Carlos H.
- No soy un peligro, dice García Luna en otra carta, antes de recibir sentencia Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer a «Los Periodistas», el proceso para determinar el destino de los recursos que obtuvo ilícitamente Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien ya fue sentenciado en Estados Unidos, continúa en México.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- En el proceso que se sigue a Genaro García Luna, ya sentenciado en Estados Unidos, y a su círculo cercano, por los recursos que obtuvo ilícitamente tendrá que iniciarse un juicio y Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, deberá ser extraditada a México, expuso Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
«Va a haber un juicio y la esposa de García Luna, Cristina Pereyra Gálvez, va a tener que ser extraditada en el momento en que esto sea posible”, explicó Pablo Gómez en entrevista para el programa Los Periodistas, que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.
El titular de la UIF destacó que varios de los involucrados, quienes habrían firmado contratos con el Gobierno federal en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012, y Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, en los que se hallaron irregularidades, ya están en manos de las autoridades.
«El proceso penal en México, ese proceso es muy interesante. Tengo aquí una nota informativa, son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, Esperanza García Luna, Jonathan Alexis Weinberg, este individuo, Alexis, está arraigado en España porque una nota de la policía internacional lo ubicó en España y la fiscalía general de la república actuó y pidió su retención para fines de un proceso de extradición y está sometido a un proceso de extradición», detalló Gómez.
«Con motivo de la judialización de esta denuncia, de la Unidad de Inteligencia Financiera, no solamente imputados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino con peculado y otros fraudes en contra de la nación mexicana, hay 61 imputados, 61 órdenes de aprehensión liberadas, 36 órdenes de aprehensión vigentes, 12 órdenes de aprehensión cumplimentadas, los demás están a la fuga», detalló.
«La Fiscalía ha considerado correcto detener a todos los que ha podido y que están bajo proceso, naturalmente, que son ocho personas, están en la cárcel, entre esos ocho hay dos servidores públicos que facilitaron esos fraudes, no son los que se llevaron el dinero directamente, sino probablemente una parte del mismo», añadió.
En mayo de 2023, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, exhibió diversos contratos irregulares, los cuales fueron firmados por funcionarias y funcionarios de la entonces Policía Federal (PF) con empresas ligadas a Genaro García Luna durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Todas esas erogaciones se hicieron a “un conglomerado de consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos”.
Asimismo, habló de “un gigantesco mecanismo de acción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares”. “No es una cantidad menor. Es una cantidad muy grande. El Gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero, en procura de que a través de un juicio civil, sean restituidos a México todos estos recursos”, insistió.
Según Pablo Gómez Álvarez, “el juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una Corte de Florida. En este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema”.
