
- El magistrado Ricardo León Caraveo denunció ante la FGR una red de corrupción judicial en el TFJA, con más de 100 sentencias presuntamente falsificadas en la Sala Regional de Jalisco. Afirma que, tras reportar las irregularidades, fue cambiado de adscripción a Tabasco y enfrenta represalias, acoso laboral y el retiro de su protección oficial.
Ciudad de México (Proceso).– El magistrado Ricardo León Caraveo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) opera una red de corrupción judicial y afirma que, por ello, ahora es víctima de una persecución al interior de la institución.
Magistrado de la Sala Regional de Tabasco del TFJA, su designación ocurrió en 2024 y fue firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Inicialmente sería enviado a la Sala Regional de Hidalgo, pero él rechazó el ofrecimiento, por lo que la Junta de Gobierno del TFJA lo envió a la Tercera Sala Regional de Occidente (Jalisco) donde afirmó que detectó la “falsificación de más de 100 sentencias aproximadamente, e irregularidades en la actividad jurisdiccional con daño a la hacienda pública federal”.
Fuentes federales confirmaron que, a su llegada a Jalisco, intentó cesar al personal de la ponencia que le fue asignada, pero sus compañeros magistrados intervinieron para impedirlo.
El 12 de mayo de 2025 envió un oficio a los integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, que entonces eran el magistrado Guillermo Valls Esponda, Hortensia García Salgado y Carlos Humberto Rosas Franco para notificarles de las irregularidades presuntamente cometidas por los magistrados Luis Enrique Osuna Sánchez y Juan José de la Garza Báez, quienes eran sus compañeros en la Sala Regional de Jalisco.
Los denunciados en diversos asuntos asentaron que León Caraveo rechazó firmar las sentencias, pese a que, en las fechas de algunos de los fallos, el magistrado afirma que no se encontraba en Guadalajara y, en otros casos, porque no fueron subsanadas las irregularidades jurídicas que observó por escrito en los proyectos.
Asimismo se indicó a Proceso que entre febrero de 2024 y enero de 2025 el magistrado se ausentó de la Sala Regional durante 42 días hábiles sin informarlo a la Junta de Gobierno ni entregar justificante; sólo argumentó problemas familiares.
En cambio, el magistrado sí presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que detalló que, en uno de los expedientes con irregularidades, Luis Enrique Osuna Sánchez firmó como magistrado integrante de la Sala aunque para el momento en que fue emitido el fallo su periodo ya había terminado.
“La sentencia ‘falsa’ declara la nulidad lisa y llana para el cobro del impuesto sobre la renta por 27 millones 172 mil 49.35 pesos y dos millones 263 mil 147.91 pesos. La sentencia es falsa porque no se celebró la sesión de la Sala Regional, nunca estuvimos reunidos tres magistrados, el Lic. Luis Enrique Osuna Sánchez no acredita su calidad de magistrado, no obstante haber finalizado el periodo para el que había sido designado, y nunca me negué a firmar porque nunca estuve presente”, relata en el documento al que Proceso tuvo acceso, mismo que presentó ante la Fiscalía Federal de Tabasco, lugar a donde fue cambiado de adscripción en el año 2025.
El magistrado detalló que en las sentencias que él considera falsas no fue convocada la sesión o ésta se realizó sin el quórum requerido por ley y sin que se subsanaran diversas irregularidades contenidas en los proyectos, razones por las que no aparece su firma en esos fallos.
“Ante mi insistencia para investigar a diversos servidores públicos de la Sala Regional en Jalisco, entre magistrados, actuarios, personal de la oficialía de partes, que manipularon, falsearon actuaciones y a pesar de las pruebas, fui violentamente cambiado de adscripción a Tabasco, entidad que no garantiza mi seguridad y me pone lejos de mi familia”, denunció ante la FGR refiriéndose a los oficios que envió a la Junta de Gobierno.
“La indiferencia ante las denuncias de los hechos, los integrantes de la Junta de Gobierno y Administración han sido omisos en denunciar e iniciar investigaciones. Por el contrario, han incrementado las acciones de acoso laboral y obstrucción a mi desempeño”.
El 30 de julio último la Fiscalía Federal de Tabasco solicitó a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) que ejerza su facultad de atracción por tratarse de delitos cometidos por servidores públicos. Sin embargo, dicha fiscalía rechazó atraer el caso porque considera que se trata de un caso en el que fueron cometidas diversas conductas delictivas y que debe ser conocido exclusivamente por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos.
Fuentes ministeriales consultadas por Proceso informaron que el asunto aún no ha llegado a manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Ante el temor de sufrir represalias, el magistrado consiguió que la FGR le asignara escoltas para su protección personal.
La presencia de los escoltas en el TFJA no fue bien vista, pues el 29 de junio la Sala Regional de Tabasco dejó de dar servicio afirmando que un guardaespaldas de León Caraveo ingresó armado al recinto.
El 1 de julio último este medio informó que la persona no quiso identificarse ante el personal de seguridad del inmueble, por lo que el magistrado presidente de la Sala Regional, Rosendo Gómez Silván, decidió suspender labores.
“Dentro de las instalaciones que ocupa este Tribunal se encuentra una persona armada cuya identidad, la institución a la que pertenece, el motivo de su presencia, la función que desempeñaba y las razones por las cuales portaba armamento dentro de un inmueble destinado a la impartición de justicia se desconoce, a quien el magistrado Ricardo León Caraveo, titular de la Segunda Ponencia de la Sala Regional en Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio acceso y autorizó quedarse”, indica el acuerdo de suspensión consultado por esta casa editorial. En ese documento el magistrado Gómez Silván ordenó notificar a José Ramón Amieva Gálvez, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del TFJA y al visitador e integrante de la Junta de Gobierno, el magistrado Miguel Carrasco Hernández.
En su momento, Proceso confirmó que con motivo de esto la Junta de Gobierno decidió iniciar una investigación sobre lo ocurrido con el magistrado León Caraveo y su escolta.
Eso es considerado por León Caraveo como una acción más de represalia en su contra por haber denunciado la red de corrupción que detectó en Jalisco.
Pese a que la FGR fue quien le asignó los escoltas, el 28 de septiembre el titular de la FECOC, David Boone de la Garza, quien rechazó atraer la denuncia de León Caraveo, le retiró la protección luego de que su análisis de riesgo resultara negativo, es decir, se determinó que el magistrado no corre ningún peligro en Tabasco.
¿Quién es Ricardo León Caraveo?
Antes de ser magistrado del TFJA, León Caraveo trabajó en el gabinete del exgobernador de Tabasco Adán Augusto López como secretario técnico y de seguimiento gubernamental, derivado de la amistad que tuvo con la hermana fallecida de éste, Rosalía López Hernández.
Sin embargo, luego del escándalo que envolvió al exmandatario estatal por supuestos vínculos con integrantes de la organización delincuencial La Barredora, el magistrado intentando deslindarse de él, pese a que, en 2022, Adán Augusto López lo apoyó en sus aspiraciones para ser presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
En 2024 fue designado magistrado del TFJA y adscrito a la Sala Regional de Jalisco, pero al año siguiente la Junta de Gobierno aprobó una rotación de magistrados entre los que se encontraba León Caraveo, quien fue enviado a Villahermosa.
A su llegada a Tabasco afirmó que temía por su seguridad debido a que tiene diferencias con Alfredo Celorio, presidente de esa Sala Regional.




