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- Empresarios advierten que la falta de conectividad, las comisiones bancarias y los nuevos costos operativos podrían comprometer la viabilidad de estaciones de servicio y pequeños negocios; piden revisar el reglamento antes de imponer nuevas obligaciones y exigen aplicación gradual.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, Méx.- La entrada en vigor de la Ley de Economía Digital encendió las alertas entre empresarios gasolineros y comerciantes, quienes advirtieron que imponer el uso obligatorio de pagos electrónicos sin garantizar previamente infraestructura tecnológica, conectividad y condiciones financieras adecuadas podría generar afectaciones económicas, particularmente entre los pequeños establecimientos.
Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal) del Valle de Toluca, señaló que el sector de hidrocarburos sería uno de los primeros en incorporarse a este esquema, por lo que consideró indispensable que las autoridades federales evalúen las condiciones reales de operación de las estaciones de servicio antes de establecer las disposiciones reglamentarias.
Pedraza Navarrete explicó que, aunque los empresarios no están en contra de la modernización de los mecanismos de pago ni de la digitalización de la economía, existe preocupación porque alrededor de 65 por ciento de las estaciones de servicio se encuentran en localidades rurales, donde la cobertura de internet y telefonía celular todavía presenta limitaciones.
Ante ello, advirtió que una falla en las redes de comunicación podría paralizar las operaciones de cobro, debido a que la nueva legislación contempla el efectivo únicamente como una alternativa excepcional y no como un mecanismo de uso recurrente.
El líder de Adigal recordó que las gasolineras cuentan prácticamente en su totalidad con terminales para recibir pagos con tarjeta, luego de que hace aproximadamente dos décadas se estableciera la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos para determinadas operaciones relacionadas con la deducibilidad de los combustibles.
Sin embargo, esta transición también significó incorporar a las instituciones bancarias como intermediarias, con comisiones que durante años representaron una carga para los empresarios, particularmente porque el margen de utilidad en la comercialización de hidrocarburos es reducido.
Aunque reconoció que mediante negociaciones con el Gobierno federal se consiguió disminuir los costos de interconexión bancaria, advirtió que, si no se mantienen las condiciones actuales, las comisiones podrían incrementarse hasta 1.25 o 1.50 por ciento por operación, lo que representaría un golpe adicional para las estaciones.
A esta situación, dijo, se suman otros factores que presionan las finanzas del sector, como el incremento de los costos operativos, la volatilidad económica, los compromisos relacionados con el control de precios de los combustibles y la próxima reducción de la jornada laboral.
Sobre este último punto, estimó que una estación de servicio promedio podría necesitar contratar al menos un trabajador adicional durante la primera etapa de reducción de la jornada a 46 horas semanales; posteriormente, dos empleados más y, conforme avance la implementación, hasta cuatro trabajadores adicionales.
El dirigente empresarial también alertó sobre los costos que pueden generar intermediarios y sistemas alternativos de pago, como las valeras utilizadas por algunas empresas transportistas, cuyos cargos pueden alcanzar porcentajes que afectan tanto al establecimiento como al consumidor.
Por ello, planteó que la aplicación de la ley debe acompañarse de un análisis de cobertura de internet y telefonía móvil, así como de acuerdos que permitan conservar comisiones bancarias reducidas y establecer mecanismos de contingencia cuando fallen los sistemas electrónicos.
Asimismo, indicó que en México existen entre 13 mil 500 y 14 mil 500 estaciones de servicio construidas, en operación y con permiso, por lo que cualquier cambio en sus condiciones de funcionamiento requiere una evaluación financiera y operativa minuciosa.
A las preocupaciones del sector gasolinero se sumó la representación empresarial del comercio, que advirtió que las nuevas disposiciones podrían trasladar costos adicionales a miles de micro, pequeñas y medianas empresas.
El representante de la Cámara de Comercio sostuvo que no es viable imponer obligaciones de aceptación de pagos digitales sin garantizar previamente infraestructura, capacitación, seguridad y condiciones económicas que permitan cumplirlas.
De igual manera, explicó que tiendas, restaurantes, talleres, ferreterías, mercados y establecimientos familiares constituyen una parte fundamental de la economía nacional, pero muchos carecen de departamentos especializados en tecnología o de recursos suficientes para absorber las comisiones y gastos derivados de los nuevos mecanismos de cobro.
Motivo, por lo que cuestionó que las reformas legislativas se aprueben sin consultar previamente a los sectores involucrados y sin conocer las condiciones particulares en las que operan los negocios, pues consideró que las autoridades no pueden establecer las mismas exigencias para empresas con capacidades financieras distintas.
También manifestó preocupación por la incertidumbre que podría generarse respecto al tratamiento fiscal de las operaciones electrónicas, por lo que pidió claridad sobre la protección de datos personales y financieros, las garantías para los comerciantes y las alternativas disponibles cuando no cuenten con los medios tecnológicos para recibir pagos.
Finalmente, el empresario, subrayó que el sector empresarial no está en contra del cumplimiento de las obligaciones fiscales ni de la digitalización de las transacciones; sin embargo, insistió en que ambos procesos deben desarrollarse con reglas claras y sin poner en riesgo la actividad comercial.
