Carlos H.
Opinión
- Las Afores, un fracaso para los trabajadores y un gran negocio para los administradores que son los bancos.
Por Ruperto Retana Ramírez
Las instalaciones de la cámara de diputados local fueron sede de un foro sobre el Issemym, convocado por el Partido del Trabajo, al que asistieron pensionados y jubilados, tanto de agrupaciones de pensionados, como de forma individual. Los ponentes dieron cuenta de la situación que guardan las pensiones a nivel nacional y las modificaciones recientes que se han hecho a las leyes de seguridad social en algunas entidades siguiendo el modelo, en su mayoría, de las afores; las cuales, coincidieron los ponentes, han sido un fracaso para los trabajadores y un gran negocio para los administradores que son los bancos. Las afores, se dijo, han sido producto de las reformas neoliberales que han privatizado la seguridad social a nivel nacional y lo mismo se ha pretendido en el estado de México con el Issemym.
Ciertamente, esta insigne institución no ha quedado fuera de esa política neoliberal implementada en la entidad; primero se aprobó una reforma para que las pensiones quedaran en un esquema similar al de las afores y después la legislatura, con buen tino, abrogó esa primera reforma, manteniéndose todavía el esquema tradicional de reparto solidario. En esta decisión de la legislatura pesó la inconformidad de los pensionados y el apoyo y el convencimiento de los legisladores de los partidos, particularmente de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza de que por lo pronto era lo mejor que se podía hacer. La legislatura acordó que se realizara una auditoría al Issemym por un despacho externo para saber la situación real en que se encuentra dicha institución, ante los señalamientos de corrupción y el mal manejo administrativo, que ocasionaron la situación crítica en la que se encuentra la institución y que ha afectado el servicio médico, escasez de medicamentos y falta de atención adecuada y suficiente para los derechohabientes.
Es de todos sabido que las jubilaciones, una vez cumplidos todos los trámites requeridos, se dictaminen en plazos excesivamente largos, cuando la ley marca 28 días. Quien recibe su dictamen en los primeros seis meses es afortunado, ya que tardan hasta año y medio o más. A eso hay que agregar que, una vez emitido el dictamen favorable a la jubilación, hay que esperar otros seis o más meses para que salga el pago de la pensión, que si bien es retroactivo, los jubilados tienen que pasar las de Caín para sobrevivir tanto tiempo sin ingresos. Para los directivos del Issemym la dignidad de quienes dedicaron su vida al servicio público no cuenta en la realidad, porque violan inclusive la ley y no pasa nada; en ocasiones los jubilados se ven obligados a pagar un abogado que interponga un amparo para que se respeten sus derechos.
Han pasado los años del acuerdo de la legislatura y el punto de partida para realizar una propuesta seria de fortalecimiento del Issemym no ha avanzado, porque la auditoría externa no se ha realizado y tampoco se ha presentado una reingeniería de la institución que, manteniendo un esquema solidario de cuotas del patrón y del servidor público, fortalezca la institución. La auditoría permitiría saber el estado en que se encuentra la institución y saber si ha habido malos manejos de recursos por quienes han formado parte del órgano de dirección del Instituto y si en el quebranto financiero en que se encuentra, han tenido que ver la falta de pagos de los impuestos retenidos a los trabajadores y no enterados a la instancia correspondiente por varias instituciones y dependencias del gobierno estatal.
¿Qué hacer cuando el punto de partida se encuentra igual que hace algunos años? El Foro en la Legislatura fue un intento de destrabar el impasse en que se encuentra el problema llamado Issemym. La coyuntura electoral es importante porque las candidatas y el posible candidato podrán asumir compromisos específicos para resolver su crisis.
Me parece que el Manifiesto de la Asamblea Estatal en Defensa de la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de México y Municipios, signado por la Asociación Mexiquense de Pensionados (AMEP) y otras agrupaciones sociales, más el PT y Morena, es un buen punto de partida para dar cauce y sentar las bases para buscar resolver de fondo la seguridad social de los trabajadores públicos de la entidad. Me referiré a algunos puntos medulares de dicho Manifiesto, el cual fue entregado a los asistentes al Foro al que he hecho alusión.
Se reivindica el derecho de los trabajadores en activo y jubilados a ser “determinantes en la aprobación de las políticas de seguridad social, por lo que cualquier reforma a la Ley no deberá formularse sin el consenso de los derechohabientes”. Es claro que en un régimen democrático deben participar las personas que son las que conocen y viven la situación de la seguridad social y tienen el deseo y esperanza de un futuro post trabajo de mayor seguridad y menor incertidumbre, de atención a su salud y de buena calidad de vida en general. Los mecanismos para lograr consensos pueden ser muy variados, lo importante es que los derechohabientes participen.
Se plantea la exigencia categórica de que se realice la auditoría externa aprobada por la legislatura el 5 de marzo de 2019, “con la finalidad de conocer a los responsables del quebranto, desvíos y malversaciones que el gobierno ha hecho de los fondos de los trabajadores y los jubilados y en su caso se finquen las responsabilidades correspondientes”. Expresan el “rechazo terminante a la privatización de las pensiones”, bajo la consideración de que el gobierno no debe abdicar de sus responsabilidades y, “mucho menos, favorecer negocios financieros particulares con cargo al salario y ahorro de los trabajadores”. En consecuencia, hay franca oposición a la implementación de las AFORE.
Se propone terminar con la condonación de multas y recargos a las instituciones públicas que no pagan de maneras oportuna sus aportaciones, así como que las instituciones públicas omisas de pago oportuno de las cuotas se hagan acreedoras a penas y sanciones y no se suscriban convenios de pago en parcialidades de las cuotas, participaciones y accesorios por encima de la Ley.
Plantean un Issemym con mayor peso de los empleados en su órgano de dirección y con cierta autonomía al exigir que el Consejo Directivo quede integrado mayoritariamente por representantes de los trabajadores en activo y jubilados, así como que el Director del Issemym sea designado por la Legislatura y el Comisario sea a su vez nombrado por el OSFEM.
No dejan fuera la necesidad de contar con una institución social transparente, que rinda cuentas periódicas y veraces. Concluyen con la propuesta de plasmar en la Constitución el derecho a la seguridad social y la política de pensiones con base en el Sistema Solidario de Reparto.
Es una buena manifestación de ideas como punto de partida; en el foro se hicieron otras consideraciones como realizar una propuesta de fortalecimiento del Issemym y rescatarlo del quebranto financiero en que se encuentra. Asimismo, el dirigente del PT en el estado, Óscar González, propuso que la federación de trato preferente a la entidad para rescatar al Issemym, bajo una serie de argumentos tales como que el estado aporta mucho en agua a la Ciudad de México, contribuye con un 13% al PIB nacional y, además, otros estados tienen un trato preferente de la federación.
En fin, un Issemym fortalecido es condición esencial para que los empleados y empleadas del estado de México vivan sus últimos años con dignidad y disfruten el derecho a la seguridad social que reconocen la constitución y los tratados internacionales y bajo un esquema solidario y no individualizado.
rupertoretana@yahoo.com.mx
