
- Según la Auditoría Superior del Estado, los recursos salieron de empresas que fungían como proveedoras del Gobierno del Estado y terminaron en las cuentas del despacho.
Monterrey, NL (apro).- La Auditoría Superior del Estado (ASE) expuso ante el Congreso de Nuevo León un nuevo esquema de presuntas triangulaciones por dos mil 115.4 millones de pesos que habría beneficiado al despacho del abogado Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador Samuel García.
El informe fue presentado este martes por el auditor Alejandro Reynoso Gil como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
De acuerdo con la ASE, el despacho recibió 786 transferencias bancarias por un total de mil 696.6 millones de pesos.
A esa cantidad se suman 418.8 millones de pesos en ganancias o rendimientos financieros generados por ese mismo dinero.
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Con ello, el monto total bajo investigación asciende a dos mil 115.4 millones de pesos.
La triangulación
Según el órgano fiscalizador, los recursos salieron de empresas que fungían como proveedoras del Gobierno del Estado y terminaron en las cuentas del despacho.
El desglose presentado es el siguiente:
Constructora: 385.3 millones de pesos
Empresas comercializadoras y de alimentos: 202.9 millones de pesos
Proveedoras de equipamiento: 77.0 millones de pesos
Firmas de servicios y consultoría: 62.9 millones de pesos
Subtotal de 4 rutas identificadas: 728.1 millones de pesos
Otros proveedores gubernamentales, aún en investigación: 968.5 millones de pesos
Total de transferencias: 1,696.6 millones de pesos
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El informe incluye además dos rubros que llamaron la atención de los legisladores:
23.2 millones de pesos que llegaron al despacho a través de proveedores del DIF Nuevo León.
74.1 millones de pesos mediante una distribuidora de medicamentos contra el cáncer.
La ASE no precisó este martes si esos montos ya están incluidos dentro de las cuatro rutas o si forman parte de los 968.5 millones que siguen bajo investigación.
Hasta ahora se trata de observaciones de fiscalización y presuntas irregularidades. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si hubo desvío de recursos, conflicto de interés o alguna responsabilidad administrativa o penal.
El Congreso deberá dar seguimiento al informe y la ASE podrá dar vista a la Fiscalía en caso de que se confirmen hechos que pudieran constituir delito.


