Denisse- Trump abrió a empresas de EU el negocio del oro venezolano, mientras crecen contratos millonarios y persisten dudas sobre corrupción y crimen organizado.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– El pasado 3 de enero, Donald Trump dio una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para hablar sobre la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Venezuela. En esa ocasión, el Presidente estadounidense habló sobre cómo su Gobierno tomaría el control del territorio, la energía y otros recursos considerados estratégicos para Estados Unidos. “Vamos a sacar una enorme cantidad de riqueza del subsuelo”, declaró.
Y así ha sido. El Gobierno de Estados Unidos ha asumido el control de parte del negocio petrolero venezolano y, de acuerdo con distintos cálculos, ha obtenido al menos 13 mil millones de dólares. Pero el petróleo no ha sido el único recurso sobre el que Washington ha puesto la mirada. Ahora es el oro. Trump, según reporta The New York Times, autorizó operaciones con oro venezolano, promovió acuerdos con compañías estadounidenses y extranjeras, envió a Caracas a funcionarios acompañados por empresas mineras y comenzó a facilitar contratos para explotar y exportar minerales hacia el mercado estadounidense.
“El acuerdo comercial de oro ejemplifica cómo Trump utilizó la captura de Maduro para tomar el control de los recursos de Venezuela. Primero, se hizo cargo de las exportaciones petroleras venezolanas. Luego, su administración se volcó en la riqueza mineral del país”, escriben Anatoly Kurmanaev, Tyler Pager y Rebecca R. Ruiz en el Times. “Eso incluía una de las mayores reservas de oro sin explotar del mundo, en un momento en que los precios estaban cerca de máximos históricos y los compradores lo demandaban con avidez”.
Reuters reveló previamente que el Gobierno de Trump buscaba un mayor acceso estadounidense a los minerales venezolanos, incluido el oro, con el propósito de extender sobre el sector minero la influencia que Washington ya había conseguido en los hidrocarburos. Tres fuentes familiarizadas con las conversaciones dijeron a la agencia que la estrategia pretende vincular los recursos naturales de Venezuela con los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos.
“Estamos todos observando de cerca la situación petrolera y reconocemos que podría haber una vía paralela con los minerales críticos”, explicó a Reuters un ejecutivo de una compañía del sector que había conversado con funcionarios estadounidenses. Washington también comenzó a reunirse con empresas interesadas en invertir en Venezuela y evaluó instrumentos para facilitar su entrada en la minería.
Lo cierto es que ese giro había comenzado meses antes. El Times relata cómo, a principios de marzo, mientras Trump celebraba la intervención militar en Venezuela, recibió en la Casa Blanca al Secretario del Interior, Doug Burgum, y a un empresario que llevó diez lingotes de oro venezolano. Según funcionarios presentes, Trump observó con aprobación el cargamento mientras sus colaboradores tomaban fotografías y bromeaban con quedarse con él, pese a que anteriormente el propio Presidente había incluido el oro venezolano en una lista negra al acusar que su extracción destruía el medio ambiente, envenenaba comunidades y financiaba a grupos criminales y militares corruptos.
Ese mismo día, la administración de Trump modificó su política para permitir la importación de oro venezolano procedente de una de las regiones mineras más violentas y corruptas del país. Los primeros cargamentos provendrían de una empresa estatal que aún era considerada una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Burgum resumió después el giro con una broma: “Normalmente, hay que estar en los Juegos Olímpicos para traer de vuelta el oro”, al relatar cómo había ayudado a abrir esa nueva ruta comercial entre Venezuela y Estados Unidos.
El 4 de marzo, relató Reuters, el Secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, viajó a Caracas acompañado por representantes de más de dos docenas de compañías mineras y de minerales de Estados Unidos. Burgum dijo que esas empresas podían representar miles de millones de dólares en inversiones. Tras reunirse con él, la Presidenta interina Delcy Rodríguez anunció una reforma de la legislación minera para permitir una mayor participación de capital privado y extranjero. “Queremos que los modelos exitosos de la ley de hidrocarburos también se reflejen en el sector minero”, declaró Rodríguez.
Del crudo a los lingotes
El primer gran negocio del nuevo esquema apareció prácticamente al mismo tiempo que la visita de Burgum. Axios reveló que Minerven, la minera estatal venezolana, acordó vender a la comercializadora Trafigura entre 650 y mil kilogramos de oro doré destinados al mercado estadounidense. Burgum ayudó a impulsar el contrato y Trafigura quedó encargada de conducir el metal hacia refinerías de Estados Unidos.
Una fuente oficial citada por Axios defendió la nueva relación comercial asegurando que anteriormente existía “mucha corrupción” alrededor de los contrabandistas del mercado negro. Bajo el nuevo mecanismo, afirmó, “el dinero por los recursos de Venezuela irá al Gobierno y al pueblo de Venezuela”, mientras que el oro que antes terminaba en países como Turquía o Irán llegaría ahora a Estados Unidos.
Washington modificó al mismo tiempo el régimen de sanciones que había limitado el comercio del oro venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— emitió en marzo licencias que autorizaron transacciones con minerales venezolanos, incluso aquellas relacionadas con Minerven.
Los contratos debían quedar sometidos a leyes estadounidenses y las empresas tenían que documentar la cadena de custodia y realizar procesos de debida diligencia. Las autorizaciones fueron ampliadas sucesivamente y, para septiembre, la licencia 51D permitía actividades comerciales con carbón y minerales venezolanos, incluido el oro, según dio a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Trafigura dijo que compraría únicamente oro procedente de operaciones propiedad de Minerven y anunció la creación de un programa de “abastecimiento responsable”. Reuters explicó que esa condición pretendía impedir la entrada de metal procedente de proveedores externos del Arco Minero del Orinoco, donde Naciones Unidas y otras organizaciones han documentado durante años explotación laboral y presencia de organizaciones criminales.
No obstante, The New York Times revela, en un amplio reportaje que abarcó desde las minas del sur de Venezuela hasta la Casa Blanca y las casas comerciales de Europa, cómo el Gobierno de Trump alineó a Estados Unidos con una industria que todavía está plagada por la misma criminalidad que él decía estar combatiendo al arrestar a Maduro.
El Times sostiene que aviones transportaron oro fuera de Venezuela incluso antes de que las empresas visitaran las minas. Parte de ese oro, según descubrió el diario neoyorquino, está vinculado a mineros que pagan sobornos a pandillas. “Esto permite que los criminales se beneficien del acuerdo estratégico del gobierno”, refiere.
Además, ahonda el diario, financieros estadounidenses están invirtiendo en una mina vinculada a gánsteres como parte de un acuerdo negociado por la administración de Trump. De esta manera, el oro venezolano que en el pasado había beneficiado a adversarios de Estados Unidos como Irán ahora está siendo redirigido hacia territorio estadounidense para su refinación.
“Pero, en parte como consecuencia de la precipitación de la administración, todo ese oro —valorado en cientos de millones de dólares— permanece intacto en almacenes”, según dijeron al Times tres personas con conocimiento de los envíos. De acuerdo con las normas internacionales, las refinerías tendrían que garantizar que el oro no haya financiado a bandas criminales, la destrucción del medio ambiente ni la corrupción.
La bonanza dorada
Lo cierto es que el negocio ha crecido sin parar. El 16 de septiembre, Venezuela otorgó a Heeney Capital, firma de inversión con sede en Nueva York, derechos de operación y exportación sobre la mina de oro Chocó, en El Callao, Bolívar. El convenio, realizado junto con la comercializadora Mercuria Energy, tiene una duración de 30 años y contempla una inversión inicial de hasta mil millones de dólares. Reuters señaló que los sectores petrolero y minero han sido priorizados para atraer capital y aumentar las exportaciones, con especial énfasis en los envíos hacia Estados Unidos.
El acuerdo fue firmado en Houston durante la reunión ministerial de Energía del G20 por representantes de Heeney, el Gobierno venezolano y la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Además de operar Chocó, Heeney y Mercuria obtuvieron el derecho de comercializar y exportar el oro producido en el yacimiento. El contrato incluso contempla la posibilidad de extenderse más allá de los 30 años inicialmente pactados, de acuerdo con Reuters.
Henry Heeney, cofundador de la compañía, aseguró que la firma pretende construir en Venezuela operaciones mineras “de clase mundial y de larga duración” y convertirse en un productor relevante de materiales críticos. La empresa sostuvo además que el proyecto buscará cumplir estándares internacionales de minería y procesamiento y contribuir al desarrollo económico venezolano.
Chocó es apenas una pieza de una apertura mucho mayor. El mismo 16 de septiembre en que se anunció el acuerdo minero, la estadounidense Continental Resources firmó con PDVSA un memorando para explorar su entrada en el bloque petrolero Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco. Reuters describió ambos convenios como parte de la estrategia de Washington y Caracas para atraer capital a los dos sectores que concentran buena parte de la riqueza natural venezolana: petróleo y minería.
The New York Times refiere que Heeney Capital y Mercuria calculan que sus acuerdos podrían generar algún día alrededor de 2 mil 200 millones de dólares anuales en exportaciones de minerales venezolanos. La entrada de ambas compañías ocurrió después de que Trafigura asegurara buena parte del suministro procedente de las minas subterráneas industriales de Minerven, lo que llevó a Heeney a buscar yacimientos más informales y potencialmente más expuestos a corrupción y daños ambientales.
Ahí apareció El Chocó. El diario encontró que contratistas que proporcionaban maquinaria, alimentos y otros servicios a la mina habían pagado dinero de protección al Tren de Guayana, según declararon dos trabajadores empleados por esas compañías. El yacimiento también había tenido participación de la empresa iraní Espadana en la construcción de una planta procesadora, pero esa relación terminó después de que Washington prohibiera al nuevo Gobierno venezolano colaborar con Irán. Cuando el Times visitó la zona, la maquinaria iraní permanecía detenida y unidades de contrainteligencia militar y vehículos blindados custodiaban el perímetro.
El problema, de acuerdo con especialistas consultados por el periódico, es que separar el oro legal del producido dentro de las estructuras criminales venezolanas resulta extraordinariamente difícil. “Alrededor del 90 por ciento del oro producido en Venezuela es de origen ilícito”, afirmó Julia Yansura, directora de programas de la Coalición FACT, una organización anticorrupción con sede en Washington. Heeney ha asegurado que modernizará El Chocó para llevarlo a estándares internacionales, aunque el reportaje señala que todavía no está claro cómo desvinculará las operaciones de las redes criminales existentes en la región.
El caso de Trafigura muestra las dificultades. La empresa comenzó a comprar oro de Minerven antes de que sus auditores independientes hubieran inspeccionado las minas y, para el verano, las compras podían alcanzar hasta 400 kilogramos mensuales. Mineros y trabajadores entrevistados por el Times describieron además un sistema mediante el cual algunas brigadas entregaban parte de su producción al Tren de Guayana como pago de protección y otra parte a Minerven, que posteriormente fundía ese material junto con el oro destinado a Trafigura.
David Soud, investigador especializado en rastrear oro ilícito y contratado por Trafigura como consultor, resumió el desafío: “la explotación está profundamente arraigada en el ecosistema aurífero venezolano”. La propia Trafigura sostiene, sin embargo, que sus auditorías no han identificado hasta ahora violaciones de derechos humanos, extorsión, financiamiento de conflictos ni participación de actores ilegales dentro de los yacimientos incluidos en su programa.
Esa incertidumbre ya tiene consecuencias comerciales. Medio año después de que Trafigura comenzara a importar oro venezolano a Estados Unidos, el metal seguía almacenado sin poder ser revendido, según fuentes citadas por el Times. Las refinerías que eventualmente lo compren tendrían que certificar que no está relacionado con delincuencia, corrupción o destrucción ambiental, un requisito que ha complicado encontrar compradores pese a los elevados precios internacionales del oro.
