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- El Congreso mexiquense aprobó la reforma “Mariana Lima Buendía” que obliga a indagar estos casos con perspectiva de género.
- Y plantea reforzar las responsabilidades de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia cuando existan irregularidades en la atención de delitos cometidos contra mujeres.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 10 de Septiembre de 2026.- El Congreso del Estado de México aprobó una reforma que busca modificar la manera en que son investigadas las muertes violentas de mujeres y niñas en la entidad, al establecer como obligación que estos casos sean atendidos con perspectiva de género y bajo los criterios aplicables a una investigación de feminicidio.
La iniciativa, impulsada por la diputada de Morena Jennifer Nathalie González Lópe, fue denominada “Mariana Lima Buendía” y plantea reforzar las responsabilidades de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia cuando existan irregularidades en la atención de delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
Uno de los principales cambios consiste en establecer, dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, que la Fiscalía General de Justicia estatal deberá investigar con perspectiva de género y bajo el principio de debida diligencia “todas las muertes violentas de mujeres y niñas, aplicando el protocolo correspondiente al feminicidio”.
La modificación pretende evitar que una muerte violenta sea descartada de manera anticipada como accidente, suicidio u otra causa sin que previamente se hayan agotado las líneas de investigación relacionadas con la violencia de género.
La reforma también incorpora nuevas responsabilidades para las personas servidoras públicas encargadas de investigar o sancionar delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
De acuerdo con los cambios aprobados al Código Penal estatal, quienes incurran en actos de corrupción, omisiones, negligencia u otras conductas que tengan como consecuencia obstaculizar una investigación o la administración de justicia podrán enfrentar penas de cuatro a diez años de prisión, además de 100 a 150 días multa, así como destitución e inhabilitación, según corresponda.
Con ello, el Congreso busca establecer consecuencias penales para los casos en que la actuación de una autoridad termine afectando el acceso de las víctimas o sus familiares a la verdad y a la justicia.
El contenido de la modificación retoma propuestas de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, y del abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, además de incorporar criterios derivados de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de marzo de 2015.
El caso de Mariana Lima se convirtió en un precedente relevante para la investigación de muertes violentas de mujeres. Inicialmente, su muerte había sido considerada un suicidio y el expediente fue archivado; posteriormente, tras la intervención de la Suprema Corte, el caso fue reabierto y analizado con perspectiva de género, hasta acreditarse que se trató de un feminicidio.
A partir de ese antecedente, la reforma aprobada por el Poder Legislativo mexiquense busca convertir en obligaciones legales algunos de los parámetros establecidos por la Suprema Corte para evitar que investigaciones deficientes impidan conocer la verdadera naturaleza de una muerte violenta.
El dictamen aprobado por el Congreso identifica diversas deficiencias que históricamente han afectado las investigaciones relacionadas con feminicidios; entre ellas se encuentran la pérdida de evidencias, investigaciones que no agotan todas las líneas posibles y una aplicación deficiente de la perspectiva de género.
La nueva disposición pretende que estos factores sean atendidos desde el inicio de las investigaciones y que las autoridades actúen con mayor rigor para preservar pruebas, esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Otro de los objetivos de la modificación al Código Penal es fortalecer los derechos de las víctimas y de sus familiares, particularmente en materia de “verdad, justicia y reparación del daño”.
La reforma parte de la premisa de que una actuación negligente o deliberadamente obstructiva por parte de una autoridad puede convertirse en un nuevo obstáculo para las víctimas, especialmente cuando se trata de delitos relacionados con violencia de género.
Con la aprobación de la iniciativa, el Congreso mexiquense busca así que la perspectiva de género no quede únicamente como un criterio de actuación institucional, sino que se convierta en una obligación respaldada por disposiciones legales y sanciones para quienes incumplan con su deber de procurar justicia.
