Denisse
- «Parecería que el cerco de indagatorias y proceso judicial se cierra sobre ‘Alito’, pero está por verse si en el Congreso procede su desafuero».
Por Ana Lilia Pérez
Envalentonado por la inmunidad que le otorga el fuero constitucional, el Senador priista Alejandro Moreno ha convertido las escalinatas fuera del Capitolio estadounidense en su fondo de pantalla para la foto y escenario para sus videos en los que, con una retórica agresiva y repetitiva, amenaza con denuncias que dice presentar contra el Gobierno de México y hasta contra consejeros del Instituto Nacional Electoral, al mismo tiempo que, de manera patética le implora al gobierno estadounidense que intervenga en México.
El político que arrastra de manera sistemática los peores niveles de aprobación en las encuestas de percepción ciudadana, parece empecinado en consolidarse como el sepulturero definitivo del PRI, y en esa ruta fue despojando al partido tricolor de lo poco que le quedaba de aquella base ideológica con que un día fue fundado, que era la bandera del nacionalismo revolucionario y la defensa de la soberanía, lo que «Alito» aniquiló con su actitud absolutamente entreguista ante el gobierno estadounidense.
Y es que Alejandro Moreno hizo de los despojos del PRI su franquicia personal, para usar las siglas como membrete para suplicarle a gobiernos extranjeros y a otras instancias internacionales que intervengan en los asuntos internos de México.
Su teatralizada estrategia –que incluye violentas artimañas porriles tanto discursivas como físicas– tiene como finalidad evadirse de los cargos que se le imputan por enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones, defraudación fiscal y lavado de dinero que arrastra desde su periodo de Gobierno en Campeche (2015-2019) cuando fue acumulando lujosas propiedades, bienes muebles e inmuebles de las que hay discrepancias fiscales millonarias, que son los cargos señalados por la Fiscalía de Campeche.
A partir de que esa Fiscalía abrió carpetas de investigación relacionadas con esos delitos y que comenzó a indagar las inconsistencias e irregularidades en su inexplicable patrimonio, Alejandro Moreno, ya entonces como Diputado federal y presidente nacional del PRI empezó con su estrategia de viajes al extranjero y denuncias que él promueve como “denuncias contra la narcodictadura”.
Así, cada vez que hay avances en las indagatorias de la Fiscalía de Campeche, el dirigente priista se organiza otra “gira internacional” y difunde videos con su altisonante perorata.
En su viaje más reciente para fotografiarse en las escalinatas del Capitolio, el 10 de agosto escribió en sus redes sociales que acudió a Washington a denunciar a consejeros del INE ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Días antes la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió una resolución en la que determinó procedente la adopción de medidas cautelares contra las calumniosas publicaciones realizadas por Alejandro Moreno a nombre del PRI y difundidas en los canales oficiales del tricolor en las que hizo graves acusaciones en contra de Morena. En específico cinco publicaciones realizadas desde las cuentas de Alejandro Moreno como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y cuatro publicaciones o reposteos difundidos por la cuenta del PRI, en las que usa términos como “narcodictadura” y otros similares.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó el retiro de esas publicaciones al considerar que “podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos”.
«Alito» respondió con la repetición de su show desde Washington. Un show que tiene un costo.
Recientemente la revista Forbes publicó que el presidente del PRI paga 120 mil dólares por gestorías -en seis cuotas mensuales de 20 mil dólares- a una empresa de relaciones públicas que le coordina su agenda logística en sus visitas a Washington.
La empresa contratada, cita Forbes, es Concord Hill Strategies, “quien le coordina la logística de las reuniones con funcionarios del gobierno de Donald Trump y el Congreso de Estados Unidos, así como le recomienda cómo vestirse en esos encuentros”.
Aunque el PRI tiene muy disminuida su presencia como partido y en número de afiliados, ese partido aún recibe recursos públicos millonarios que se le transfieren como prerrogativas, y que «Alito» utiliza para su intensa autopromoción: prácticamente todas las campañas tienen su rostro; manda imprimir su nombre en bardas, mantas, pósters y toda clase de promocionales; aparece también en anuncios que el PRI paga en televisión, radio y multiplataformas.
Son además sus retratos lo que rellena los “libros” a los que destina millones de pesos. Describo uno de éstos que, en el año 2022, para el 93 aniversario del PRI, su dirigente mandó hacer: lleva su retrato en la portada, en 47 de 408 páginas incluye fotografías donde él aparece, y su nombre se menciona 50 veces. En ese “libro” gastó un millón 624 mil pesos.
Alejandro Moreno asumió la dirigencia del PRI en 2019, y ha manejado desde entonces en promedio más de mil millones de pesos anuales que ese partido ha recibido para su gasto ordinario, más lo adicional en años de campaña.
Modificando los estatutos del PRI, Alejandro Moreno se reeligió como dirigente del partido para el periodo 2024-2028, en un proceso de reelección ampliamente criticado por muchos de sus correligionarios y que generó otra desbandada de priistas.
Para 2024, año de elecciones, el PRI recibió más de mil 200 millones de pesos para sus gastos ordinarios y más de 600 millones para sus gastos de campaña. Fue en ese periodo cuando «Alito» se asignó el primer lugar de la lista nacional del PRI para el Senado por representación proporcional, con lo que aseguró también su fuero.
Para el próximo 2027, al PRI se le transferirán más de mil 300 millones de pesos, para sus gastos ordinarios y para gastos de campaña, según las cifras del anteproyecto de presupuesto aprobado por el INE.
De ese tamaño sería la bolsa de recursos que maneje el dirigente de ese partido, quien seguirá con su autopromoción y “giras” pagadas con recursos públicos, si es que en San Lázaro siguen manteniendo en la congeladora su proceso de desafuero.
A cada avance en las indagatorias que la Fiscalía de Campeche hace relacionadas con las carpetas de investigación que se le imputan, «Alito» intensifica sus agresivos mensajes.
Las más recientes son la detención y vinculación a proceso del contador Luis Antonio Espinosa Campos, y de Carlos Alberto Medina Hernández, a quienes se imputa el delito de peculado, la malversación y desvío de recursos públicos mediante un entramado en el cual se habrían desviado al menos 36 millones de pesos utilizando empresas fantasma con operaciones simuladas (EFOS), a través de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche con Alejandro Moreno.
A diferencia del contador Espinosa Campos, a quien se le dictó prisión preventiva, a Medina Hernández recién se le modificó la medida cautelar y obtuvo el beneficio de libertad provisional bajo fianza, para que lleve su proceso en libertad.
Parecería que el cerco de las indagatorias y proceso judicial se va cerrando en torno a Alejandro Moreno, pero está por verse si en el Congreso procede su desafuero, que prácticamente se ha mantenido en la congeladora por años, evidenciando que los modos priistas de negociaciones y complicidades aún pesan en San Lázaro, y que los políticos siguen utilizando el fuero como un instrumento para la impunidad.
La Constitución, en su Artículo 111, mandata que para que una persona que tiene fuero sea sujeta a procesos de índole penal en un tribunal, tiene que pasar primero por un procedimiento en el que se le retire la inmunidad procesal penal.
Para retirar esa protección, la Cámara de Diputados debe realizar una declaratoria de procedencia –desafuero– a través de su Sección Instructora. Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspende todo procedimiento, pero “ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continué su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo”. Si la Cámara declara que “si ha lugar”, “el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con apego a la Ley”.
La Fiscalía de Campeche solicitó desde hace ya varios años que el Congreso iniciara juicio de procedencia para el proceso de desafuero a Alejandro Moreno, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones, defraudación fiscal y lavado de dinero de su periodo como gobernador.
Pero en la Sección Instructora el expediente se mantuvo archivado, luego se dijo que la documentación se había extraviado, después, ante los diversos cuestionamientos por su evidente inacción, a finales del año pasado el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, salió a decir que sería en febrero de 2026 cuando se retomaría la revisión del caso, pero transcurrieron los meses y tampoco pasó.
Hace unos días, tras la detención y vinculación a proceso de los excolaboradores de Alejandro Moreno, en San Lázaro parecieron recordar que en la Sección Instructora está pendiente la revisión de la solicitud de desafuero.
Al frente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores mantuvo congelado el proceso de desafuero del dirigente del PRI, y ahora Hugo Eric Flores está entretenido en dirigir su nuevo partido, el PAZ, que recibirá una partida presupuestal cuantiosa. En el anteproyecto de presupuesto del INE se estipula que el PAZ recibiría más de 157 millones de pesos para sus gastos ordinarios y más de 47 millones de pesos para campaña.
Ahora los legisladores dicen que será en septiembre, al arranque del último año de la actual Legislatura que se discutirá el caso de Alejandro Moreno. Así que «Alito» seguirá impune y montando su show con cargo al erario, en tanto la inacción cómplice de los diputados lo mantenga con fuero.
