Carlos H.
Opinión
Por Emilio Ulloa
Hay delitos que lastiman el patrimonio y hay delitos que, además, lastiman la tranquilidad, la historia y la dignidad de las familias: el despojo de viviendas pertenece a esta segunda categoría, y cuando se trata de personas de la tercera edad debemos expresar nuestro mayor repudio.
No se trata solamente de la pérdida un inmueble; significa, para muchas personas, ver cómo el esfuerzo de toda una vida puede ser arrebatado mediante la violencia, el engaño, documentos falsificados, suplantación de identidad o la acción coordinada de notarios sin escrúpulos y de grupos que han convertido la propiedad ajena en un negocio criminal.
La dimensión del problema obliga a encender las alertas, particularmente en la Ciudad de México y el Estado de México. En territorio mexiquense, la Fiscalía General de Justicia tiene identificadas al menos diez organizaciones que, bajo la apariencia de sindicatos u organizaciones sociales, se dedican al despojo de inmuebles de adultos mayores. Tan sólo durante 2025 se abrieron 5 mil 594 expedientes por este delito; de ellos, las autoridades han logrado recuperar 2 mil 307 casas y predios y restituir mil 452 a sus legítimos propietarios.
Estas cifras no describen un problema marginal; revelan la existencia de estructuras capaces de apropiarse ilegalmente del patrimonio de particulares y, en algunos casos, de operar mediante redes con colusión política que combinan presión física, intermediación jurídica irregular, falsificación documental y complicidades institucionales. Cuando un grupo puede identificar un inmueble -que en la mayoría de los casos es propiedad de personas mayores-, ocuparlo, impedir el acceso de su propietario y posteriormente intentar dar apariencia de legalidad a esa ocupación, ya no estamos frente a un simple conflicto entre particulares: estamos ante una modalidad de criminalidad patrimonial que debe ser combatida con inteligencia y firmeza.
El gobierno de Clara Brugada ha reconocido la gravedad del fenómeno y ha construido una estrategia específica contra el despojo. En agosto de este año presentó ocho nuevas acciones para fortalecer la protección del patrimonio familiar, acelerar la restitución de inmuebles y cerrar espacios a las redes dedicadas a este ilícito. La estrategia incluye medidas de regularización y escrituración, mecanismos de defensa jurídica y una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar el delito.
El mensaje político es correcto: no puede normalizarse que las personas, y en particular los adultos mayores, tengan que defender, frente a una organización criminal, la casa que legalmente y legítimamente les pertenece. La propiedad privada, la posesión legítima y el patrimonio familiar requieren la protección efectiva del Estado, y no únicamente la posibilidad abstracta de acudir a un tribunal después de haber sido despojado y sufrir la lentitud de los procedimientos judiciales.
Por eso resulta especialmente importante ponderar la actuación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. La aportación de la SSPC no consiste en sustituir las competencias de las fiscalías locales, sino en incorporar inteligencia, coordinación federal y capacidad operativa cuando el despojo forma parte de estructuras criminales de mayor dimensión.
El ejemplo es revelador: en abril de 2026, autoridades federales detuvieron en Nayarit y Jalisco a dos operadores de una organización criminal con presencia nacional y vínculos transnacionales. La investigación estableció que esa estructura obtenía recursos mediante diversas actividades ilícitas, entre ellas el despojo de propiedades y la extorsión. Además, uno de los detenidos era señalado como operador financiero encargado de lavar recursos y utilizarlos para adquirir armamento, aeronaves, ranchos y propiedades, incluso mediante familiares, socios y empresas fachada.
Este caso permite entender por qué la estrategia de seguridad impulsada desde la SSPC es relevante para enfrentar el fenómeno. El despojo no siempre debe analizarse como un delito aislado, en determinadas circunstancias puede formar parte de una economía criminal mucho más amplia: la propiedad despojada puede convertirse en activo, garantía, mecanismo de lavado de dinero o instrumento para la expansión territorial de una organización.
Ahí es donde la inteligencia adquiere un papel decisivo. No basta con detener a quien ocupa físicamente una vivienda, hay que identificar quién proporciona la información sobre el inmueble, quién falsifica documentos, quién organiza la ocupación, quién protege a los grupos de choque, quién interviene en los procedimientos jurídicos, que responsabilidad tienen los notarios y quién termina beneficiándose económicamente de la operación.
La experiencia reciente demuestra que la SSPC está avanzando precisamente hacia una concepción de la seguridad que no se limita a perseguir al último eslabón de la cadena. El seguimiento de estructuras criminales, sus operadores financieros, sus bienes y sus mecanismos de lavado permite golpear la capacidad económica de las organizaciones y no solamente responder a sus manifestaciones violentas. Ésa es una de las fortalezas de la estrategia encabezada por García Harfuch.
Pero debemos decirlo con claridad: el reto es todavía mayor. La Ciudad de México y el Estado de México forman una continuidad urbana, económica y social en la que las redes criminales no reconocen fronteras administrativas. Una organización puede operar en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán o Tecámac y tener vínculos con la capital; del mismo modo, una red que opera en alguna alcaldía puede extender sus mecanismos hacia municipios mexiquenses. Por ello, la respuesta tampoco puede permanecer fragmentada.
Se requiere una coordinación permanente entre la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía capitalina, la Fiscalía mexiquense, las policías de investigación, los registros públicos de la propiedad, autoridades catastrales y las instituciones responsables de la función notarial. El objetivo debe ser construir un mapa nacional de las redes de despojo y seguir la ruta financiera de los inmuebles arrebatados.
Porque existe una pregunta que no podemos dejar de formular: ¿cómo es posible que una propiedad sea despojada y posteriormente aparezca en documentos, registros, contratos o litigios como si el delincuente tuviera algún derecho sobre ella?
Responder esa pregunta es fundamental. La lucha contra el despojo no puede reducirse a recuperar casas después de que han sido ocupadas. Debe atacar las condiciones que permiten que el delito sea rentable: la regularización de la propiedad, la digitalización segura de registros, la protección de datos patrimoniales, la supervisión de operaciones sospechosas y la persecución de las redes que utilizan documentos falsos son instrumentos tan importantes como una orden de cateo o una detención.
En este punto, la estrategia de la Ciudad de México y la política de seguridad federal pueden complementarse de manera virtuosa. La primera puede concentrarse en la protección directa de las familias y la restitución de los inmuebles; la segunda, cuando existan elementos de delincuencia organizada, puede aportar inteligencia para desarticular las estructuras que convierten el despojo en negocio.
El Estado de México ofrece una advertencia particularmente seria. Si en un solo año se contabilizaron miles de expedientes y se identificaron diez organizaciones dedicadas a esta actividad, no podemos seguir hablando del despojo como una anomalía. Es un problema de seguridad patrimonial que exige una respuesta institucional de mayor escala.
Y la respuesta debe tener una premisa elemental: la casa de una familia o de un adulto mayor no puede convertirse en botín de una organización criminal.
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