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- Alberto Millán Toledo es acusado de los presuntos delitos de discriminación, violencia mediática, violación a la intimidad personal y violencia contra las mujeres por razón de género.
Cuernavaca, Mor (apro).- El periodista Alberto Millán Toledo, director de Metrópoli Noticias, denunció una presunta persecución judicial en su contra tras la publicación de trabajos periodísticos sobre presuntos actos de abuso de autoridad, tráfico de influencias e irregularidades relacionados con el fiscal anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, y su hija, Valentina Díaz García, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el comunicador y su defensa, las acciones emprendidas tendrían como propósito inhibir su labor informativa, así como generar un efecto de intimidación frente a investigaciones de interés público.
En una videocolumna difundida en redes sociales, Millán Toledo informó que fue notificado de una denuncia por violencia familiar promovida por Díaz García.
De acuerdo con una cédula de notificación emitida por el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, el periodista figura como persona investigada, junto con Jorge López, expareja de la denunciante, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Ambos son señalados por el delito de violencia familiar. El documento establece además la imposición de medidas de protección a favor de la denunciante.
El periodista sostuvo que la denuncia deriva de publicaciones periodísticas relacionadas con presuntas irregularidades en un litigio familiar.
«Hoy somos víctimas de una persecución por parte de la Fiscalía General del Estado que tiene como objetivo silenciarnos», afirmó.
Según Millán Toledo, la información difundida por su medio está sustentada en expedientes de investigación.
«Su molestia deriva de una publicación en la que evidenciamos el presunto tráfico de influencias para manipular un expediente en un litigio en contra de su expareja», señaló.
Asimismo, acusó que la funcionaria habría utilizado recursos institucionales para acelerar el procedimiento en su contra.
«Ha utilizado personal de la Fiscalía del Estado para que su denuncia avance rápidamente hasta su judicialización», aseguró.
El periodista responsabilizó al fiscal anticorrupción Leonel Díaz Rogel; a Valentina Díaz García y Leonel Díaz Grajales; así como a Víctor Rogel, jefe de asesores del secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, de cualquier afectación que pudiera sufrir él o su familia.
«Este tipo de acciones no nos van a intimidar ni nos van a callar», sostuvo.
Este martes 16 de junio se llevó a cabo una audiencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. La solicitud para ratificar medidas de protección fue retirada antes de la diligencia y, hasta el momento, no existe nueva audiencia programada.
Jordi Iván Morales Montoya, abogado particular de Millán Toledo señaló que el periodista no mantiene relación alguna con la denunciante y que la investigación se originó a partir de publicaciones periodísticas.
Añadió que durante el procedimiento el asesor jurídico de la denunciante pidió restringir publicaciones sobre ella y su familia, lo que fue rechazado por la autoridad judicial al no tener facultades para ello.
En la carpeta de investigación se mencionan posibles delitos como discriminación, violencia mediática, violación a la intimidad personal y violencia contra las mujeres por razón de género. La defensa sostiene que no existen elementos suficientes para acreditar la comisión de algún ilícito.
El litigante también cuestionó la celeridad del procedimiento, al señalar que la denuncia fue presentada el 29 de mayo y en menos de dos semanas se promovieron medidas restrictivas.
«Con base en mi experiencia, estos procedimientos suelen tardar entre cuatro y seis meses», indicó.
A juicio de la defensa, existen indicios de un posible uso indebido del aparato institucional.
El periodista confirmó que presentó una queja ante organismos de derechos humanos y analiza otras acciones legales.
Este medio solicitó de manera directa una postura al fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, respecto de los hechos y señalamientos expuestos en esta nota. Hasta el cierre de la edición no se había recibido respuesta.
El proceso judicial en contra de Jorge López, ciudadano mexicano y estadounidense, se originó a partir de una denuncia por el delito de violencia familiar presentada por Valeria Amarantha Díaz García, actual agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos e hija del fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Rogel.
La denuncia dio lugar a la carpeta de investigación CJM01/1256/2024, iniciada en agosto de 2024 ante el Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Morelos, en la que se refieren hechos ocurridos entre 2019 y 2024.
En paralelo, Díaz García promovió el expediente 333/2024-1 ante el Juzgado Quinto Familiar del Primer Distrito Judicial en Morelos, en el que solicitó la guarda y custodia de la hija de ambos, así como el pago de pensión alimenticia y diversas prestaciones económicas. El juzgado otorgó medidas provisionales a favor de la madre y fijó una pensión mensual, además de una garantía alimentaria.
La defensa del imputado promovió un incidente de nulidad al señalar irregularidades en el emplazamiento, al argumentar que su domicilio se encuentra en San José, California, Estados Unidos; sin embargo, el recurso fue desestimado por la autoridad judicial.
De acuerdo con la familia de Jorge López, el caso estaría marcado por el presunto uso de influencias por parte de la denunciante y su entorno familiar, particularmente por su relación con el fiscal anticorrupción Leonel Díaz Rogel, lo que —afirman— habría incidido en el curso de las actuaciones judiciales.
El 19 de mayo de 2026, aproximadamente a las 14:00 horas, Jorge López fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de dicha investigación.
Posteriormente fue puesto a disposición del juez de control en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos, donde en audiencia inicial fue vinculado a proceso y se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
