manifestantes estudiantiles a los que acusa de «actividad antiamericana». Trump ha alegado repetidamente que activistas propalestinos apoyan a Hamás.
Asimismo, el Gobierno estadounidense decretó la prohibición para que la Universidad de Harvard matricule a estudiantes extranjeros. La Administración de Donald Trump anunció la medida este jueves 22 de mayo, al justificar que su decisión se tomó «por conducta proterrorista» en un nuevo pulso entre la Casa Blanca y la institución educativa con motivo de las protestas en su campus contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
Este miércoles 28 de mayo, la SRE de México emitió un comunicado en el que explicó que ya se encuentra «dando atención y seguimiento al caso de una connacional y al de su hija. En julio de 2023 ingresaron a Estados Unidos mediante un parole humanitario para obtener atención médica en este país», luego de que el pasado 25 abril las autoridades migratorias de ese país les revocaron este permiso sin que la familia de Sofía hubiera incumplido con alguna norma.
«En abril de 2025, a pesar de no haber incumplido las condiciones de su estancia, las autoridades migratorias revocaron su permiso humanitario y ordenaron su salida inmediata del país. El equipo médico ha sido claro en que la interrupción del tratamiento pondría en riesgo su vida», indicó la dependencia mexicana, la cual destacó que la organización civil Public Counsel se sumó a la defensa de la madre y la niña, con el propósito de evitar que las deporten.
«La organización civil Public Counsel ha asumido la representación legal de la madre y está en contacto con el Consulado General de México en Los Ángeles y el Consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación. En coordinación con la abogada de la connacional, se brindará todo el apoyo y acompañamiento consular al caso de su hija», concluyó la SRE.
