Denisse
Por Emilio Ulloa
Hay tragedias que conmueven por la pérdida de una vida. Pero existen otras que obligan a un país entero a preguntarse cómo fue posible que el Estado permitiera durante años la existencia de instituciones donde la violencia podía presentarse como un método educativo. El homicidio de Dafne Zapata, una adolescente de trece años ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas, pertenece a esta segunda categoría.
No se trata únicamente de un caso penal que deberá resolverse en los tribunales. Se trata de un espejo que refleja una profunda deformación cultural: la idea de que la disciplina puede construirse mediante el miedo, el castigo físico y la humillación.
Durante décadas, numerosas academias privadas vendieron a miles de familias una promesa seductora: convertir adolescentes «rebeldes» en jóvenes responsables mediante una formación inspirada en la vida castrense. Uniformes impecables, marchas, jerarquías rígidas, obediencia absoluta y entrenamiento físico eran presentados como sinónimos de educación de excelencia. Lo que pocas veces se observó fue qué ocurría detrás de esos muros.
Conforme avanzó la investigación sobre la muerte de Dafne, comenzaron a aparecer testimonios que ya no hablaban de un hecho aislado, sino de prácticas reiteradas: golpes, castigos extremos, ejercicios físicos desproporcionados, aislamiento, humillaciones y un código de silencio impuesto por el temor. A ello se sumaron los antecedentes de otros menores fallecidos en academias similares, lo que permitió identificar un patrón de violencia institucional más que una simple sucesión de accidentes.
Ese cambio en la narrativa pública resulta fundamental. Durante los primeros días, el caso fue presentado como una desgracia ocurrida en un campamento de verano. Poco después, las investigaciones ministeriales derivaron en detenciones y en una indagatoria por delitos graves, mientras exalumnos y padres de familia comenzaron a denunciar abusos sistemáticos.
Pero el verdadero problema trasciende a la conducta de quienes hoy enfrentan un proceso penal.
La pregunta incómoda es otra: ¿cómo pudieron operar durante tantos años instituciones que ofrecían una modalidad educativa que, según la propia Secretaría de Educación Pública, nunca estuvo autorizada por la Constitución ni por la Ley General de Educación? Si las autoridades educativas estatales son las responsables de autorizar y supervisar planteles particulares, ¿por qué fue necesaria la muerte de tres menores para iniciar una revisión nacional?
Aquí aparece una responsabilidad que no puede reducirse al ámbito penal. Existe también una responsabilidad institucional, cuando el Estado omite supervisar adecuadamente y normaliza vacíos regulatorios o permite que instituciones privadas construyan modelos educativos al margen del marco jurídico, la omisión también produce consecuencias.
No obstante, sería un error responder a esta tragedia con una condena simplista hacia las Fuerzas Armadas. Las academias involucradas no formaban parte del sistema educativo militar mexicano ni dependían de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eran instituciones privadas que utilizaban símbolos, lenguaje y estética militar para comercializar un modelo disciplinario. Confundir ambas realidades sería jurídicamente incorrecto y socialmente injusto.
El caso obliga igualmente a revisar una idea profundamente arraigada en nuestra cultura: la falsa equivalencia entre autoridad y violencia. Durante generaciones se ha repetido que «la letra con sangre entra», que el carácter se forja mediante el sufrimiento o que la obediencia absoluta constituye una virtud educativa. La evidencia contemporánea en pedagogía, psicología y derechos humanos demuestra exactamente lo contrario. La disciplina auténtica no nace del miedo, sino del aprendizaje, la responsabilidad y el respeto recíproco.
Por ello, la decisión de la Secretaría de Educación Pública de ordenar el cierre de las escuelas militarizadas de nivel básico representa mucho más que una medida administrativa. Constituye el reconocimiento de que ningún modelo educativo puede justificar prácticas incompatibles con la dignidad de niñas, niños y adolescentes, ni esconder la violencia bajo el lenguaje de la disciplina.
Sin embargo, el cierre de estos planteles no debe convertirse en el punto final de la discusión. Sería insuficiente clausurar edificios sin revisar las causas que hicieron posible su existencia. Habrá que fortalecer los mecanismos de inspección de escuelas particulares, establecer protocolos obligatorios para prevenir cualquier forma de violencia escolar, profesionalizar la supervisión educativa y garantizar que ninguna institución opere al margen de la legalidad.
Pero también será indispensable que la sociedad haga una autocrítica. Mientras existan familias convencidas de que el miedo educa mejor que el diálogo, o de que la humillación forma mejores ciudadanos que el respeto, siempre existirán modelos que ofrezcan vender esa ilusión.
La muerte de Dafne no puede reducirse a una estadística más ni convertirse únicamente en un expediente judicial. Debe marcar un antes y un después en la forma en que entendemos la educación, la autoridad y la protección de la infancia.
Porque cuando una sociedad permite que la violencia se disfrace de disciplina, termina descubriendo demasiado tarde que el uniforme nunca pudo ocultar el abuso.
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