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- El nuevo análisis de llamadas de 2014 y 2015 permitió identificar a más personas que no habían sido consideradas antes y reconstruir contactos con policías, funcionarios, civiles y presuntos integrantes de Guerreros Unidos.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- El caso Ayotzinapa tiene 17 nuevas personas bajo investigación a partir del nuevo análisis de las comunicaciones telefónicas del 26 y 27 de septiembre de 2014, que también llevó a las autoridades federales a reforzar la línea sobre las funerarias, hornos crematorios y el manejo de cuerpos en Iguala, Guerrero.
El Fiscal especial Mauricio Pazarán, explicó que el reanálisis integral de información telefónica, documental y pericial comenzó con una nueva revisión de registros correspondientes a 2014 y 2015, particularmente de las comunicaciones clave durante las horas críticas de la llamada noche de Iguala.
«Esto permitió identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores, ubicando a 17 personas que no habían sido identificadas y que hoy son sujetas de investigación, reconstruyendo vínculos entre ellas durante las horas críticas de la llamada noche de Iguala. Esto es muy importante», comunicó.
De acuerdo con el Fiscal Pazarán, la investigación superó la identificación aislada de líneas telefónicas para establecer quién habló con quién, cuántas veces y en qué momento, lo que permitió reconstruir las relaciones entre las personas investigadas.
«Ya no estamos hablando solamente de identificar a un número telefónico, hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces, en qué momento y por ende investigar la relación entre esas personas», afirmó.
Además, detalló que las comunicaciones evidenciaron nexos entre funcionarios, policías, civiles e integrantes de Guerreros Unidos, además de llamadas hacia negocios y servicios involucrados en el caso, entre ellos las funerarias.
Nuevas conexiones en la noche de Iguala
El análisis de las llamadas también permitió detectar patrones de movilidad a partir de la frecuencia e intensidad de las comunicaciones durante los horarios considerados de mayor relevancia.
El Fiscal especial detalló que el seguimiento de la comunicación de integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos «La Gabi», «El Chucky» -ambos actualmente fallecidos- y «El Chano», permitió establecer que durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 mantuvieron comunicación directa con Rodolfo «N», empresario y propietario de la Funeraria «El Ángel» y Funerales «Económicos Rueda»
«A partir de este reanálisis se fortaleció particularmente la línea de investigación que años atrás se había abierto en relación con las funerarias y hornos crematorios», sostuvo.
Esta interacción llamó la atención de los investigadores, quienes dieron seguimiento a ese indicio y establecieron que Rodolfo «N» sostuvo, a su vez, ocho comunicaciones con Irving «N», quien actualmente es nutriólogo y en 2014 era estudiante. Las llamadas entre ambos ocurrieron durante la misma noche de septiembre. Incluso, Irving «N» también mantuvo comunicaciones con los mismos integrantes de Guerreros Unidos.
Pero el reanálisis de las comunicaciones llevó a los investigadores a otro dato: en agosto de 2025 detectaron que Rodolfo «N» utilizó el 4 de octubre de 2014 el equipo telefónico de Julio César Mondragón Fuentes, uno de los estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con Pazarán, «Este hallazgo fortaleció los indicios que vinculan a personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes». A partir de esta línea, en octubre de 2025 las autoridades federales realizaron un cateo en la Funeraria «El Ángel», donde descubrieron que también operaba un Servicio Médico Forense (Semefo), cuya administración también estaría relacionada con los propietarios del negocio.
Durante la diligencia fue localizado un fragmento óseo dentro de un cajón, un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y documentación relacionada con Irving «N», así como un horno para cremación clandestino que no se registró ante las autoridades estatales.
También se localizaron certificados de defunción en blanco, formatos para el traslado de cadáveres y autorizaciones de inhumación que ya tenían sellos y firmas oficiales, lo que «abría la posibilidad de introducir información falsa o la apariencia con una apreciación de un respaldo oficial».
La Funeraria «El Ángel», sus dos hornos crematorios y el horno clandestino fueron asegurados, al igual que diversos indicios encontrados en el inmueble. Además Rodolfo «N», padre, y Rodolfo «N», hijo, fueron detenidos y quedaron sujetos a proceso, con prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estados de México (Edomex).
Restos óseos y más pistas en el Semefo de Iguala
El 8 de diciembre de 2025, las autoridades federales hicieron un segundo cateo en el Servicio Médico Forense (Semefo) del mismo predio, donde hallaron restos óseos no registrados, cuerpos con expedientes duplicados y documentos con fechas de 2014, además de restos calcinados y dientes sobre un colchón en la parte trasera.
Las diligencias en el predio de la Funeraria El Ángel se extendieron hasta junio de 2026 y dejaron 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos, los cuales son analizados por peritos forenses y el Equipo Argentino de Antropología Forense a petición de las familias. Según el Fiscal Pazarán, los restos humanos encontrados en la parte trasera del servicio forense tuvieron una coincidencia genética con otro fragmento localizado el 17 de diciembre de 2021 en Taxco, Guerrero, en el camino a las antenas de Mezcaltepec, a unos 123 kilómetros de distancia.
Asimismo, señaló que los documentos ubican el Semefo de Iguala bajo el control de la familia Rueda Mazón desde 2010, con supervisión del Gobierno estatal, y a esto se suman los testimonios de los testigos «Sonia», «Damián» y «Neto», quienes señalaron que «algunos estudiantes pudieron ser llevados a funerarias para incinerarlos y desaparecer la evidencia mediante procesos de incineración, se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de las funerarias» locales y del servicio Médico Forense en Iguala, Guerrero, esto como posibles mecanismos utilizados por la organización criminal conocida como Guerreros Unidos».
Como parte de esta línea de investigación para determinar el paradero de los normalistas y señalar a los responsables, se abrió un segundo proceso penal contra Rodolfo «N», padre, por delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, el 17 de junio de 2026 se obtuvieron siete órdenes de aprehensión contra servidores públicos e integrantes de la familia Rueda Mazón, quienes ya fueron vinculados a proceso bajo prisión preventiva a la espera de que se defina su responsabilidad individual.
Otros teléfonos abren nuevas líneas de investigación
El análisis telefónico también permitió identificar nuevos movimientos relacionados con tres de los estudiantes: el equipo de Julio César Mondragón Fuentes fue utilizado el 23, 24 y 25 de octubre de 2014 por Mauro «N», un exfuncionario público de Iguala. Por este caso, un Juez federal de Toluca ordenó el 25 de agosto de 2026 su aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada relacionada con los 43 estudiantes.
El Gobierno de México informó nuevas líneas sobre lo que pasó la noche que desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
En el caso de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, su teléfono fue operado el 30 de septiembre de 2014 por un policía municipal de Iguala y, más tarde, por la pareja del agente, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) investiga para determinar si participó en la detención y desaparición de los jóvenes.
Finalmente, el teléfono de Israel Caballero Sánchez fue encendido semanas después por la esposa de otro exfuncionario público municipal adscrito a la Barandilla, lo cual también fortalecería la hipótesis de que varios normalistas terminaron en esa sede policial, lo que contradice la versión del testigo José Ulises «N», quien afirmó que sólo seis jóvenes ingresaron al lugar.
Después se sumaría el testimonio de «Halcón», presunto integrante de Guerreros Unidos identificado como menor de edad en octubre de 2025 y detenido en abril de 2026, quien tras convertirse en colaborador aportó datos en julio para ubicar nuevos puntos de búsqueda.
Respecto al Palacio de Justicia de Iguala, el Fiscal Pazarán señaló avances en el análisis de sus cámaras de seguridad, las cuales apuntaban directo al punto donde se perdió el rastro de varios estudiantes y pudieron captar hechos relevantes. Con la detención y colaboración de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Lambertina «N», y la visitadora Blanca «N», las autoridades federales obtuvieron datos sobre el manejo de las grabaciones y las decisiones de varios funcionarios estatales y municipales, una pista que condujo al arresto del exgobernador Ángel Águirre por desaparición forzada el 6 de agosto de 2026.
La investigación acumula 162 expedientes: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales; 168 procesados, de los cuales 130 están encarcelados y 38 enfrentan el proceso en libertad condicionada. Entre las personas detenidas se encuentran nueve expolicías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de la delincuencia organizada, siete funcionarios, entre ellos el exgobernador de Guerrero, dos empresarios y cuatro civiles, de acuerdo con el informe.
El l Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que la investigación del caso Ayotzinapa ha pasado por tres etapas: la primera, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, estuvo marcada por la presentación de la llamada «verdad histórica»; con Andrés Manuel López Obrador (AML) se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) para retomar la búsqueda de los 43, mientras que en los dos años que van del sexenio de la Presidenta Sheinbaum Pardo se amplió el análisis de documentos, registros telefónicos y dictámenes periciales.
En este periodo, las autoridades reforzaron las brigadas de campo: entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 inspeccionaron mil 028 sitios en 36 puntos de seis municipios de Guerrero, con lo que, desde 2019 han sido mil 931 búsquedas en nueve municipios.
«A 12 años de los hechos, el compromiso del Gobierno de México es claro: encontrar a los jóvenes, conocer la verdad sobre lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables», garantizó.
