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- Diputadas de distintas bancadas cuestionaron a la funcionaria, María Esther Rodríguez Hernández la efectividad de las estrategias contra la violencia de género y exigen resultados verificables, transparencia presupuestal y mayor protección para mujeres y familias buscadoras
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 14 de Octubre de 2026.- Durante su comparecencia ante la 62 Legislatura mexiquense, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó los avances de la dependencia en prevención y atención de la violencia de género, búsqueda de personas desaparecidas, fortalecimiento de refugios y autonomía económica. Sin embargo, legisladoras de distintas bancadas cuestionaron la efectividad de las políticas públicas y exigieron resultados verificables en materia de protección y acceso a la justicia.
La funcionaria informó que la Línea Sin Violencia recibió 11 mil 794 llamadas durante el periodo reportado, mientras que los operativos Violeta sumaron 166 intervenciones en 632 colonias, mil 412 espacios públicos y 620 paraderos del transporte público; además, dijo, se realizaron mil 996 brigadas casa por casa, con visitas a 70 mil 776 viviendas.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas por la secretaria, el hostigamiento sexual disminuyó más de 43 por ciento; el acoso sexual, cerca de 49 por ciento; las violaciones, 15.18 por ciento, y el abuso sexual, 8.75 por ciento.
En materia de atención especializada, destacó que las 93 unidades de atención Unidas brindaron servicios a 27 mil 370 mujeres, con 168 mil 352 intervenciones multidisciplinarias, entre ellas asesorías jurídicas, atención psicológica y trabajo social. Asimismo, los tres complejos de Ciudad Mujeres, ubicados en Amecameca, La Paz y San Mateo Atenco, registraron 11 mil 702 nuevas usuarias y 60 mil 248 atenciones. Anunció que se prevé abrir una cuarta sede en Huehuetoca.
“La entidad cuenta también con 45 Centros Libres, ocho inaugurados durante el periodo informado, donde se ofrecen talleres, orientación psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento social para fortalecer la autonomía de las mujeres”, indicó.
Respecto a la prevención territorial, Rodríguez Hernández señaló que el programa Caminemos Seguras rehabilitó 12 mil 498 metros de vialidades, con una inversión superior a 119 millones de pesos y beneficios para más de 165 mil habitantes. “Las acciones incluyeron alumbrado, cámaras de videovigilancia, botones de emergencia y rehabilitación de banquetas”, informó.
En apoyo a víctimas indirectas de feminicidio y desaparición, reportó que mil 727 personas recibieron canastas básicas alimentarias, mientras que el programa Valentina atendió a mil 481 niñas, niños y adolescentes; también, dijo, se otorgaron cinco compensaciones solidarias por un monto conjunto de 2.8 millones de pesos.
Para 2026, comunicó sobre la asignación de 260 millones de pesos para atender las alertas de violencia de género en municipios mexiquenses, recursos cuya aplicación deberá comprobarse a más tardar el 30 de noviembre. Precisó que el presupuesto propio de la Secretaría asciende a aproximadamente 867 millones de pesos, distinto de los recursos transversales destinados a acciones con perspectiva de género.
Durante la comparecencia, legisladoras del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano coincidieron en que el número de programas y atenciones no garantiza, por sí mismo, que las mujeres estén protegidas ni que los agresores enfrenten la justicia.
Araceli Casasola Salazar, del PRD, pidió indicadores concretos para evaluar la reducción de la violencia y resultados de las medidas aplicadas en los municipios con alerta, además, cuestionó la capacidad de los refugios y la efectividad de las intervenciones urbanas.
Por Movimiento Ciudadano, Rut Salina Reyes criticó la falta de cifras detalladas sobre feminicidios y desapariciones en el informe, y exigió publicar estadísticas municipales, evaluar de manera independiente las alertas de género y garantizar respuestas inmediatas ante llamadas de alto riesgo.
La diputada panista Krishna Karina Romero Velázquez pidió información sobre el seguimiento de los casos canalizados a las brigadas y la capacidad operativa de Ciudad Mujeres. En tanto, la priista Leticia Mejía García demandó medidas concretas para prevenir feminicidios y conocer los mecanismos de protección desde la primera llamada de auxilio.
Desde el Partido del Trabajo, Ana Yurixi Leyva Piñón solicitó transparencia sobre los 260 millones de pesos destinados a municipios alertados, mientras que Miriam Silva Mata, del Partido Verde, pidió explicar cómo se acompaña a las familias buscadoras y se vinculan sus casos con las autoridades competentes.
En respuesta, Rodríguez Hernández reconoció que persisten desafíos estructurales y culturales, particularmente en feminicidios y desapariciones, no obstante, reiteró que la búsqueda de personas es una obligación del Estado, defendió la coordinación interinstitucional y aseguró que la dependencia mantiene una política de cero tolerancia al acoso y hostigamiento laboral y sexual.
La funcioanria concluyó que sus prioridades son ampliar la atención territorial, fortalecer la coordinación entre instituciones y mejorar la evaluación de las políticas públicas, al reconocer que garantizar una vida libre de violencia para las mexiquenses sigue siendo una tarea pendiente.
