Denisse
- «Llegará el tiempo de que haya condiciones de discusión racional para acordar y emitir reglas transparentes y verificables para la publicidad oficial».
Por Álvaro Delgado
Antes y después del boicot publicitario del Presidente priista José López Portillo contra la revista Proceso, desde abril de 1982 —que ratificó tres meses después con la frase de “no te pago para que me pegues” que pronunció el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión—, los gobiernos de México y en realidad todos los poderes y órganos del Estado, de todos los colores partidarios, han hecho y siguen haciendo un uso discrecional de la publicidad oficial, un mecanismo a menudo arbitrario para castigar y premiar con dinero público a la prensa, y sobre lo que propongo una medida radical: no darle ni un solo peso a ningún medio de comunicación televisivo, radiofónico, escrito y digital, ni tampoco a un solo periodista.
Durante los gobiernos del PRIAN fue desmesurado el gasto en medios de comunicación, dinero público hasta la náusea: se pasó de casi 20 mil miles de pesos con Vicente Fox, a casi 60 mil millones con Felipe Calderón y 66 mil millones con Enrique Peña Nieto. Con Andrés Manuel López Obrador se derrumbó el dinero público en este rubro a menos de 15 mil millones en todo el sexenio y con Claudia Sheinbaum cayó a tres mil 400 millones el año pasado.
El dinero público en publicidad oficial fluye también en los poderes Legislativo y Judicial, sino como de organismos autónomos y universidades, pero sobre todo en los gobiernos estatales, incluidos los de Morena. Chihuahua es un ejemplo monstruoso del despilfarro: la Gobernadora prianista María Eugenia Campos ha gastado en su Gobierno al menos tres mil 346 millones de pesos para someter a los medios del estado, equivalente a lo que el Gobierno de Sheinbaum en su primer año.
Por eso, en vez de engordar con miles de millones de pesos a los empresarios y políticos propietarios de los medios, a los golpeadores y zalameros —como los exhibidos en Sonora—, se deben destinar esos fabulosos recursos de las instituciones del Estado mexicano a fines más nobles para los mexicanos, como la salud, la vivienda, la enseñanza y la investigación científica.
Si la mayoría de los medios de comunicación y sus periodistas, opinadores y políticos acusan censura por cumplir un mandato constitucional, como es la consulta en curso de los lineamientos para garantizar el derecho de las audiencias —y porque es una argucia de oposición ante lo que sea—, y si la Presidenta Claudia Sheinbaum afirma que los reclamos son porque su Gobierno ya no da “chayote” —el pago ilegal y subrepticio a los zalameros—, ni asigna publicidad de su Gobierno a algunos medios con base en una decisión discrecional, entonces debe tomarse una decisión de la magnitud del problema: cancelar todos los recursos para la publicidad oficial.
La Presidenta de México admitió públicamente, el miércoles 5, que ha instruido un boicot publicitario a tres medios que, también es verdad, forman parte de una coalición opositora que “no quieren” a su Gobierno, como antes al de Andrés Manuel López Obrador.
“¿Y por qué no lo quieren? Pues porque no damos ‘chayote’, así, tan sencillo como eso, porque nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero para que diga lo que queremos que diga. Sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias, esencialmente es el esquema que tomamos. Hay algunos a los que no les damos: TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco… Abiertamente lo digo”.
Eso fue lo que dijo la Presidenta de México. En el caso de la empresa mediática de Ricardo Salinas Pliego, el argumento de Sheinbaum es que debe impuestos —los que corresponden a TV Azteca ya los pagó, sólo están pendientes los de Elektra—, pero en los casos de El Universal y Reforma no queda clara la razón, salvo porque mientan.
Pero no debe olvidarse que, con todas sus límites, está vigente la Ley General de Comunicación Social —la “Ley Chayote” impulsada por Enrique Peña Nieto—, que ordena que todos los entes públicos de todos los niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal), así como los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos, asignen la publicidad oficial con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Están además vigentes los “Lineamientos generales para el registro y autorización de las Estrategias y Programas de Comunicación Social”, publicados el 4 de enero de 2021, impulsados por el Gobierno de López Obrador, cuyo propósito fue de origen establecer las reglas y transparentar el gasto en publicidad oficial del Gobierno federal.
La publicidad oficial en medios de comunicación es útil a los gobiernos para difundir campañas de información sobre programas fundamentales, como la vacunación, las inscripciones para la educación y los apoyos económicos —que claramente los justifican—, pero con las nuevas tecnologías podrían encontrarse mecanismos de difusión al margen de los medios convencionales.
La publicidad oficial ha pervertido su objetivo al usarse para reprimir a medios con la asfixia económica, como ocurrió con López Portillo contra Proceso, que implicó la desaparición de la agencia de noticias y el despido de personal, pero antes al diario Excélsior, dirigido también por Julio Scherer García, una maniobra repugnante a la que se sumaron empresarios encabezados por sus cúpulas y por medios, entre ellos Televisa.
Carlos Salinas de Gortari también hizo uso faccioso de la publicidad oficial y de los propios medios, tanto que privatizó Imevisión a favor de Salinas Pliego. Vicente Fox, el Presidente del “cambio”, inició un boicot contra Proceso que continuó Calderón y luego Peña Nieto, mientras la mayoría de los medios y periodistas callaban porque recibían millonadas. El boicot publicitario iba acompañado del boicot informativo, la hostilidad de funcionarios priistas y panistas a los periodistas que hacían su trabajo y no lloriqueaban.
En realidad, son estos silentes convenencieros en la era del PRIAN los que ahora rezongan sobre la censura y la represión a los “periodistas críticos”. Son los que recientemente han descubierto que matan a periodistas, aunque los patrones no den a sus trabajadores los mínimos de seguridad social, y que el periodismo debe criticar al poder, pero sólo al político, no al económico ni al religioso y menos al mediático e intelectual.
Qué tiempos democráticos aquellos en los que había contrapesos al poder, añoran algunos. Y sí: qué vigoroso e implacable contrapeso ejercía el presidente del órgano de transparencia, Alonso Lujambio, a Felipe Calderón, que hasta lo castigó haciéndolo Secretario de Educación y presidenciable.
Concluyo: si hoy todo está a discusión, incluyendo el periodismo, entonces se debe deliberar, pública y abiertamente, el tema de la cancelación de la publicidad oficial a los medios de comunicación. Si en México hay un marco legal para regular este presupuesto, mejor que se derogue para no simular. Llegará el tiempo de que haya condiciones de discusión racional para acordar y emitir reglas transparentes y verificables para la publicidad oficial. O ya no…
