
- La rectora adelantó que comenzará la armonización de la normativa universitaria y que se trabaja en un presupuesto para atender las nuevas disposiciones.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, Mexico a 29 de Octubre de 2026.- La aprobación de la nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) representa un momento histórico para la institución, al ampliar los derechos de su comunidad, fortalecer la participación universitaria y adecuar su marco jurídico a las necesidades actuales de la sociedad, afirmó la rectora Patricia Zarza Delgado.
Tras la aprobación de la iniciativa, la rectora reconoció la participación de estudiantes, personal académico y administrativo en la construcción de la propuesta, así como el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de las y los legisladores que votaron a favor.
Zarza Delgado destacó que la legislación anterior tenía alrededor de 30 años, por lo que consideró necesario actualizarla para responder a las transformaciones sociales, tecnológicas y educativas.
“Es un día de fiesta para la Universidad Autónoma del Estado de México. Es un día histórico”, expresó.
De acuerdo con la rectora, la nueva ley busca fortalecer la esencia de la universidad pública mediante una mayor retribución social, la igualdad sustantiva y la ampliación de los derechos de quienes integran la comunidad universitaria.
Entre los aspectos contemplados en la nueva legislación se encuentra el avance gradual hacia la gratuidad de la educación, conforme a lo establecido en la Ley General de Educación y sujeto a la disponibilidad presupuestal.
La rectora reconoció que la implementación de estas disposiciones requerirá recursos adicionales, por lo que señaló que la universidad trabaja en la elaboración de un proyecto presupuestal que permita atender las nuevas necesidades institucionales.
Aunado a ello, explicó que los requerimientos no se limitan a la gratuidad, sino que también incluyen infraestructura, innovación tecnológica y otros aspectos previstos en la reforma.
En ese sentido, sostuvo que la aplicación de la nueva ley deberá realizarse de manera responsable y progresiva, de acuerdo con las capacidades financieras de la institución.
Asimismo la rectora subrayó que la aprobación de la ley no representa el cierre del proceso de transformación, sino el inicio de una etapa de trabajo para adecuar los demás instrumentos jurídicos de la universidad.
Entre las tareas inmediatas se encuentra la armonización del Estatuto Universitario y de otras disposiciones internas, con el propósito de establecer los mecanismos específicos para aplicar los cambios aprobados.
De igual manera indicó que este proceso requerirá un trabajo intenso y coordinado para traducir los principios establecidos en la legislación en acciones concretas dentro de la institución.
«La nueva normativa contempla aspectos relacionados con la innovación tecnológica y la inteligencia artificial, cuyos mecanismos de operación deberán precisarse en los instrumentos reglamentarios correspondientes», declaró.
En materia de conductas indebidas, señaló que las sanciones por faltas graves y no graves también se desarrollarán con mayor precisión en los estatutos y disposiciones aplicables.
La rectora destacó que otro de los objetivos de la reforma es avanzar hacia una institución más democrática, en la que los distintos sectores de la comunidad universitaria tengan voz y voto en los asuntos que les competen.
Por lo que, afirmó que la propuesta responde a las necesidades expresadas por estudiantes, docentes y trabajadores, por lo que llamó a la comunidad a sumarse a la siguiente etapa de implementación.
También señaló que la legislación establece la necesidad de revisar integralmente este instrumento al menos cada 10 años, con el propósito de mantenerlo actualizado frente a los cambios sociales.
Finalmente, calificó la nueva ley como una propuesta progresista y de vanguardia, y manifestó su expectativa de que pueda convertirse en un referente para otras universidades públicas del país.
Reiteró su agradecimiento a la comunidad universitaria, al Gobierno del Estado de México y al Poder Legislativo por su participación en el proceso, y sostuvo que el principal desafío será convertir las disposiciones aprobadas en beneficios concretos para la institución y sus integrantes.

