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- Con expedientes en mano y el respaldo del colectivo «Soy Papá, No Criminal», decenas de familias exigen a legisladores y jueces frenar la corrupción y proteger los derechos de la niñez, por lo que exigen una revisión urgente al Código Civil y Penal.
- Protestan frente a los sedes del Poder Legislativo y del Poder Judicial del Estado de México, con la única exigencia de frenar la “perversa” fabricación de carpetas de investigación por denuncias falsas.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 09 de Septiembre de 2026.- El clamor es ensordecedor y la indignación absoluta, entre sollozos, impotencia y expedientes sepultados por la burocracia, decenas de hombres, madres y abuelas alzaron la voz en una protesta contundente frente a los sedes del Poder Legislativo y del Poder Judicial del Estado de México, con la única exigencia de frenar la “perversa” fabricación de carpetas de investigación por denuncias falsas que, amparadas en la corrupción de jueces y ministerios públicos, mantienen a cientos de niños encarcelados en el alienamiento y alejados de sus familias.
Bajo el cobijo del movimiento «Soy Papá, No Criminal» y en el marco del “Día Internacional contra las Denuncias Falsas”, los manifestantes expusieron el horror que se vive en los juzgados familiares y las fiscalías mexiquenses con procesos que, a su decir, “se dilatan intencionalmente por años, corrupción institucional institucionalizada y una flagrante violación a los derechos humanos de la niñez”.
Los testimonios vertidos a las puertas del Congreso local desnudan un sistema judicial fallido que actúa con negligencia criminal, donde detrás de las frías estadísticas hay historias marcadas por el trauma y la desolación.
Un padre de familia relató cómo, tras haber rescatado a sus tres pequeños de situaciones de violencia y haberlos criado en soledad durante cuatro años sin recibir un solo peso de pensión alimenticia, fue privado violentamente de la custodia mediante una acusación infundada.
«Llegaron por maltrato, a mi hijo lo taqueteaba la abuela materna y otra vez está en sus manos. ¡Nadie hace nada! Somos hombres trabajadores y honrados, ¡nos están dejando aplastar!», recriminó al borde del llanto.
La desesperación se extiende a los adultos mayores, una abuela denunció sumar tres años sin poder ver a su nieta debido a falsas acusaciones de violencia; a pesar, denunció de existir dictámenes oficiales, “incluso peritajes de la Fiscalía y valoraciones avaladas por la Guardia Nacional, que acreditan que no existe violencia ni violación, las autoridades judiciales se niegan a otorgar la revinculación”.
Los afectados señalaron directamente a funcionarios de la fiscalía especializada ubicada en Matlazincas y juzgados familiares de Toluca y Metepec. «Hay órdenes de protección de alto riesgo inventadas y una corrupción evidente con la MP Gabriela y varios funcionarios. Las quejas no proceden; al contrario, ¡hasta los premian y los hacen coordinadores!», acusaron.
«Tenemos un papá al que se le dio acompañamiento porque se quería suicidar. Hay muchos padres que tienen pánico de ir a la fiscalía porque piensan que los van a detener por una denuncia falsa de violación sin una sola prueba”, reveló una de las abuelas afectadas.
Por otra parte, representantes de la organización informaron que actualmente acompañan cerca de 80 casos documentados en al menos 30 municipios del Estado de México, donde se ha vinculado a proceso a padres de familia sin pruebas contundentes, imputándoles delitos de extrema gravedad como sustracción de menores e incluso secuestro de sus propios hijos.
Verónica Valdez Olivares, integrante del colectivo, enfatizó que algunos padres enfrentan hasta tres denuncias simultáneas, principalmente por violencia familiar, una estrategia que la contraparte utiliza para congelar la convivencia de forma indefinida mientras los secretarios de acuerdos y peritos se toman hasta un año y medio en emitir dictámenes básicos de trabajo social.
Durante la jornada, que incluyó manifestaciones simultáneas en las instalaciones de la Fiscalía en Ecatepec y la entrega de un pliego petitorio dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Vázquez Rodríguez, las familias hicieron un llamado de auxilio urgente y un reclamo político directo.
Exigen que el Poder Legislativo audite de inmediato la actuación de jueces, magistrados y ministerios públicos, aplicando sanciones ejemplares a los servidores públicos que actúen como cómplices del secuestro institucional de menores, solicitaron la instalación urgente de mesas de diálogo para revisar las disposiciones del Código Civil y Penal, así como la creación de registros estadísticos sobre procesos familiares viciados.
Además, las familias que respaldaron en las urnas el proyecto político actual exigieron que los legisladores de la mayoría cumplan sus compromisos con la justicia social. «Así como tuvieron el valor de pedir el voto casa por casa, tengan el valor de cambiar las leyes. No pedimos privilegios para los hombres; pedimos leyes justas que se apliquen para todos, porque las principales víctimas son los niños», sentenciaron.
Finalmente, el colectivo «Soy Papá, No Criminal» advirtió que las movilizaciones no cesarán hasta que las autoridades dejen de criminalizar la paternidad y garanticen un sistema judicial libre de sesgos, donde los derechos superiores de la niñez prevalezcan sobre la corrupción burocrática.
