Denisse
- Margarita Ríos Farjat votó por eliminar el candado de 10 años para impedir que servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hubieran supervisado o regulado, tras dejar la Corte, se incorporó como socia a la firma Holland & Knight en México.
- Avaló quitar los candados impuestos establecidos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la llamada “puerta giratoria”.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Durante su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat votó a favor de invalidar la prohibición de 10 años establecida en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para impedir que servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hubieran supervisado o regulado, o respecto de las cuales hubieran tenido información privilegiada durante el ejercicio de su cargo.
“Me parece —con algunos matices en consideraciones— que es injustificable una extensión de plazo de esta naturaleza”, sostuvo la entonces Ministra Ríos Farjat en la sesión del 4 de abril de 2022, cuando el Pleno avaló quitar los candados impuestos a la llamada “puerta giratoria”.
El proyecto que llevó a eliminar esta restricción fue presentado por la Ministra Norma Piña Hernández, quien sostuvo que la disposición restringía “desproporcionadamente la libertad de trabajo”, aun cuando reconoció que imponer una limitación de este tipo perseguía “una finalidad legítima, que era evitar actos de corrupción” y evitar que empresas privadas obtuvieran “ventajas indebidas que distorsionen las condiciones de libre competencia necesarias para el funcionamiento de un mercado libre, así como que obtengan información privilegiada en perjuicio del Estado”.
Ese día, la medida fue declarada inconstitucional de manera unánime por los ministros de la Corte que entonces presidía Arturo Zaldívar y que integraban Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loretta Ortiz Ahlf, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Norma Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek y la propia Ríos Farjat.
Margarita Ríos Farjat dejó la Suprema Corte y se integró como socia a Holland & Knight, firma con experiencia en litigios, arbitrajes y controversias regulatorias en México. Foto: Cuartoscuro.
De la Corte al despacho
Más de cuatro años después de aquella votación, y apenas unos meses después de haber dejado su cargo como Ministra de la Suprema Corte, Ríos Farjat se incorporó como socia a Holland & Knight, firma de abogados que ha participado en México en grandes operaciones corporativas, financieras y energéticas, así como en controversias en las que empresas privadas han enfrentado al Estado mexicano y a sus órganos reguladores.
“Si bien Margarita se unió a nosotros hace seis meses, ya se ha integrado a la perfección a la Firma y está teniendo un impacto significativo en todas nuestras áreas de práctica, fortaleciendo nuestras capacidades”, expuso en un comunicado del 18 de junio de 2026 Luis Rubio Barnetche, socio ejecutivo de la oficina de Holland & Knight en la Ciudad de México.
La incorporación de la exministra abrió nuevamente los cuestionamientos sobre los límites que existen para quienes, después de ocupar posiciones estratégicas dentro del Estado, pasan al sector privado llevando consigo conocimientos sobre el funcionamiento interno de instituciones, leyes y regulaciones.
“Hemos construido toda una teoría de la independencia judicial frente a la política, pero muy poca sobre la independencia judicial frente a los poderes económicos y financieros. Hace falta más economía política del derecho. Debemos cuestionar la ficción de que las personas juzgadoras, despachos y litigios existen al margen de las relaciones materiales de poder”, expuso al respecto Alejandra Tello, jefa de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El candado de los 10 años
Durante el Gobierno de López Obrador se buscó acotar la puerta giratoria mediante una prohibición de 10 años para impedir que exfuncionarios trabajaran en empresas privadas relacionadas con las funciones que habían desempeñado en el servicio público.
En febrero de 2019, López Obrador cuestionó en ese contexto que expresidentes como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón hubieran trabajado posteriormente para compañías relacionadas con sectores sobre los que sus gobiernos habían tomado decisiones relevantes, como ocurrió con Union Pacific e Iberdrola, respectivamente.
“Debe de haber una ley para que quien tenga un alto cargo no pueda en 10 años ser contratado por una empresa privada”, sostuvo el Presidente durante la discusión de la medida en 2019, al argumentar que esos servidores públicos disponían de información privilegiada que posteriormente podía ser aprovechada por compañías particulares.
El candado de los 10 años quedó finalmente plasmado en la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada durante el primer año del Gobierno de López Obrador.
No obstante, en marzo de 2022, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández propuso invalidar el segundo párrafo del artículo 24 de esa legislación. Un mes después, el Pleno hizo suyo el planteamiento y, por unanimidad, los ministros votaron por anular la disposición.
López Obrador reaccionó al día siguiente contra la resolución de la Corte y volvió a mencionar los casos que habían dado origen a su propuesta.
“Es una aberración, ¿cómo es posible que se regrese a lo de antes?”, cuestionó el Presidente, quien recordó nuevamente a Ernesto Zedillo y Felipe Calderón: el primero por incorporarse a empresas vinculadas con sectores privatizados durante su administración y el segundo por su relación posterior con una compañía del sector eléctrico.
Para López Obrador, la decisión de la Suprema Corte significaba permitir nuevamente que quienes habían ocupado posiciones estratégicas dentro del Estado pudieran pasar a compañías relacionadas con decisiones tomadas durante su gestión.
Y así sucedió.
Las asesorías de Ríos Farjat
Holland & Knight reconoció en su comunicado del pasado 18 de junio que los “amplios conocimientos y experiencia en derecho constitucional y tributario, particularmente en lo que respecta al complejo marco legislativo y regulatorio mexicano” de Ríos Farjat le permitirían “brindar asesoría práctica en una amplia gama de asuntos, incluyendo temas administrativos, regulación gubernamental, cumplimiento normativo, planificación y controversias tributarias, regulación financiera, arbitraje, procedimientos de insolvencia y quiebra, cooperación judicial internacional y transacciones y controversias comerciales complejas”.
“Me siento honrada de unirme a Holland & Knight, una firma cuyo compromiso con la excelencia y alcance internacional coincide con mi deseo de brindar asesoría legal de la más alta calidad. Me complace aplicar mi experiencia para ayudar a los clientes a afrontar desafíos legales complejos y seguir contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho y el crecimiento económico en México”, declaró Ríos Farjat, citada por la firma.
“Espero aportar a la ya destacada Práctica Latinoamericana de la Firma y continuar mi compromiso de toda la vida con el estado de derecho, la promoción de los derechos humanos y la prestación de servicios legales de alto valor para impulsar el crecimiento empresarial, convencida de que estos tres factores conducen a la prosperidad regional”, añadió.
Holland & Knight ha participado en México en una amplia variedad de asuntos corporativos, regulatorios, transaccionales y de litigio, con especial presencia en sectores como telecomunicaciones, tecnología, automotriz, infraestructura, energía y comercio.
Entre sus clientes figuran grandes multinacionales como Telefónica, AT&T, Eutelsat, Chrysler, Daimler, Toyota y Hard Rock Café, además de empresas de comercio electrónico, farmacéuticas, fondos de capital privado y entidades del Gobierno mexicano.
Su práctica también ha incluido arbitrajes internacionales de inversión y litigios administrativos relacionados con decisiones de autoridades federales, particularmente en sectores regulados como telecomunicaciones y energía.
Del Gobierno de AMLO a la pensión dorada
Margarita Ríos Farjat se sumó en 2018 al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Un año después, en 2019, fue propuesta por el Presidente para ocupar un asiento en la Suprema Corte.
Ya como Ministra, votó en contra de distintas disposiciones impulsadas por el Gobierno, decisiones que terminaron por distanciarla del oficialismo y del propio mandatario. López Obrador dijo en septiembre de 2022 que se había “equivocado” al haberla propuesto a ella y al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Ríos Farjat fue posteriormente una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que renunciaron al máximo tribunal al decidir no participar en la elección judicial prevista a partir de la Reforma Judicial de 2024.
Además, en noviembre de ese año, los ministros que optaron por renunciar antes del plazo previsto quedaron en posibilidad de acceder a un haber por retiro proporcional al tiempo desempeñado en el cargo.
La Reforma Judicial estableció la posibilidad de que los integrantes de la Suprema Corte adelantaran su salida para conservar el derecho al haber por retiro.
“Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”, estableció el séptimo transitorio de la Reforma.
Así, después de haber votado en 2022 contra el candado de 10 años que pretendía impedir que altos funcionarios pasaran rápidamente del servicio público a actividades privadas relacionadas con su experiencia y conocimiento institucional, Ríos Farjat dejó la Suprema Corte y pocos meses después se incorporó a una firma internacional que destacó precisamente su conocimiento del marco constitucional, tributario y regulatorio mexicano como uno de los principales activos que aportaría a sus clientes.
