- Integrantes del OAJ abordaron 12 asuntos sustantivos relacionados con la operación jurisdiccional y administrativa.
- Se presentaron acuerdos sobre organización judicial, segunda instancia, amnistía, justicia para adolescentes, materia laboral, carrera judicial y combate a la corrupción.
Para acercar la toma de decisiones a las regiones y atender asuntos relacionados con la administración y el funcionamiento del Poder Judicial del Estado de México, el Órgano de Administración Judicial celebró su Segunda Sesión Ordinaria Pública Itinerante en la que participó, como invitado permanente, el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y encabezó el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial.
En el Salón del Pueblo del Palacio Municipal de Tlalnepantla, ante Óscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas y representante personal de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz; las Magistradas María Alejandra Almazán Barrera y Elizabeth Rodriguez Colín, así como los Magistrados Pablo Espinosa Márquez y Edgar Hernán Mejía López, integrantes del OAJ, aprobaron por unanimidad de votos 12 asuntos sustantivos para la operación de la institución.
“Celebro que las decisiones del Órgano de Administración Judicial tengan como horizonte siempre fortalecer la función jurisdiccional, somos un Poder Judicial privilegiado, el más importante del país y se debe al trabajo de los juzgados, a la coordinación del Tribunal Superior de Justicia, el de Disciplina y a la correcta administración de los recursos por parte del Órgano de Administración”, afirmó el Magistrado Presidente Macedo García.
“Esto es una secuencia de lo que se informa y lo que se concreta en la realidad”, indicó al referirse a la creación y adecuación de órganos jurisdiccionales. Subrayó que las decisiones administrativas deben responder a las cargas de trabajo de juezas, jueces, magistradas y magistrados; así como reconoció el trabajo previo que implica cada determinación del Órgano.
El Secretario Flores Jiménez señaló que el carácter itinerante de la sesión refleja la decisión de las instituciones de salir de sus oficinas, acercarse a las personas y conocer directamente las necesidades de las comunidades.
“La itinerancia de nuestras sesiones no es un acto protocolario o simbólico; es una convicción viva de proximidad”, expresó Díaz Juárez, al exponer los motivos de este ejercicio, señaló que la nueva conformación del Poder Judicial distingue las funciones jurisdiccional, disciplinaria y administrativa, esta última encargada de planear, organizar y asegurar que los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos se dirijan prioritariamente a la impartición de justicia. Explicó que sesionar en las regiones permite llevar las decisiones administrativas al territorio en el que diariamente trabajan los órganos jurisdiccionales y se atienden las necesidades de la población.
Indicó que en la Región Judicial de Tlalnepantla laboran mil 346 personas servidoras judiciales adscritas a 44 órganos -36 de primera instancia y ocho de segunda instancia-, que atienden a una población cercana a los cinco millones de habitantes, distribuida en 16 municipios y dos distritos judiciales. Agregó que esta región concentra alrededor del 26 por ciento de los asuntos iniciados en el Poder Judicial y que, durante 2026, ha emitido más de 61 mil resoluciones.
Al dar la bienvenida, el alcalde Pérez Cruz destacó la relevancia de que el municipio fuera sede de esta Segunda Sesión Ordinaria Pública Itinerante y expresó su reconocimiento a las autoridades e integrantes del Poder Judicial que participaron en los trabajos.
La Magistrada María Alejandra Almazán Barrera presentó el acuerdo para extinguir la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla. Explicó que, mientras las dos salas colegiadas civiles que existen registraron durante 2025 cargas de 561 y 550 asuntos, respectivamente, la Sala Unitaria Civil recibió 917, una carga considerablemente mayor, atendida por una sola persona magistrada. Por ello, se determinó distribuir sus asuntos entre las dos salas colegiadas, integradas por seis magistraturas en conjunto, a fin de equilibrar el trabajo y aprovechar los recursos disponibles. La implementación se prevé a partir de octubre.
Así como expuso la transformación de la Sala Unitaria Familiar de Tlalnepantla en la Segunda Sala Colegiada Familiar de esa región. Explicó que la medida responde a la complejidad y volumen de la materia familiar y permitirá que las dos salas colegiadas conozcan de manera equitativa tanto de apelaciones contra sentencias definitivas como de resoluciones interlocutorias y otras determinaciones intraprocesales. La transformación se realizará con los recursos humanos existentes, sin requerir la creación de una nueva plantilla, y permitirá dejar de distribuir asuntos de Tlalnepantla hacia las salas familiares de la Región Judicial de Toluca.
Por su parte, la Magistrada Elizabeth Rodríguez Colín, presentó los nuevos lineamientos para normar el procedimiento establecido en la Ley de Amnistía, derivados de las reformas realizadas a ese ordenamiento durante 2026. Los lineamientos precisan puntos como, qué órganos jurisdiccionales serán competentes para conocer de las solicitudes dependiendo de la etapa procesal, reglas para las notificaciones, manejo y resguardo de la información, identificación de expedientes y coordinación con otras instituciones participantes.
Además, explicó el acuerdo para crear seis nuevos Tribunales de Alzada en Materia Penal de conformación unipersonal: dos en la Región Judicial de Toluca, dos en Tlalnepantla, uno en Texcoco y uno en Ecatepec. La propuesta plantea disminuir la concentración de asuntos en estos órganos. También presentó la ampliación de competencia del Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en línea, para que conozca de solicitudes relacionadas con el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Asimismo se aprobaron lineamientos para la operación de los Tribunales de Alzada en Materia Penal y del Tribunal de Alzada Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, respecto de los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones que nieguen órdenes de cateo emitidas por el Juzgado de Control Especializado.
En materia laboral, la Magistrada Rodríguez Colín presentó la creación de 23 plazas para fortalecer los recursos humanos de los tribunales especializados. Recordó que la justicia laboral inició operaciones en el Poder Judicial mexiquense en 2020 y que, pese al crecimiento progresivo del número de órganos y de asuntos recibidos, las plantillas no han crecido en la misma proporción.
Expuso además los acuerdos para modificar el domicilio del Tercer Tribunal de Alzada de Toluca, la Sala Unitaria Penal del Estado de México y el Tribunal de Alzada Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que serán trasladados a instalaciones ubicadas en la carretera Toluca-Almoloya de Juárez.
El Magistrado Hernán Mejía López presentó el acuerdo general para establecer acciones institucionales de prevención y combate a la corrupción al interior del órgano, a fin de construir un marco normativo que permita desplegar programas y acciones concretas en materia de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. Además presentó el punto para dar continuidad al ejercicio de los cargos de diversas juezas y jueces, en atención al Régimen Transitorio de la Reforma Constitucional en Materia Judicial.
Mientras que el Magistrado Pablo Espinosa Márquez habló de la convocatoria para integrar la Lista Oficial de las y los Peritos Externos del Poder Judicial del Estado de México, la que contempla etapas de registro, carga documental, análisis, cotejo y verificación de capacidades y conocimientos, publicación de una lista preliminar y un periodo para aclaraciones, cuyo propósito es contar, antes de concluir el año, con una relación definitiva de especialistas que auxilien a los órganos jurisdiccionales bajo criterios de exigencia profesional.
Explicó el acuerdo para conminar a las personas servidoras públicas del servicio de Carrera Judicial que se encuentran en determinados supuestos a inscribirse en el próximo concurso de oposición, que comprende a 210 personas: 97 que cuentan con curso de formación pero no han realizado el concurso de oposición; 31 cuyo curso de formación ya no se encuentra vigente, y 82 que no cuentan ni con curso de formación ni con concurso de oposición, a fin de fortalecer la profesionalización y asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Carrera Judicial.
Asistieron a esta sesión, Eriko Flores Pérez, Secretario Técnico y Carlos Eduardo Romero Castro, Secretario de Acuerdos, ambos del OAJ, Elvira Díaz Salgado, Fiscal Central Jurídica, en representación de José Luis Cervantes Martínez, Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como magistradas, magistrados, juezas, jueces, personas servidoras públicas, titulares de áreas administrativas, integrantes del Ayuntamiento, representantes de cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, barras y colegios de abogados.




