Frida C.
• El fallo propuesto por el Ministro Luis María Aguilar estableció que el acuerdo por el que se emitió la Política de Confiabilidad del SEN “obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a Cofece”, porque esta anula “presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica”.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) determinó que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) viola el marco constitucional sobre la libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica. Además, limita la transición del sector a la generación de energías limpias.
Durante la discusión llevada a cabo este miércoles, cuatro miembros de la Segunda Sala determinaron anular el decreto publicado el 15 de mayo de 2020 por la Secretaría de Energía, a apetición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) cuyos reclamos fueron declarados como fundados.
“El Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad del SEN obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a Cofece, toda vez que anula presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, particularmente en lo que concierne a las energías limpias intermitentes“, estableció el fallo que el Ministro Luis María Aguilar propuso.
Para la SCJN la Sener es la autoridad facultada para determinar las políticas del SEN, mismas que rigen la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace),sin embargo, estas políticas se deben ajustar al marco legal que dejó la Reforma Energética aprobada en 2014.
Una de las determinaciones de la nueva política del SEN que quedó anulada es que la dependencia a cargo de Rocío Nahle dejana al Cenace con la posibilidad, no prevista en la ley, de emitir “dictámenes de viabilidad de interconexión”, como un requisito anterior o paralelo al que ya otorga la CRE.
“Esto ocasiona que el Cenace, con base en criterios que estableció la propia Sener, determine si una solicitud merece ser estudiada o no, sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas generales aprobadas por la CRE; lo que podría generar que el solicitante de interconexión no tuviera la oportunidad, si quiera, ya sea de modificar la solicitud o, en todo caso, de hacerse cargo de las obras que tendrían que realizarse para que la interconexión fuera factible”, planteó la SCJN.
Además, determinó que la disposición 7.1 de la Política da prioridad a la seguridad en el despacho sobre la eficiencia económica de manera ilegal; y que la 8.4 deja que el Cenace desplace las centrales eléctricas que no cumplan con el “mérito” y así afecta la libre competencia y obstaculiza la generación de fuentes de energía que pueden resultar más baratas y eficientes.
INICIATIVA PREFERENTE DE AMLO
El lunes, el Presidente López Obrador, envió la iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado. Por ser de carácter preferente, el Congreso tendrá 30 días para discutir la iniciativa, que busca “fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (la Comisión Federal de Electricidad), para beneficio del interés nacional”, como argumenta el Presidente en el texto.
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
“Desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica”, expuso el Presidente.
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del SEN que la Sener publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén “sujetos a los criterios de planeación” de la Secretaría de Energía. También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE. Por último, ordena revisar la “legalidad y rentabilidad” de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
El Presidente aseveró que estas modificaciones respetan el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector energético a la inversión privada. “La Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica”, sostuvo el mandatario.
EMPRESARIOS EN CONTRA
Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la reforma dañará “irremediablemente” la certeza jurídica, regulatoria y de contratación, además de ser inconstitucional e incumplir con los tratados y compromisos internacionales, pero también abre la puerta a una “expropiación indirecta”.
Para el CCE la iniciativa “intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, por lo que resulta “inexplicable” su presentación sin diálogo previo con los sectores afectados.
La falta de consenso para su presentación, detalló el grupo empresarial, abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis generada por la COVID-19 y “rompe la promesa del Presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”. Las afectaciones para México, alertó el CCE, son la “expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad”, lo que les parece un potencial poder de violar lo establecido en la Constitución mexicana.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la iniciativa preferente limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado podría desincentivar la competencia y la inversión en el sector. Además, con esta se corre un alto riesgo de tener una industria monopolizada, con precios altos y menor calidad, aseguró
“De aprobarse lo propuesto en la iniciativa, el riesgo de tener una industria eléctrica monopolizada es alto, lo que restaría certidumbre para la competencia y tendría como resultado mayores costos para el consumidor final y menor calidad en el servicio”, planteó la patronal en un documento.
