Carlos H.
Por Joaquín H. Vela González
El pueblo mexicano y los mercados públicos tienen raíces históricas y culturales muy profundas. La tradición de los mercados es anterior a la llegada de los conquistadores. Nuestros antepasados realizaban sus trueques en mercados. El uso de cacao como equivalente general es, también parte de ese legado. Los mercados públicos de la Ciudad de México están reconocidos desde el 16 de agosto de 2016 como Patrimonio Cultural Intangible.
Los espacios donde ocurren estas operaciones mercantiles están reconocidos por la ley, artículo 3 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, como » El lugar o local, donde concurran una diversidad de comerciantes y consumidores en libre competencia, cuya oferta y demanda se refieran principalmente a artículos de primera necesidad.”
Esta definición es la base de sú existencia y es parte de nuestro pasado y también debería ser parte sustancial de nuestro presente. Desafortunadamente la globalización mercantilizante nos está desculturizando y borrando aspectos de nuestra identidad.
Veamos:
El pasado 9 de Enero la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo administrativo “espurio” que no tiene sustento legal, contrariando el orden constitucional. El Reglamento de Mercados, que es la única norma jurídica, con sustento constitucional (arts. 1, 5, 9, 14, 16, 25, 27, 28, 115, 116 y 123), y que el Congreso de la Unión, mediante Decreto en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1941, dotó de facultades al entonces Departamento del Distrito Federal la función de organizar y desenvolver los servicios públicos, mismos que a partir de 1951 de forma contundente en el Reglamento de Mercados se Decretó que el Gobierno de la Ciudad, tiene la obligación de Prestar el Servicio Público de Mercados, de forma directa.
Los llamados “Lineamientos para la operación y funcionamiento de los mercados publicos” fueron elaborados durante el período de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Méxic. Los cuales sin ningún sustento legal se impusieron. Esta decisión, ha generado un verdadero caos en el manejo y administración de los mercados públicos. En esos lineamientos, se establece de manera contradictoria, que corresponde a las antes Delegaciones, hoy Alcaldías, el funcionamiento y operación de los mercados públicos, posibilitando con ello, sistemas de empadronamiento operado por las mismas, cuando ésta, es una atribución única y exclusiva del Gobierno Central, por la sencilla razón de que el padrón oficial debe ser uno solo y no 16, lo que sólo propició duplicidades y manejos indebido que permitieron alterar el padrón original y con ello legalizar la corrupción y el manejo discrecional de los mismos.
¿Que es lo que ha pasado desde que se impusieron estos lineamientos? Desde el Gobierno de Ebrard (2006-2012). Con criterios neoliberales, dependiendo del manejo de cada Alcaldía, se han impuesto requisitos y condiciones sin sustento legal para “regularizar”, las cédulas que acreditan a cada comerciante en los diferentes mercados, imponiéndoles revisiones, que no están establecidas en el reglamento de mercados, porque las verificaciones por ley, se precisa, que sólo se deben aplicar a los establecimientos mercantiles privados, nunca para los servicios de carácter público, de igual manera impiden el cambio de giro comercial, violando el orden constitucional que garantiza la libertad de concurrencia y libre competencia entre comerciantes y consumidores, si se otorga “autorización”, es mediante el “entre” o “mordida” económica. Además de una diversidad de medidas ilegales y autoritarias. El problema es que, si no las cumples, te amenazan con “cancelarte” tu cédula y así muchos comerciantes han sido despojados de su patrimonio familiar y única fuente de ingresos con la que cuentan.
Los lineamientos originales de Ebrard fueron reelaboraros en 2015 en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, fungiendo como Secretario de Desarrollo Económico (SEDECO) Salomón Chertorivski que siguen la misma línea que los del 2010, los publicados recientemente están más apegados a los de 2015.
Dentro de sus delirios neoliberales los funcionarios de la SEDECO pretenden sentar en la opinión pública, que los comerciantes de los mercados públicos establecidos, tienen condiciones materiales para competir con las grandes cadenas comerciales y que en ese plano no logran ser competitivos, es ilógico plantear semejante “competencia” entre un ente público de interés social, sin presupuesto, contra cadenas comerciales de capital oligopólico transnacional, cuyo único fin es el lucro y no el servicio público.
Lo más grave es que en este decreto del 9 de Enero de 2025, se exige a los comerciantes un resello de su Cédula (refrendo), lo cual es totalmente ilegal y falaz. Porque el empadronamiento reconoce el derecho de constituir un patrimonio familiar. Mediante las cédulas de empadronamiento, se materializa el reconocimiento de ejercer el comercio de forma permanente y por tiempo indeterminado. Las cédulas no son concesiones, la figura legal que le da sustento es el Derecho Real de Usufructo.
Ahora las autoridades pretenden que se refrenden para después meterlos a la “modernización” y digitalizarlos. Lo cual genera una enorme inseguridad para todos los comerciantes de los mercados públicos sobre el respeto a sus derechos ¿A quién van a digitalizar? ¿ Si no cuentan con un padrón único, actualizado y ordenado?. Lo primero que se debería plantear es elaborarlo y actualizarlo conforme a lo establecido en la ley (reglamento de mercados). De otra manera no existiría en este proceso ninguna certeza para este conjunto de ciudadanos, ni respeto a sus derechos.
La Secretaría de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, es casualmente integrante del equipo de Marcelo Ebrard y evidentemente sigue sus lineamientos y línea política, que nunca ha sido favorable a los mercados públicos.
Cuando la jefa de Gobierno presentó a su Gabinete, en el currículum de la persona propuesta para Secretaría De Desarrollo Económico se leían en sus antecedentes que era especialista en atraer inversiones extranjeras, lo que sorprendió, ya que en esta área de la ciudad ¿qué tipo de inversión extranjera, podría traer esta señora? Ahora entendemos, tal vez, por eso trata de desaparecer a los mercados públicos, para que los sustituyan grandes capitales extranjeros que traigan la «modernización» a la ciudad.
La pregunta es: ¿qué se piensa hacer con las decenas de miles de familias capitalinas que sobreviven de esta actividad?
¿Se va a delegar la prestación de este servicio público a privados o extranjeros, con criterios de eficacia y eficiencia neoliberal? ¿Se va a dejar de cumplir la obligación gubernamental de garantizar el abasto a toda la población de los productos de primera necesidad?
En las mesas de diálogo y en las marchas próximas, necesitan todos los comerciantes de los mercados públicos establecidos tener claro que van por la defensa de la propiedad social en la forma de usufructo; sus puestos son lo que la tierra y el ejido es para el campesino, eso es lo que deben defender; es lo más importante; no deben confundirse. Es lo que deben trasmitir de manera contundente al conjunto de la sociedad y al gobierno.
Los mercados públicos son una actividad del sector social de la economía que está reconocido en el artículo 25 Constitucional, en las mismas condiciones que el sector público y el sector privado.
Golpear al Sector Social de la Economía es el peor error que está cometiendo este gobierno. Con ello se continuaría con la concentración del ingreso de unos pocos y la precariedad, el rezago y la marginación para este importante segmento de la sociedad.
Esperamos que se rectifique para bien de todos.
velagj@economia.unam.mx
