Denisse- Aguirre pasó del poder priista al PRD, cargando con viejas lealtades y nuevas tragedias. Ayotzinapa terminó por quebrar su gobierno y marcar su legado político.
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– En agosto de 2025, durante una gira por Guerrero, una mujer se acercó a Claudia Sheinbaum Pardo para entregarle un regalo enviado por Ángel Aguirre Rivero. La Presidenta apenas escuchó el nombre del exgobernador y se negó a recibirlo. Un día después explicó su reacción: “Ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlo”. El episodio ocurrió en Ometepec, tierra de Aguirre, un político de cepa priista que durante décadas construyó buena parte de su poder en la Costa Chica y que hoy se encuentra detenido por su papel en el caso Ayotzinapa, una herida abierta en un estado que ha sobrevivido a desapariciones y masacres cometidas por el poder, el crimen organizado o la simbiosis de ambos.
Ángel Aguirre Rivero es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber ordenado directamente la destrucción de los videos del Palacio de Justicia y de toda evidencia relacionada con los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Se trata de una conducta que se ha replicado a lo largo de los años.
Rivero tiene bien echadas sus raíces en el PRI de la vieja guardia, en ese PRI de los años 80 y 90. Su escuela es la represión. Entre 1981 y 1987, Aguirre fue secretario particular y Secretario de Gobierno del exgobernador Alejandro Cervantes Delgado. Con José Francisco Ruiz Massieu, fungió como Secretario de Desarrollo Económico y después como Coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en la Costa Chica. Entre 1993 y 1996 fue además presidente estatal del PRI en Guerrero. Ese mismo año supliría en el gobierno a su amigo y mentor Rubén Figueroa Alcocer, quien solicitó licencia para separarse del cargo como consecuencia de la matanza de Aguas Blancas, donde campesinos fueron asesinados por agentes de la Policía Estatal en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
El cacique de Ometepec
En su natal Ometepec, centro político y comercial de la Costa Chica de Guerrero, su familia se ha dedicado a la ganadería y al comercio, pero también su hermano Carlos fue jefe del departamento administrativo de los Servicios Estatales de Salud y otro familiar, Manuel Aguirre Arizmendi, fue subsecretario de Fomento Ganadero y Pesquero, ambos durante la administración de Rubén Figueroa, según reportó Proceso.
Cuando Aguirre Rivero fue mandatario estatal interino, su hermano Delfino declaró: “Siempre quiso ser Gobernador pero por seis años, no por tres; aceptó el cargo porque es respetuoso de las decisiones de su partido”.
El dirigente del PRD en Ometepec, Tomás Molina, dijo en marzo de 1996 a La Jornada que Aguirre Rivero quitaba y ponía presidentes municipales en la Costa Chica desde el sexenio de Cervantes Delgado: “En una ocasión, hasta al vaquero de su familia, Ángel Grandeño, lo hizo presidente municipal de Tlacoachistlahuaca”. A su vez, el dirigente del Movimiento 6 de Marzo del PRD, Bertoldo Martínez Cruz, recordó en ese entonces al mismo diario que Aguirre Rivero fue corresponsable, con Figueroa Alcocer y con el fallecido José Francisco Ruiz Massieu, de los desalojos violentos de los palacios municipales de Ometepec y Cruz Grande, el 6 de marzo de 1990, que estaban ocupados por perredistas que demandaban el reconocimiento de sus triunfos electorales.
El Palacio Municipal fue ocupado por simpatizantes de Eloy Cisneros Guillén, quienes denunciaban fraude en las elecciones de 1989. El operativo dejó decenas de heridos, alrededor de un centenar de detenidos, al menos un muerto y dos personas desaparecidas, según distintas fuentes. El caso llegó a la CIDH y, en la denuncia presentada por representantes del PRD, se afirmó que el 5 de marzo Aguirre se comunicó con Eloy Cisneros y le dio garantías de que habría una salida política al conflicto, pero horas después habría encabezado u operado el desalojo.
El propio Eloy Cisneros mantuvo esa acusación durante años. Al asumir Aguirre la gubernatura en marzo de 1996, Cisneros declaró a La Jornada que Aguirre “tuvo mucho que ver” en los desalojos de 1990. Según su relato, pocas horas antes del operativo, Aguirre había ofrecido una solución concertada, pero durante la madrugada las fuerzas estatales irrumpieron en el Palacio Municipal. Cisneros habló entonces de un muerto, dos desaparecidos y más de 120 personas golpeadas. El Sur, en una reconstrucción de 2002, identificó a los desaparecidos como Andrés de la Cruz Zapacala y Daniel López Álvarez.
La desaparición de ambos también figura formalmente en el expediente de la CIDH. “El Estado ‘reconoce la responsabilidad plena por la tortura del señor Cisneros Guillén’ ya que no desmintió la participación de su agente Angel Aguirre Rivero, y porque tampoco desmintió las demás circunstancias alegadas en la denuncia. Las posteriores comunicaciones de ambas partes se refieren exclusivamente a la investigación de los hechos, cuestión que será abordada más adelante en este informe”.
Años después, Aguirre también desempeñó un papel central en la defensa política del gobernador Rubén Figueroa Alcocer tras la masacre de Aguas Blancas, encabezando movilizaciones priistas en su respaldo. En el libro La masacre de Aguas Blancas. 20 años de impunidad, de Benigno Guzmán Martínez y compañeros, publicado en 2015, se lee al respecto: “Después de la masacre de Aguas Blancas, organizó en Ometepec mítines de apoyo a Figueroa y el 10 de marzo encabezó la marcha que en Acapulco se realizó para apoyar al exgobernador”.
Pese a la salida de Figueroa Alcocer en medio de los señalamientos por la masacre de Aguas Blancas, Aguirre destacó en 1997, durante la celebración del 68 aniversario del PRI, la trascendencia de esta fuerza política en la entidad: “Ante la ausencia de cuadros, [los partidos de oposición] recogen la bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y nada tienen que ver con la democracia”.
Cuando Ángel Aguirre Rivero presumía su militancia priista, la izquierda materializada en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció múltiples asesinatos y desapariciones de sus militantes, esa oposición que Aguirre decía que no existía. Pero para el sector más pragmático de ese Sol Azteca nada de eso importó. “Los Chuchos” —la corriente que llevó a la desaparición del PRD y que hoy suma esfuerzos en Somos México— no tuvieron empacho en lanzarlo como candidato a Gobernador por el Sol Azteca.
Cinco años antes de ese viraje, el 7 de abril de 2005, como diputado federal priista, había votado a favor del juicio de procedencia para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, una decisión que después provocaría el rechazo de sectores del propio movimiento lopezobradorista cuando Aguirre buscó presentarse como candidato de la izquierda.
El señor matanzas
Ángel Aguirre Rivero quedó marcado por algunas de las mayores tragedias ocurridas en Guerrero durante las décadas previas y durante sus dos periodos al frente del estado. Su primera llegada a la gubernatura ocurrió en 1996, después de la salida de Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas. Su propia gestión estuvo marcada por la matanza de El Charco. Años más tarde volvió al poder postulado por el PRD, aunque su trayectoria se había construido dentro del PRI y mantenía una estrecha relación política con Figueroa.
La masacre de El Charco, ocurrida durante el primer gobierno de Ángel Aguirre Rivero en Guerrero, quedó como uno de los episodios más graves de violencia militar contra comunidades indígenas de la entidad. El 7 de junio de 1998, alrededor de 300 soldados cercaron la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, donde campesinos indígenas se habían reunido con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). El operativo dejó 11 muertos, cinco heridos y 22 detenidos.
En ese entonces, el periodista Álvaro Delgado obtuvo testimonios de sobrevivientes que sostuvieron que varias de las víctimas fueron ejecutadas después de haberse rendido. Según los testimonios recabados, civiles desarmados salieron de los salones con las manos en alto y fueron obligados a tenderse sobre la cancha de basquetbol; al menos dos habrían sido asesinados ahí mismo. Integrantes del ERPI que posteriormente depusieron las armas también fueron ejecutados, de acuerdo con los sobrevivientes.
Los detenidos fueron trasladados a instalaciones militares, primero en Cruz Grande y posteriormente en Acapulco, donde denunciaron interrogatorios, amenazas y torturas. Algunos aseguraron que los soldados intentaron obligarlos a declararse integrantes de la guerrilla y a reconocer que habían acudido armados a la reunión. Apenas unos días después del operativo, las paredes de la escuela, perforadas por cientos de disparos, fueron resanadas; las ventanas destruidas fueron sustituidas y las manchas de sangre quedaron cubiertas con pintura blanca.
La matanza ocurrió en una de las regiones más pobres de Guerrero y en un contexto de creciente presencia militar. Tras la aparición pública del EPR en 1996, cerca del sitio donde un año antes habían sido asesinados 17 campesinos en Aguas Blancas, el Ejército intensificó sus patrullajes en comunidades de Ayutla. Pobladores ya habían presentado denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por cercos, incursiones y abusos de militares.
Durante su segundo gobierno, ya arropado por “Los Chuchos”, ocurrieron otros episodios de violencia, represión y crisis que culminaron en septiembre de 2014 con el ataque en Iguala contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas.
La actuación de Ángel Aguirre Rivero durante la emergencia provocada por la tormenta tropical Manuel, en septiembre de 2013, se convirtió en otro de los episodios más cuestionados de su gobierno. La noche del 13 de septiembre, mientras el fenómeno golpeaba Guerrero, miles de comunidades comenzaban a quedar incomunicadas, los ríos se desbordaban y las carreteras sufrían daños, el mandatario encabezaba una cena por el bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación. Al encuentro asistieron integrantes de su gabinete, legisladores y funcionarios, además de su amigo y mentor Rubén Figueroa Alcocer.
La magnitud de la tragedia se hizo evidente en los días siguientes. El 16 de septiembre, un deslave sepultó parte de la comunidad de La Pintada, en Atoyac de Álvarez, mientras otras regiones permanecían aisladas por las lluvias. Las imágenes de la cena, difundidas incluso por el propio Gobierno estatal, alimentaron las acusaciones de negligencia contra Aguirre. El entonces Gobernador rechazó los señalamientos y, días después, declaró que las críticas por aquella celebración lo tenían “sin cuidado”, al sostener que se trataba de un acto tradicional organizado después de la ceremonia conmemorativa.
Otro episodio central ocurrió el 12 de diciembre de 2011, apenas ocho meses después de que Ángel Aguirre Rivero asumiera el Gobierno de Guerrero, cuando un operativo para desalojar a estudiantes de Ayotzinapa que bloqueaban la Autopista del Sol terminó con la muerte de dos normalistas. Los estudiantes se encontraban a la altura de Chilpancingo para exigir atención a sus demandas cuando policías estatales y federales desplegaron un operativo para desalojarlos.
En medio de la acción fueron asesinados a tiros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Uno de los funcionarios que participaron en el operativo, el general Ramón Miguel Arreola Ibarra, aseguró después que había recibido la orden del Gobernador de “limpiar la carretera”, versión que Aguirre negó públicamente.
La violencia contra los normalistas quedó como antecedente de un deterioro más amplio de la seguridad en Guerrero. Conforme avanzó el sexenio, comunidades de distintas regiones comenzaron a organizar policías comunitarias y grupos de autodefensa frente a los secuestros, las extorsiones y la presencia del crimen organizado. Pero la relación de esas organizaciones con el Gobierno de Aguirre terminó marcada también por acusaciones de hostigamiento y persecución: en 2013 fue detenida Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, y en junio de 2014 policías estatales capturaron y golpearon, según denunciaron integrantes de la UPOEG, a varios comunitarios en Xaltianguis. Para septiembre de ese año, dirigentes de la CRAC acusaban abiertamente al Gobierno estatal de ser incapaz de contener la inseguridad mientras criminalizaba a quienes intentaban defender sus comunidades.
Pero fue la noche del 26 de septiembre de 2014 la que terminó por quebrar el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Ese día, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa salieron hacia Iguala para conseguir autobuses con los que pretendían trasladarse a la Ciudad de México para participar en las movilizaciones por el aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968. Durante varias horas fueron perseguidos y atacados en distintos puntos de Iguala y sus alrededores. El saldo inmediato fue de seis personas asesinadas, decenas de heridos y 43 normalistas desaparecidos, cuyo paradero sigue sin esclarecerse plenamente más de una década después.
Lo que inicialmente apareció como una agresión cometida por policías municipales pronto reveló una trama más compleja que, a la fecha, no ha podido ser esclarecida en su totalidad. Las investigaciones documentaron la participación de agentes de Iguala y de otros municipios, así como la intervención de integrantes de Guerreros Unidos, la organización criminal que controlaba buena parte de la región. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó en 2022 que los hechos constituyeron un “crimen de Estado” en el que concurrieron miembros del grupo criminal y agentes de distintas instituciones públicas. El organismo estableció además que alrededor de las 22:45 horas de aquella noche se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
Las investigaciones posteriores ampliaron todavía más el círculo de responsabilidades y omisiones. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó actuaciones de corporaciones municipales, estatales y federales, así como el conocimiento que distintas autoridades tuvieron de los movimientos de los normalistas aquella noche. Los informes también desmontaron uno de los pilares de la investigación original de la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam —uno de los detenidos por el caso—: la llamada “verdad histórica”, según la cual los 43 jóvenes habían sido asesinados, incinerados conjuntamente en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Los expertos concluyeron que esa explicación no tenía sustento científico y detectaron graves irregularidades en el manejo de pruebas y escenas vinculadas con el caso.
En el centro de la trama apareció rápidamente José Luis Abarca Velázquez, entonces Alcalde perredista de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Abarca abandonó la ciudad después de los ataques y fue detenido junto con Pineda el 4 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México. La entonces PGR lo envió al penal federal del Altiplano acusado de delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Con el paso de los años, sin embargo, la ruta judicial se volvió mucho más compleja: Abarca fue absuelto de cargos relacionados directamente con la desaparición de los normalistas, pero continuó encarcelado por otros procesos y recibió condenas por delitos distintos, entre ellos el secuestro de integrantes de la organización Unidad Popular y el homicidio de Justino Carvajal Salgado. En mayo de 2025 fue trasladado del Altiplano a un penal federal de Coahuila.
Para Aguirre, el desastre político fue inmediato. Conforme transcurrieron las semanas sin que aparecieran los normalistas y crecían las protestas dentro y fuera de Guerrero, la responsabilidad política alcanzó al gobierno estatal. Las movilizaciones denunciaban no sólo la actuación de las autoridades de Iguala, sino también la incapacidad del aparato estatal para impedir que redes criminales y policías locales operaran de manera entrelazada. Bajo una presión creciente, Aguirre solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, menos de un mes después de los ataques. Dijo que se retiraba para favorecer un clima que permitiera concentrar la atención en la búsqueda y las investigaciones. El Congreso estatal aceptó su salida y Rogelio Ortega Martínez terminó por asumir la gubernatura interina.
El caso, lejos de cerrarse con la salida de Aguirre y la captura de Abarca, se convirtió en una investigación sobre las estructuras políticas, policiacas, militares y criminales que operaban en Guerrero. En los años siguientes fueron detenidos policías, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, militares y funcionarios federales; al mismo tiempo, investigaciones independientes revelaron torturas, manipulación de evidencias y obstáculos para esclarecer los hechos. Hasta ahora sólo han sido identificados restos de tres de los 43 normalistas, mientras numerosas preguntas sobre el destino de los estudiantes y la actuación de autoridades de los tres niveles de gobierno permanecen abiertas.
Más de once años después, Ayotzinapa volvió a alcanzar directamente a Ángel Aguirre. Este 6 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra el exgobernador como parte de lo que describió como un nuevo modelo de investigación y un reanálisis de las actuaciones del caso.
De acuerdo con la información difundida sobre la captura, la nueva línea de investigación indaga su posible participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el paradero de los estudiantes. La detención coloca de nuevo bajo escrutinio el papel que tuvo el Gobierno de Guerrero en las horas y días posteriores a la desaparición y abre, más de una década después de su salida del poder, un nuevo capítulo judicial para el político cuya administración quedó marcada definitivamente por Ayotzinapa.
