Denisse
- De aprobarse por el Congreso Mexiquense, obligará a las instituciones a romper el silencio, la omisión y la revictimización que imperan en los casos de abuso sexual infantil desde las aulas.
- Alberto, originario del municipio de Apaxco y sobreviviente de violación equiparada, levantó la voz para denunciar el abandono institucional y la impunidad en la que ha vivido.
- «Aquel día en que ese sujeto decidió dejarme tirado como si fuera una basura, tiró mis sueños, mis metas, mi proyecto de vida. Todo lo dejó destruido. Pero ese día también nacieron mis ganas de luchar para que mi historia no se vuelva a repetir», expresó Alberto.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 1º de Julio de 2026.- Con el dolor a cuestas, pero con la firme convicción de que su historia debe cambiar el destino de menores, Alberto de la Rosa Cano acudió al Congreso del Estado de México para presentar formalmente la “Ley Asiel”, una propuesta legislativa, diseñada de la mano de especialistas jurídicos, a fin de transformar de raíz los sistemas educativo y judicial de la entidad, obligando a las instituciones a romper el silencio, la omisión y la revictimización que imperan en los casos de abuso sexual infantil.
Alberto, originario del municipio de Apaxco y sobreviviente de violación equiparada, levantó la voz para denunciar el abandono institucional y la impunidad en la que ha vivido; su testimonio es el motor de una iniciativa que busca corresponsabilizar al Estado y a la sociedad civil en la protección del sector más vulnerable de la población.
«Aquel día en que ese sujeto decidió dejarme tirado como si fuera una basura, tiró mis sueños, mis metas, mi proyecto de vida. Todo lo dejó destruido. Pero ese día también nacieron mis ganas de luchar para que mi historia no se vuelva a repetir», expresó Alberto con profunda conmoción.
A casi tres años del delito y sin haber alcanzado una reparación integral del daño, el activista recriminó la inacción de las autoridades, y explicó que el trauma no solo proviene del agresor, quien muchas veces forma parte del núcleo familiar o es el padrastro, sino del sistema educativo que falló en protegerlo y cobijarlo. «Yo no puedo pensar una escuela sin pánico, sin sentir terror. ¿Cuándo se van a hacer cargo de eso? Dejen a un lado sus reformas y sus códigos, y tomen acciones. No me están haciendo un favor; solo quiero justicia».
La iniciativa lleva por nombre «Ley Asiel» en honor a la valentía de este menor que, a pesar de haber transitado solo y en medio de una «revictimización terrible», decidió canalizar su exigencia en una propuesta formal.
La propuesta fue estructurada técnicamente por la abogada Mayra Cruz Antibáñez, especialista en derechos de la infancia, y un equipo multidisciplinario del colectivo “Tejiendo Sueños”, y de acuerdo con la litigante, el marco normativo actual cuenta con protocolos escritos, pero estos carecen de especificidad sobre los mecanismos de actuación, las vías de canalización y el deslinde de responsabilidades.
La “Ley Asiel” contempla las siguientes medidas clave: formar a docentes, directivos, orientadores y personal educativo en perspectiva de infancia para identificar agresiones físicas y sexuales de manera oportuna; obligar legalmente al personal escolar a dar vista de manera inmediata y directa al Ministerio Público al detectar un posible delito, evitando filtros burocráticos internos que dilaten la justicia.
Así como implementar células fijas de atención en las inmediaciones escolares integradas por un agente del Ministerio Público, un psicólogo, un trabajador social y un abogado coadyuvante del DIF especializado en la materia; y visibilizar el problema y educar a las propias infancias, ya que en múltiples ocasiones los menores no son conscientes de que están siendo víctimas de un delito de índole sexual.
«El Estado de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en índices de delitos de índole sexual contra las infancias. Es una iniciativa ambiciosa, pero es momento de entender que los niños no son el futuro de México; son el presente y tienen voz», enfatizó la abogada Mayra Cruz Antibáñez.
La propuesta fue recibida en la sede legislativa por la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Ana Yurixi Leyva Piñón quien reconoció la gravedad de la problemática y celebró la participación de la ciudadanía en la creación de leyes, recordando precedentes exitosos en la entidad como la “Ley Mariana Lima Buen Día” o la “Ley Carmen Sánchez”, contra ataques con ácido.
No obstante, la legisladora precisó un aspecto técnico fundamental, dado que el colectivo plantea adiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General de Educación, el Congreso local no posee la competencia directa para modificarlas de forma autónoma.
A pesar de esta acotación, Leyva Piñón se comprometió formalmente a respaldar la iniciativa a través de una ruta institucional tales como: una revisión minuciosa del articulado propuesto por el colectivo y los especialistas jurídicos; determinar qué aspectos pueden armonizarse o ejecutarse mediante las leyes locales del Estado de México; y en caso de requerir modificaciones estrictamente federales, el Congreso mexiquense formulará e impulsará una iniciativa preferente dirigida al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación a nivel nacional.
Al cierre del encuentro, Alberto de la Rosa Cano hizo un llamado enérgico a todos los integrantes de la Legislatura, independientemente de sus banderas políticas, para que no den la espalda a las víctimas del estado. Informó que ya ha sostenido acercamientos previos con la Comisión de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos e incluso con la gobernadora de la entidad, quienes se comprometieron a «hacer lo correcto».
«Todavía confío firmemente en que algo puede cambiar, en que mi historia va a cambiar la de miles de infancias víctimas. Espero una votación unánime. Tienen la oportunidad de, por primera vez, hacer algo real por los niños. No nos fallen», concluyó de la Rosa, dejando en manos de los legisladores la urgencia de transformar el aula escolar de un escenario de pánico a un entorno de paz y justicia legal.
