EZPL, Fox, FCH y Peña Abrieron a Grupo México Áreas Protegidas y Hasta el Refugio de la Monarca

Frida C.4 de mayo de 202115min1890
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  • Datos oficiales muestran que de 1997 a 2017, durante los gobiernos de Ernesto Zedillo hasta el de Enrique Peña Nieto, se cedieron concesiones a Grupo México, empresa con antecedentes de impunidad ambiental, en las Áreas Naturales Protegidas de la Mariposa Monarca —cuya reproducción se ha visto afectada por el cambio climático—, así como la de El Vizcaíno y Valle de los Cirios, en el desierto bajacaliforniano.

 

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) otorgaron concesiones en Áreas Naturales Protegidas, también catalogadas como Patrimonio Mundial de la Humanidad, a Grupo México, responsable del derrame de tóxicos en ríos de Sonora, de acuerdo con datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. No obstante, ninguna está en operación, según muestra el Portafolio de Proyectos Mineros de 2020.

Los gobiernos de Fox y Calderón otorgaron concesiones ubicadas en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, cuya migración desde Canadá y Estados Unidos se ha reducido porque la crisis climática ha limitado sus procesos de reproducción. En tanto, en 1997, 2006, 2009, 2012 y 2017, en los sexenios de Zedillo, Calderón y Peña Nieto, se dieron otras concesiones mineras que abarcan Valle de los Cirios y la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en Baja California.

“El impacto potencial por la otorgación de las concesiones en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca viola acuerdos internacionales de México con Estados Unidos y Canadá para la conservación de las mariposas. Además es ilegal e insensato estar en el núcleo de la ANP —en el ejido El Rosario—, y no sólo en la zona de amortiguamiento. Esto se agrava al ser Grupo México que tiene antecedentes de impunidad ambiental y no respeto a los derechos humanos”, dijo Sol Pérez Jiménez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que ha documentado la operación de la minera desde el Porfiriato a la fecha.

“Aunque la mina Angangueo [entre Michoacán y Estado de México] no está operando oficialmente, está en el proceso de desarrollo con construcción de obras y hay incertidumbre sobre si hubo cambio de suelo forestal”, observó sobre la empresa del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea.

 

EL REFUGIO DE LA MONARCA

El 19 de mayo de 2003, la Secretaría de Economía del Gobierno de Vicente Fox otorgó una primera concesión a la Industria Minera México (Grupo México) para el proyecto “Angangueo 10” en Tlalpujahua, Michoacán. El 27 de junio de 2005 dio otra para “Angangueo No. 8” en el municipio michoacano Mineral de Angangueo. En septiembre de 2005 obtuvo una concesión más para “Angangueo 11” en San Felipe del Progreso, Estado de México, y el 24 de enero de 2008, ya en el sexenio calderonista, se le dio una más para “Unificación Angangueo”.

Desde antes, en el 2000, los tres municipios ya eran parte de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca. En abril de 2005, Grupo México presentó su solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), en la cual expuso que planeaba el proyecto de explotación de cobre, zinc, plomo, plata y oro para 30 años, así como la ampliación de mineras antiguas con una inversión de 45 millones 573 mil dólares.

En el documento planteó que aunque la zona es protegida para la migración, hibernación y reproducción de la mariposa monarca, el Programa de Manejo de Reserva de la dependencia permite actividades mineras y su presa de jales se ubicaría afuera de la zona de mitigación de la reserva sin usar cianuro de sodio. Aunque omitió medidas de mitigación e impacto hídrico.

Dos años después, en mayo de 2007, la Semarnat le otorgó el permiso de MIA particular, aunque se trata de una región entre dos estados. En 2016, dos años después del derrame de la minera Buenavista en ríos de Sonora, la red Endangered Species Coalition advirtió en una misiva dirigida al Gobierno de Enrique Peña Nieto que permitir que Grupo México opere una vez más la mina de Angangueo “podría poner el futuro de la mariposa monarca en duda real”.

La investigadora Sol Pérez expuso que Grupo México adquirió la paraestatal Minera Impulsora Angangueo a finales de los noventa, la cual fue operada por la población y el Gobierno desde 1954 y cerrada en 1991. “Grupo México adquirió esta empresa en 1996 en condiciones extremadamente desiguales. A la población accionista no se le pagó justamente y se apropió del proyecto”, aseguró. Pero, planteó en su tesis de la UNAM, pese a la ausencia de una consulta, la población de Angangueo ha estado a favor del proyecto por su identidad como poblado minero.

Luis Fueyo McDonald, extitular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) de 2010 a 2015, dijo que, pese a tener el permiso de la Semarnat, no entró en operación y el tema del agua siempre estuvo subyacente, además de tratarse de una mina subterránea que deja “totalmente destruida” la cubierta vegetal.

Esta reserva ofrece refugio a 132 especies de aves, 56 de mamíferos, 432 de plantas vasculares y 211 de hongos. Las cuencas de la región infiltran agua al Sistema Cutzamala para más de 4.1 millones de personas en 13 alcaldías de la Ciudad de México y 14 municipios del Estado de México.

En 2020, la presencia de la mariposa Monarca en los bosques de Michoacán y Estado de México para hibernar se redujo en un 26 por ciento al ocupar 2.10 hectáreas en diciembre pasado frente a las 2.83 reportadas en el mismo mes de 2019, reveló la Alianza del Fondo Mundial para la Naturaleza en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

El informe detalla que el bosque de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, donde esta especie establece las principales colonias de hibernación y tiene concesiones la minera, registró una degradación de 20.26 hectáreas entre marzo de 2019 y marzo de 2020, lo que implica cuatro veces más respecto a 2018-2019 cuando se degradaron cinco hectáreas.

Grupo México tiene 772 títulos de concesión que abarcan 502,300.46 hectáreas en 16 estados, principalmente en Sonora y SLP. En círculo rojo, las ubicadas en Áreas Naturales Protegidas. Mapa: Tesis posdoctoral de Sol Pérez sobre Grupo México, datos 2020.

 

LAS OTRAS CONCESIONES

En Baja California, Grupo México tiene 11 concesiones a lo largo de las Áreas Naturales Protegidas Valle de los Cirios en Ensenada y la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno (Patrimonio Mundial) en Mulegé adjudicadas de 1997 a 2017 y concentradas en ejidos. Hasta el momento no están operando. Desde 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en un mitin: “No a la mina, porque tenemos que buscar el paraíso, no destruirlo”.

“El proyecto El Arco está en la frontera entre Baja California Norte y Baja California Sur. Pertenece a Mexicana del Arco, subsidiaria de Grupo México”, detalló la investigadora de la UNAM Sol Pérez. “Plantea que sea en una minería a cielo abierto con un tajo muy grande y en una zona con alto déficit hídrico. Se ubica cerca del acuífero Llano del Barrendo, en el cual la Conagua prohibe la extracción de agua. Pero la Ley Minera plantea que tienen un uso prioritario de los recursos”.

Desde 2015, la Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) pidió a la Semarnat no darle permiso de exploración y explotación. “La mina ‘El Arco’ nunca debe ver luz y las autoridades deben impedir a Grupo México seguir con sus actividades de exploración en la zona, como en cualquier otra parte del país debido a su falta de ética y de responsabilidad social y ambiental”, planteó la organización.

 

PROHIBICIÓN ESTANCADA EN SENADO

La semana pasada que concluyó el periodo legislativo, representantes de organizaciones y academia protestaron afuera del Senado de la República para exigir a los legisladores que aprobaran la reforma que prohibe actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales en cualquiera de las 182 Áreas Naturales Protegidas del país, la cual ya fue aprobada en la Cámara de Diputados desde el 3 de marzo.

“Hasta ahora la minería no está prohibida en una Área Natural Protegida, y por lo tanto cualquier proyecto minero debe ser evaluado a la luz de la normatividad vigente, lo que implica el decreto de la creación de la ANP y su Programa de Manejo, donde se le imponen restricciones a cierto tipo de actividades”, planteó Luis Fueyo McDonald, extitular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) de 2010 a 2015.

“Parece que hay consenso para que proceda el cambio en la Ley, aunque los mineros estén altamente activos para evitarlo. Pero seguiremos batallando con las operaciones mineras dadas con anterioridad por el principio de no retroactividad”, agregó Fueyo. “Pero no sólo las operaciones nuevas, sino también las pasadas deberían ajustar sus actividades no sólo a la luz de las autorizaciones y su MIA, sino porque estamos en otros tiempos donde debe emprenderse el desarrollo sustentable”.

La propuesta de prohibición, respaldada hasta el cierre de esta edición con más de 40 mil firmas ciudadanas, plantea reformar el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en el núcleo y márgenes de las Áreas Naturales Protegidas, claves para la conservación de cientos de especies en riesgo y para la provisión de servicios ecosistémicos y regulación hidrológica, climática y del suelo.

“Las áreas protegidas tienen al enemigo en casa, pues las leyes vigentes permiten que se instalen minas dentro de ellas”, dice la petición que explica cómo la pandemia por la COVID-19 es una muestra de la necesidad de garantizar refugios naturales para los animales silvestres. “Las minas destruyen de manera irreparable el sitio en el que se establecen, impulsan la deforestación, contaminan los suelos y las fuentes de agua y fomentan la creación de caminos que sirven al tráfico de fauna y a la propagación de especies nocivas”.

Además, catalogadas en 11 por ciento del territorio nacional, son entornos naturales fundamentales para la cultura y la identidad de los pueblos originarios que las habitan, y proporcionan un campo propicio para la investigación científica enfocada en la regulación ambiental.

Sin embargo, por la ausencia de una prohibición y dado que la minería es una actividad preferente, según la Ley Minera de 1992, hay 73 proyectos mineros y 259 concesiones mineras en 2.89 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas otorgadas por la Secretaría de Economía. De los 73 proyectos mineros vigentes en las ANP federal, estatal, municipal y sitios ramsar, en 27 se extrae oro y 24 plata, documenta la organización CartoCrítica.

Algunas de estas zonas son reconocidas de Patrimonio Mundial y sitios emblemáticos como el primer Parque Nacional Los Mármoles, la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato

Frida C.


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