Carlos H.
Por Luz del Alba Belasko
El gobierno de Chiapas —heredero institucional de los gobiernos que en 1994 bombardearon poblados y en 1998 desgastaron a la CONAI hasta su renuncia— hoy otorga un reconocimiento a la Diócesis y exalta la figura de Samuel Ruiz. El gesto no es memoria histórica, es operación política sobre un cadáver simbólico. El mismo Estado que veía al «Tatic» como un obstáculo para la gobernabilidad, hoy lo engalarda. ¿La razón? El contexto cambió: el EZLN ya no es una amenaza militar tangible, y el discurso del «humanismo mexicano» necesita anclajes morales en el sur.
¿Porqué ahora?: es un movimiento electorero, pero más sofisticado que un simple «uso». Se inscribe en tres lógicas:
La cooptación del relato: Morena (y sus gobiernos estatales) han aprendido que apropiarse de íconos de la izquierda crítica les permite desactivar la memoria incómoda. Al homenajear a Ruiz, el gobierno no se acerca al zapatismo; lo licúa. Lo convierte en un «santo de unidad nacional», borrando su radicalidad: recordemos que Ruiz no era un pacifista ingenuo; su mediación tenía un piso ético innegociable (autonomía, tierra y techo). El gobierno actual acepta la foto, pero no la carpeta de exigencias.
El cálculo territorial en los Altos: Chiapas hoy es un polvorín de violencia por narcotráfico y disputas agrarias no resueltas. La diócesis sigue siendo el único contrapeso moral real en muchas comunidades. Reconocerla es un intento de desactivar futuras críticas eclesiásticas ante la militarización; es pagar un peaje simbólico para que la Iglesia no alce la voz cuando el Estado falle en la seguridad.
El ensayo para 2027: Las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina. El voto indígena y el voto de las periferias urbanas (donde Ruiz es aún venerado) son determinantes.
El gobierno envía un mensaje claro: «Nosotros también somos los herederos de la lucha indígena». Es un acto de suplantación patrimonial, donde se apropian de la legitimidad de Ruiz para restregársela en la cara a las oposiciones locales (que suelen tener raigambre priista o panista).
La paradoja de esa trampa del reconocimiento, el gobierno se arriesga a reabrir sus propias heridas. Al glorificar a Ruiz, el discurso oficial inevitablemente debe mencionar el «diálogo de San Andrés» y los acuerdos firmados… que el propio gobierno federal (en ese entonces Zedillo, pero con continuidades) nunca cumplió. Es decir, al poner a Ruiz en un pedestal, el gobierno estatal está reconociendo tácitamente que la mediación era válida y que el Estado falló. Un gesto que puede ser leído como cinismo por las bases zapatistas, pero que al ciudadano promedio le suena a «reconciliación».
No estamos ante un «uso» burdo (como pegarse a un famoso en campaña), sino ante una fagocitación estratégica. El gobierno de Chiapas no busca entender a Ruiz, busca sepultarlo en vida simbólica: lo premia para neutralizar su legado crítico. Al convertirlo en «héroe oficial», lo vacían de contenido subversivo. El riesgo para ellos es doble: la diócesis actual (más crítica al narco-Estado) podría rechazar el premio o usarlo para demandar acciones concretas, y las comunidades indígenas saben que una medalla no reemplaza la autodeterminación.
Este reconocimiento es electorero, pero también es un síntoma de que el Estado prefiere lidiar con santos muertos que con vivos incomodando. La estrategia es desactivar memoria para ganar votos, y el vehículo es la amnesia selectiva de un gobierno que hoy abraza a quien ayer persiguió. ¿Funcionará? Dependerá de si la diócesis acepta ser el florero o si, como hizo Ruiz en 1998, decide romper la mesa.
