Carlos H.
- El Gobierno de Miguel Ángel Mancera, a través de la Secretaría de Movilidad dirigida por su operador político, Héctor Serrano, heredó a la administración de Claudia Sheinbaum una “concesión pactada” con la empresa Lusad para taxímetros digitales “L1bre”. Pero en el litigio millonario que enfrenta la Secretaría de Economía federal en Estados Unidos, iniciado por presuntos estafadores, existe un dato importante: uno de ellos ya había perdido un litigio en el mismo país tras ser acusado de robarse la idea detrás del “Proyecto L1bre”. Esta es la historia.
Parte Tres
Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– Eduardo Zayas y el exdiputado Santiago León, los dos hombres con un historial de acusaciones de fraude que obtuvieron de manera irregular una concesión de taxímetros digitales en la Ciudad de México, también plagiaron el desarrollo del Proyecto L1bre de una aplicación implementada en Ecuador, revelan los documentos de la demanda que han presentado estos supuestos empresarios en contra del Gobierno de la Ciudad de México.
La misma documentación muestra que León ya había tenido un litigio en su contra en cortes federales de Estados Unidos por supuestamente robar información vital de la empresa Taxinet Corporation para crear la plataforma L1bre, que después disputaría en el marco del T-MEC.
La compañía de tecnología –dada de alta en Dakota del Sur, EU, pero cuyo dueño único es el empresario ecuatoriano Luis Noboa– promovió un juicio en la Corte del Distrito Sur de Florida en contra de León en el 2018, en el cual acusó al expolítico mexicano de enriquecimiento ilícito al utilizar “información empresarial confidencial de la empresa demandante, y sacarlo de un acuerdo para brindar servicios de pedido de taxi en la Ciudad de México”.
En el verano del 2015, el empresario Pedro Domit –residente de Miami, Florida, y amigo mutuo de Noboa y León– juntó al ecuatoriano con el expolítico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para hablar sobre la posibilidad de ofrecer servicios relacionados con los taxis capitalinos.
“Domit hizo una introducción [entre Noboa y León] para explorar un posible negocio conjunto para proveer los servicios de Taxinet, que ya operaba en Ecuador, incluyendo una aplicación para llamar servicio de taxi. Y durante los meses consecuentes, los tres hombres –Domit, León y Noboa– buscaron la oportunidad empresarial juntos para operar una plataforma similar en la Ciudad de México”, relata el documento judicial del caso 16-24266-CIV-MORENO interpuesto en la Corte federal del Distrito Sur de Florida, al cual tuvo acceso SinEmbargo.
En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Taxinet ha operado desde mediados de 2015, mientras que tiene también subsidiarias en Colombia y en Perú, según explicó Noboa en su testimonio durante el caso.
En sus redes sociales tiene como fecha última de publicación el 31 de julio de 2018; y en Google Play Store tiene su última actualización de la aplicación fechada el 3 de julio de 2019. La plataforma disponible en Ecuador permite que taxistas de la ciudad y clientes se conecten para obtener un servicio de transporte a la ubicación deseada –similar a Uber y Didi–, con un botón de pánico para alertar en caso de una emergencia, conectividad Wi-Fi dentro del vehículo, entre otras funciones.
Las mismas declaraciones que Santiago León dio demuestran que él necesitaba de la empresa de Noboa para llevar a cabo el negocio con el Gobierno capitalino: “A pesar de no tener, en palabras de León, ‘no other experience working in the taxi industry’ (ninguna otra experiencia trabajando en el sector de taxis), Santiago León le solicitó al Sr. Noboa que lo ayudara con el Proyecto L1bre”, se lee en el Memorial de Contestación del litigio contra el Gobierno de México.
El acuerdo entre Noboa y León, según testimonios dados ante la Corte estadounidense en Florida, era que se creara una empresa mexicana –pues sería un requisito para obtener un contrato con el Gobierno de la Ciudad de México– para operar una plataforma similar y adecuada al mercado nacional.
Taxinet sería dueño del 60 por ciento de las acciones y León con 40 por ciento, en tanto que Domit recibiría una parte de estas últimas acciones. Sin embargo, no hubo un acuerdo formal ni firmado.
En las evidencias de mensajes de texto presentadas ante la Corte estadounidense se lee un intercambio entre León y Noboa en el cual implican la participación del político panista Federico Döring para buscar expandir el negocio a otros estados, una vez completado el trato con la Ciudad de México.
–Tenemos al Secretario de Transporte del Estado de México para cuando queramos vernos con él, a Isidro Pastor– dijo el exdiputado del PVEM a Noboa el 20 de agosto de 2015.
–Y [Eduardo] Zayas ya vio a un sindicalizado que tiene 8 mil taxis; y FD (Federico Döring) tiene a Querétaro y a Quintana Roo en la mira, para cuando queramos– continuó.
REUNIONES CON HÉCTOR SERRANO
Sin embargo, lo primero en agenda era cerrar el negocio en la Ciudad de México. Para ello, León y Noboa se reunieron con el entonces Secretario de Movilidad, Héctor Serrano Cortés, a mediados de agosto de 2015 para presentar una propuesta inicial de la plataforma.
El encuentro se realizó previo a que siquiera se hiciera una Declaratoria de Necesidad por parte de la dependencia capitalina; es decir, se acomodaban las piezas a favor de que los empresarios obtuvieran un contrato, sin que el Gobierno de la CdMx hubiera solicitado el servicio antes de que llegara la oferta.
Para el 17 de septiembre de ese año, Santiago León escribió por mensaje de texto a Noboa:
–Hola mi Lucho [Luis Noboa]. Acabo de salir [de una reunión con el Secretario Serrano]. No sé cómo decirte lo que quieren ahora, jaja.
–¿Cómo es eso? Jaja –le respondió Noboa unos minutos después.
–¡Quieren hacer obligatorio el pago! Están locos.
–¿Qué pago?
–Los diez pesos.
–¿Subir el banderazo? –cuestionó el ecuatoriano sobre el monto que L1BRE planteaba cobrar a los taxistas o usuarios por el servicio del taxímetro digital–. O sea, ¿que los diez pesos los pague quién? ¿Obligatoriamente?
–O sea que todos los viajes paguen a huevo. Les está ganando la ambición –opinó León.
Dos días después, León le informó a Noboa que Federico Döring “plancharía” el tema con Héctor Serrano para llegar a acuerdos.
Al final de las reuniones realizadas el 25 de septiembre, y ocho meses antes de que Semovi emitiera siquiera una Declaración de Necesidad que permitiera abrir un concurso de licitación para el servicio de taxímetro digital, León le informó a Noboa y Domit que la Ciudad de México había decidido otorgarle, junto con Taxinet, una concesión.
–We closed Lucho! (¡Cerramos, Lucho!), escribió el exdiputado en mensaje de texto, en inglés, para informar sobre el trato establecido a puerta cerrada. A Domit, igualmente le aseguró: “We closed in Mexicooo! (¡Cerramos en México!).
“León le comunicó a Noboa en los mismos mensajes de texto que la Ciudad de México ‘ya estaba casada’ con la propuesta de los empresarios, y sería una concesión de 10 años con opción a renovación”, se lee en los documentos de la Corte del Distrito Sur de Florida.
Domit, León y Noboa crearon un grupo de mensajes de texto titulado “TaxiNet Mexico” para discutir asuntos sobre el proyecto de taxímetro digital, pero la asociación de empresarios duró poco. Para los últimos meses del 2015, se disolvió la operación conjunta y León buscó a nuevos socios.
TAXINET V.S. LEÓN
Los taxímetros de la Ciudad de México no están sujetos a una concesión, por la manera en la que son interpretados ante la Ley de Movilidad capitalina. Aún así, en junio de 2016 se publicó el “Proyecto de Concesión” SEMOVI/DGSTPI/001/2016, para la cual León y Zayas ya habían constituido una nueva empresa: Servicios Digitales Lusad (filial de L1BRE Holding).
Entonces, a finales de agosto de 2016 Taxinet interpuso una primera demanda en contra de Santiago León ante el Juzgado Onceavo de Circuito para el Condado Miami-Dade, en el cual formulaba ocho cargos: fraude y patrocinio no ético, conversión, interferencia tortuosa, violaciones al Tratado de Prácticas Engañosas e Injustas de Florida, apropiación indebida de secretos empresariales y fideicomiso inferido.
Los cargos fueron desestimados en favor de León, por lo que para septiembre de 2018 Taxinet volvió a interponer una demanda, ahora con siete cargos: rompimiento de un acuerdo empresarial, fraude y patrocinio no ético, conversión, interferencia tortuosa, impedimento promisorio, enriquecimiento ilícito y violaciones al Tratado de Prácticas Engañosas e Injustas de Florida.
El veredicto final del juicio se emitió hasta junio de 2022, fecha posterior al ingreso del litigio internacional bajo el T-MEC que interpusieron Zayas y León contra el Gobierno de la Ciudad de México.
Al mencionar el caso en el litigio internacional bajo el T-MEC, la defensa de León y Zayas indicó que había recibido un veredicto a su favor, por lo cual urgía al Tribunal desestimar el argumento del Gobierno de México.
Sin embargo, los documentos oficiales del caso Taxinet, Corp. v. Santiago Leon remarcan para junio de 2022 que el juzgado otorgó al ecuatoriano Luis Noboa y su empresa 300 millones de dólares por su reclamo de enriquecimiento ilícito en contra de León; si bien al mexicano igualmente se le otorgaron 15 mil dólares por una contrademanda de “misrepresentación negligente” en contra de Taxinet y Noboa.
Es decir, un Juzgado federal estadounidense identificó que, efectivamente, León había obtenido un beneficio de Taxinet entre agosto 26 y septiembre 25 del 2015, por lo que otorgó a la empresa 12.5 por ciento del valor evaluado de 2.4 mil millones de dólares que Goldman Sachs dio al Proyecto L1BRE en octubre de 2018.
