Denisse- La familia Urquiza denunció al exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez por trabajar junto a la Fiscalía local para despojarlos de un rancho en el municipio Huimilpan, donde el exmndatarios quiere construir un desarrollo inmobiliario.
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– La familia Urquiza, de Querétaro, denunció al exgobernador Francisco Domínguez Servién por intentar despojarla de un predio de 100 hectáreas ubicado en el municipio de Huimilpan para construir un desarrollo inmobiliario y apoderarse de un pozo de agua a través de un fideicomiso ambiguo, denuncias penales y la complicidad de autoridades locales, por ello señalan al exmandatario panista de encabezar un cártel inmobiliario en la entidad.
“Quieren quitarnos una propiedad que está enfrente del rancho del exgobernador y de su estadio porque tenemos un pozo de agua. Hoy en día el agua se ha convertido en una bomba del tiempo para el estado porque el gobernador quiere privatizar el agua. Derivado de esto ha habido abuso, manipulación de personas de la tercera edad, a mi abuela, a quien han engañado y a quien ya le quitaron su predio porque ella, engañada, aportó a un fideicomiso, un fideicomiso leonino”, denunció esta mañana Pamela Urquiza Lindacher.
Desde 2023 inició en Huimilpan la construcción de un estadio de béisbol en un rancho propiedad de Domínguez Servién. Ese mismo año, la empresa MJF Campestre, de la cual el exgobernador posee el 60 por ciento de las acciones y es apoderado, le presentó a la familia Urquiza una propuesta para urbanizar los ranchos «La Haciendita”, de 169 hectáreas, y «El Salto» a través de un fideicomiso donde se estableció que la empresa fungirá como desarrolladora, lo que le daría ganancias del 80 por ciento y de 20 por ciento para la familia, pero sin establecer plazos, condiciones ni penalizaciones.
Los Urquiza Fernández son una familia que tiene propiedades agrícolas en Huimilpan desde los años setenta. Al morir, Agustín Urquiza Fernández de Jáuregui heredó a su esposa María Guadalupe Fernández Villanueva el rancho “La Haciendita”, la empresa MJF Campestre buscó incluir en el fideicomiso al rancho “El Salto”, que cuenta con una concesión de 360 mil metro cúbicos anuales de agua. Para proteger el patrimonio, Agustín, uno de los hijos de Urquiza Fernández, lo donó a sus familiares Julián y Pamela, esto desencadenó represalias legales y penales en su contra.
La familia Urquiza insiste en que María Guadalupe Fernández fue engañada y presionada para aceptar un fideicomiso en el que la empresa MJF Campestre no explicó cómo ni en cuánto tiempo concluirá el desarrollo. Hasta la fecha, el desarrollo inmobiliario no ha avanzado en el rancho “La Haciendita”, en su lugar, los Urquiza denuncian que se instalaron sembradíos en el terreno, a ello atribuyen la presión del exgobernador Francisco Domínguez para adueñarse de “El Salto” y su agua.
“‘La Haciendita’ no tiene agua, se nutre del agua del pozo que está en ‘El Salto’. Y, en lugar de estar desarrollando ‘La Haciendita’ conforme lo marca el fideicomiso, [el exgobernador] está sembrando y como está sembrando necesita el agua. Entonces, las intimidaciones se han incrementado para que nosotros le demos agua, para que ‘El Salto’ le dé agua a ‘La Haciendita’ para que el exgobernador pueda sembrar, siendo que debería estar desarrollando, no sembrando”, expuso en conferencia Pamela Urquiza.
El cartel inmobiliario presiona en Querétaro
Pamela Urquiza y su defensa legal aseguran que en Querétaro opera un cartel inmobiliario donde participan el exgobernador, Francisco Domínguez, la fiscalía local y jueces locales para presionar a los propietarios a través de carpetas de investigación con el objetivo de obligarlos a ceder sus terrenos.
Al no ceder el rancho «El Salto», la Fiscalía General del Estado de Querétaro abrió una carpeta de investigación por la que fue vinculado a proceso Agustín Urquiza por el delito de administración fraudulenta, mientras que Julián, hermano de Agustín, y Pamela Urquiza fueron vinculados por fraude procesal.
Los abogados de la familia Urquiza explicaron que la disputa civil que inició María Guadalupe Fernández con la asesoría de abogados de la empresa MJF Campestre para anular el contrato de donación de «El Salto» escaló a la fiscalía local.
“Qué forma más elegante la de robar. Jactándote de que ayudas a una persona mayor. El exgobernador lo que dice es que él protege a la señora de sus hijos. Cuando es todo lo contrario, ella está engañada y se están aprovechando de ella y ni siquiera se ha dado cuenta que ya ha perdido su predio. El agua es un factor importantísimo del por qué esta desesperación por conseguir el predio a como dé lugar y por qué ha tenido los recursos del Estado a su alcance”, opinó Pamela Urquiza.
La presión creció la noche del 31 de diciembre de 2025, cuando autoridades realizaron un cateo en el domicilio de Agustín Urquiza Fernández para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra y aseguraron la propiedad. En esa diligencia se observaron vehículos y personal del Ejército y la Guardia Nacional.
“Si tenemos recursos federales que deben utilizarse para la salvaguarda de la seguridad de la nación y de la ciudadanía, ¿qué hacen tantos elementos del Ejército, de la Guardia Nacional con un asunto civil haciendo un cateo el 31 de diciembre que solo sirvió para intimidar, para asegurar un inmueble que sigue asegurado, para buscar una persona que sabían que no estaba ahí y, es más, en el cateo dijeron que venían buscando al señor Agustín y documentos que dieran con su paradero y el policía de investigación se llevó una INE que ya tenían en el expediente y un acta de matrimonio que ya tenían en el expediente”, cuestionó el abogado Rodrigo Madero Meza.
El 3 enero, las autoridades también realizaron un cateo en la vivienda de Pamela Urquiza, donde vive con su esposo y sus cuatro hijas menores de edad, para localizar a Agustín. Ella denunció que policías ingresaron con violencia, sin implementar ningún protocolo de protección a la infancia.
La defensa legal de la familia Urquiza aseguró que, al denunciar las irregularidades en los cateos, el Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández los recibió en la fiscalía con la frase: «Qué tal me aventé el cateo, eh»
Por respuestas como esta, los Urquiza acusaron que el aparato de justicia de Querétaro opera a favor del exgobernador Francisco Domínguez, cercano al gobernador Mauricio Kuri González y el Fiscal estatal.
“Estamos peleando en un terreno enemigo contra todas las instituciones del Estado coludidas entre sí. Es un llamado de auxilio”, mencionó Pamela Urquiza.
El caso fue expuesto en una carta que recibió la oficina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 11 de febrero, ahora, la familia busca que las autoridades federales investiguen cómo se han coludido las autoridades locales para operar el cartel inmobiliario de Querétaro y obligarlos a entregar el rancho “El Salto” al exgobernador Francisco Domínguez, a través de la empresa MFJ Campestre.
