Frida C.
• Cada vez son más los funcionarios de la administración peñista no sólo señalados sino procesados.
Por: Redacción AN / GS por FRANCE 24
La captura en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico de quien fuera secretario de Defensa del expresidente Enrique Peña Nieto es el escándalo más cercano al círculo íntimo del exgobernante, hoy señalado de supuestos actos de corrupción que, a juicio del presidente López Obrador y especialistas, habrían sido tolerados.“No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, contra el expresidente Peña Nieto. Puede haber denuncias en la Fiscalía de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 17 de abril. Por ello, el exmandatario priista podría estar tranquilo…pero no tanto.
Aunque a esa declaración de López Obrador le anteceden otras en el mismo sentido, lo cierto es que cada vez son más los funcionarios de la administración peñista no sólo señalados sino procesados penalmente por casos de corrupción. La inclusión más reciente y escandalosa en la lista es sin duda la captura en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa en el gobierno anterior, por presuntos vínculos con el narcotráfico.Otros dos casos de exfuncionarios peñistas de primer nivel con procesos abiertos en su contra son los de la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Rosario Robles, implicada en desvío de recursos mediante un esquema de triangulación conocido como “La estafa maestra”, y el del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, involucrado en una red de corrupción que incluye, entre otros temas, supuestos sobornos de parte de Odebrecht.Cuestionado sobre si se abriría una pesquisa contra Peña Nieto –considerado en su momento por la revista ‘Time’ como el “salvador” de México–, López Obrador señaló que “tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el expresidente Peña, por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal, pero eso depende de los ciudadanos”.
El 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que se lleve a cabo esta consulta, y el 22 de octubre el Congreso ratificó este ejercicio. Si bien la pregunta de la consulta fue modificada por los ministros y no menciona por su nombre ni a Peña Nieto ni a ningún otro expresidente, es claro que ese sondeo podrá ser tomado como un visto bueno para que, eventualmente, el Ministerio Público ponga la mira sobre los gobiernos pasados.
El temido titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, encargado de congelar cuentas bancarias de personas bajo sospecha de haber cometido algún delito, aclaró en octubre que Peña sí podría ser sujeto de indagatorias: “Cuando me plantean el tema de los expresidentes yo lo que digo es que se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto (EPN) porque los delitos no se encontrarían prescritos”.Hasta ahora, de todos los acusados del círculo de poder de Peña Nieto, sólo Emilio Lozoya acusó que tanto el entonces presidente como su brazo derecho, Luis Videgaray, le ordenaron llevar a cabo actos de corrupción. Ni en el caso de Rosario Robles ni en el del general Cienfuegos hay una acusación directa hacia el exmandatario.No obstante, para López Obrador, Peña Nieto sí tuvo que haber estado enterado de los ilícitos que cometían sus subalternos y gente de su gabinete. Entre agosto y octubre del año pasado, en por lo menos tres ocasiones y sin mencionar a EPN por su nombre, sostuvo que, en México, el jefe del Ejecutivo tiene conocimiento de todo.
“No es cierto que el presidente no sabía, o que lo engañaron o fueron desleales sus colaboradores. El presidente tiene toda la información, claro que sabe todo, los negocios más jugosos que se hacen al amparo del Poder Público llevan el visto bueno del presidente”, aseveró López Obrador durante una gira por Río Grande, Zacatecas, el 9 de agosto de 2019.
De ser así como lo asegura López Obrador, entonces ¿Peña Nieto sabía de las corruptelas de Emilio Lozoya? ¿Estaba enterado de los desvíos de recursos que habría permitido Rosario Robles? ¿Conocía de la complicidad del general Cienfuegos con el crimen organizado?“Tarde o temprano tendrá que rendir cuentas sobre los temas en los que él fue omiso”
Salvador Camarena, director del área de investigación periodística de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dice no ser “de los que compran ingenuamente eso de que era imposible que hubiera corrupción sin que el presidente se enterara, no lo compro, por supuesto que era posible que hubiera corrupción de alto calibre sin que el presidente se enterara”.
“Lo que sí creo –y tenemos evidencia de eso– es que nunca hubo de parte del presidente Enrique Peña Nieto ninguna intención real de acabar con sistemas de corrupción que se iban detectando en Veracruz, en Quintana Roo, en Pemex, con la “Estafa Maestra”, con la desviación de recursos para su partido… (…) Todas esas denuncias él prefirió pasarlas por alto, no atenderlas, hacerse a un lado y no nos queda más que pensar que fueron tolerantes, fueron permisivos, y de ahí que podemos pensar que él toleraba esa corrupción, y tarde o temprano tendrá que rendir cuentas sobre los temas en los que él fue omiso”.–¿Esta omisión ante los delitos sería un elemento suficiente para iniciar una investigación en su contra?
– Nada más recuerdo que Rosario Robles está en la cárcel fue acusada de no haber denunciado los hechos que se fueron gestando en su administración. Entonces si entendemos que de alguna manera Robles está en la cárcel por omisión, es pertinente preguntarnos cuánto sí supo el presidente de los delitos cometidos y cuánto decidió no hacer. Tendría la obligación de aclararlo ante un juez y ante la ciudadanía.
¿Existen las pruebas suficientes para abrir un juicio a Enrique Peña Nieto?
De acuerdo con Edna Jaime, directora del México Evalúa, think tank dedicado al análisis y evaluación de políticas públicas en materia de gasto público, seguridad, Justicia y anticorrupción, en el país se tienen los instrumentos legales para llevar a cabo un ‘maxiproceso’ pero “no veo hasta ahora que vayamos caminando en ese sentido”, a pesar de que están las investigaciones abiertas por el caso Odebrecht.Asimismo, agrega, están las auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación, con las que se tienen evidencias de malos manejos en Petróleos Mexicanos.
Jaime asegura que están los señalamientos de los testigos protegidos, como de alguna manera está actuando Emilio Lozoya, y a partir de los cuales debe enderezarse una investigación robusta para saber hasta qué nivel llegó la corrupción. Sin embargo, con los elementos visibles hasta ahora, no podría concluirse que existan pruebas para abrir un juicio a Peña Nieto.En contraste, con el caso del general Cienfuegos –advierte– podrían quizá derivarse ramificaciones que alcanzarían al expresidente, toda vez que la investigación fue abierta en Estados Unidos y no en México.
Según un artículo del periodista Omar Sánchez de Tagle en el ‘Washington Post’, agentes del Gobierno estadounidense “detallaron a las autoridades mexicanas que “Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’ —encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico— fue uno de los principales testigos que declaró contra el general Cienfuegos en el juicio que tuvo en 2018 en Nueva York”.
Sánchez de Tagle agrega que “los altos funcionarios mexicanos consultados” aseguraron que “el anterior líder del Cártel de Sinaloa involucró a por lo menos cinco generales más, que ya están en retiro y siendo investigados”.Uno de esos generales sería nada menos que Roberto Miranda Moreno, jefe del Estado Mayor Presidencial de EPN y un militar cercano al priista desde que fue gobernador de su natal Estado de México.El general Miranda, quien había sido designado como agregado militar en la embajada mexicana en España, solicitó su retiro apenas a finales de septiembre pasado, alegando que había alcanzado la edad requerida.
Miranda, sin embargo, fue señalado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber atestiguado una reunión de Peña Nieto con Marcelo Odebrecht.
Además, de acuerdo con información revelada por el periodista Keegan Hamilton, de ‘Vice News’, Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, hijo de Ismael el Mayo Zambada, socio del Chapo Guzmán, declaró que en 1997 visitó la antigua residencia oficial de Los Pinos para reunirse con el general Roberto Miranda, quien entonces era un funcionario de primer nivel en la administración del presidente Zedillo.
De confirmarse que la DEA investiga a Roberto Miranda, se trataría de un general aún más ligado a Peña Nieto que el propio Cienfuegos.
Mientras tanto, en México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó en abril pasado que hay “un proceso de investigación contra Luis Miranda”, diputado federal del PRI y exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien además es su compadre.Así que son varios los frentes abiertos que de una u otra manera apuntan a una posible responsabilidad de Peña en presuntos actos de corrupción. Falta saber qué derivará de la consulta ciudadana que será en agosto de 2021 pero, sobre todo, si en algún momento la Fiscalía General de la República, más allá de consultas populares, tiene elementos para llevar a cabo una investigación o, en su caso, ya la haya iniciado.
