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- El Presidente informó esta mañana que esperarían los resultados de las investigaciones del incendio ocurrido en un albergue de Ciudad Juárez para fincar las responsabilidades a funcionarios, incluyendo Francisco Garduño Yáñez, titular del INM. No obstante, la agencia de noticias AP reveló que un abogado presentó una denuncia en la FGR en la que aseguró que el jefe de la agencia migratoria en el estado de Chihuahua dio la orden de no abrir la celda del centro de detención donde 39 migrantes murieron.
Ciudad de México.– El Gobierno federal anunció la cancelación del contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, quien resguardaba el albergue de Ciudad Juárez donde ocurrió el incendio que mató a 39 migrantes, y se tienen identificados a los socios, representantes y apoderados legales para iniciar las investigaciones. Además, se libraron seis ordenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y el migrante que inició el fuego, confirmaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tenemos identificada y se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada, que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es grupo de seguridad privada, CAMSA S.A. de CV, cuya solicitud de registro ante la dirección General de seguridad privada de esta Secretaría es del 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional”, dijo la Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez en conferencia de prensa.
La Secretaria agregó que ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail, así como representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.
“De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”, destacó la funcionaria.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir, no reportó altas o bajas del personal.
Por lo tanto, y paralelamente que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probarle responsabilidad de la empresa, “dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica; incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana elementos del servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”.
Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, informó que se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio por los delitos de homicidio doloso, con dolo eventual y por lesiones.
La funcionaria de la FGR no dio nombres de los presuntos responsables debido a que en el transcurso del día se llevará a cabo la audiencia de imputación y vinculación.
LOS MIGRANTES HOSPITALIZADOS
La Secretaria den Seguridad informó que se tiene el registro de que de las 28 personas heridas: cinco son de origen salvadoreño, 10 guatemalteco, ocho hondureño y cinco venezolano. De ellas, 27 permanecen hospitalizadas y una fue dada de alta.
De las 39 personas fallecidas, seis son de nacionalidad hondureña, siete salvadoreña, 18 guatemalteca, una colombiana y siete venezolana.
A continuación las listas de las personas hospitalizadas con nombres y los hospitales donde se encuentran.
LAS DENUNCIAS DE ANOMALÍAS EN EL ALBERGUE
Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que hasta que no estén los resultados de las investigaciones no se hablaría de la renuncia de funcionarios, incluyendo Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la Fiscalía la que va a iniciar procesos judiciales correspondientes”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre la posible renuncia de Garduño.
Desde el día de ayer, las autoridades confirmaron que los migrantes que se encontraban en la estación de migración de Ciudad Juárez quedaron encerrados sin que ninguna autoridad les abriera la puerta, por lo que se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables y se abrieron carpetas de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena.
Un video difundido en Twitter, de apenas 32 segundos de duración, muestra cómo los migrantes estaban dentro de la celda manifestándose y luego comienza a verse el fuego. La grabación fue tomada por una de las cámaras de seguridad del centro de detención del Instituto Nacional de Migración y forma parte de la carpeta de investigación.
En las imágenes se observan a algunos hombres detrás de las rajas que patean la cerradura en un intento por abrir; mientras que se ve a personal del INM caminar, sin voltear a ver a los migrantes.
Uno de los elementos del INM se acerca a lo que parece una puerta del lado derecho de la toma y forcejea. Sin embargo, no logra abrirla. Finalmente salen de la toma y el humo abarca toda la zona.
La agencia de noticias The Associated Press reveló este día que un abogado presentó una denuncia en la FGR en la que aseguró que el jefe de la agencia migratoria en el estado de Chihuahua dio la orden de no abrir la celda del centro de detención de Ciudad Juárez.
La denuncia, a la que tuvo acceso la agencia, fue presentada por el abogado Jorge Vázquez Campbell en representación de clientes a los que no quiso identificar para proteger su seguridad.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la mañana de este martes que 39 personas murieron a causa del incendio que se registró anoche en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Según la denuncia, el titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el contraalmirante en retiro Salvador González Guerrero, “dio la orden por llamada telefónica para que las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.
De acuerdo con el abogado Vázquez Campbell sus clientes le indicaron que un migrante “pidió que le diera un cigarro y un encendedor y empezaron a hacer su protesta”. El abogado dijo que eran cinco personas las que protestaban y que habían sido detenidas ese mismo día. “Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón”.
Fue en ese momento cuando, según el abogado, los agentes migratorios avisaron a Gonzalez Guerrero “y el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto les dejaran salir”.
El incendio que mató a por lo menos 39 migrantes ocurrió en un momento en que Estados Unidos y México están siendo presionados para hacer frente al número extraordinario de personas que huyen de sus patrias.
México ha expandido su red de decenas de centros de detención mientras colabora con Estados Unidos para limitar la movilidad de solicitantes de asilo que atraviesan su territorio para dirigirse a la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo a Ciudad Juárez, en donde las autoridades dicen que los migrantes incendiaron colchonetas el lunes en un centro de detención después de enterarse de que serían deportados.
Las personas en busca de asilo deben quedarse en el estado mexicano en donde lo solicitan, por lo que grandes cantidades de personas están refugiadas en Tapachula, cerca de la frontera de México con Guatemala.
Decenas de miles también están reunidos en ciudades fronterizas del norte, incluida Ciudad Juárez, a las cuales con frecuencia llegan sin autorización después de terribles travesías o de pagarle a alguien. Una red cada vez más grande de abogados, conocedores de la zona e intermediarios, ha surgido para ofrecer documentos y consejo a los migrantes que pueden pagar para acelerar el sistema.
Se cree que hay más de dos mil 200 personas en albergues para migrantes en Ciudad Juárez, mientras que una cifra mayor vive en otras partes de la ciudad después de llegar de Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador, según un informe publicado el mes pasado por el Centro Strauss para la Seguridad y Derecho Internacionales de la Universidad de Texas, campus Austin.
El año pasado, México deportó a unas 106 mil personas, de las cuales aproximadamente ocho de cada 10 fueron enviadas a Guatemala u Honduras.
