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- La investigación va para Organismos Electorales Locales de 2000 a 2025.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció tres líneas de trabajo para revisar adquisiciones, servicios, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con recursos públicos.
Por Ana Valeria Castro
Ciudad de México, México a 05 de Noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el desarrollo de tres líneas de trabajo enfocadas en investigar posibles irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de las 32 entidades federativas.
A través de un comunicado, el órgano fiscalizador informó que estas acciones buscan identificar posibles anomalías en la adquisición de bienes y servicios, así como detectar patrones de contratación, concentración de proveedores y presuntas prácticas ilegales relacionadas con grupos empresariales y servidores públicos.
La primera línea de trabajo consiste en una “investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los OPLEs, así como del INE y el entonces IFE”.
Como segundo punto, la ASF realizará un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas por estas instituciones durante el periodo comprendido entre 2000 y 2025. El objetivo, se dijo, es identificar y dar a conocer posibles patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos.
La tercera acción contempla una auditoría integral al INE, además de la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido en los organismos públicos electorales locales.
De acuerdo con la Auditoría Superior, estas investigaciones derivan de los trabajos de inteligencia realizados por la institución y del análisis de información solicitada a las entidades federativas, cuyos resultados advierten sobre la existencia de múltiples irregularidades históricas en el manejo del gasto público relacionado con las autoridades electorales.
Asimismo, en el documento se informó que la revisión abarcará, por tanto, un periodo de 25 años, lo que permitirá examinar la evolución de las contrataciones y el comportamiento de los proveedores que han participado en los procesos de adquisición de bienes y prestación de servicios para las instituciones electorales.
De igual manera, la dependencia federal señaló que estas acciones se desarrollan dentro del ámbito de sus atribuciones, bajo los principios de independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.
Finalmente, el organismo reiteró su compromiso con la fiscalización de los recursos públicos y la identificación de posibles actos de corrupción.
