Denisse
Por Joaquín H. Vela González.
El actual modelo tributario es insostenible, lleno de lagunas y contradicciones, y durante décadas vulnerado por la corrupción de los gobiernos anteriores, y por exenciones y elusiónes fiscales al por mayor, que finalmente dejaron que el mayor peso de la carga fiscal (65.4%) recaiga en las y los trabajadores (24.8%) y en los consumidores (40.6%), mientras que los grandes contribuyentes, y quienes concentran la riqueza del país, aportan solo una pequeña e insuficiente parte de los ingresos públicos de un abrumado y sobre endeudado Estado mexicano.
Cómo hemos reiterado en artículos anteriores, México es un país reprobado en materia de recaudar impuestos. Continuamos a la zaga en el porcentaje de la tributación respecto al Producto Interno Bruto (PIB) que es del 14.92%, que está por debajo de la media de la región latinoamericana, que recauda el 21%, y mucho más debajo de la media de recaudación de los países del continente europeo, que logran promedios de captación de alrededor del 33%.
Este problema no es nuevo, en realidad se remonta a los inicios de la industrialización mexicana, de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Una causa del esquema tributario fallido viene de inicios del gobierno del presidente Adolfo López Mateos. En esa fase del desarrollo nacional, era clave delinear una política de incentivos fiscales que acompañara el exitoso Programa económico de Desarrollo Estabilizador, que dio soporte al llamado “Milagro Mexicano” que vistió a ese gobierno y al siguiente. En este artículo vamos a profundizar sobre estos orígenes del gran problema que ahora enfrentamos.
Un primer dato de antecedente es el Programa Económico Nacional (PEN), que el entonces Director del Seguro Social, Antonio Ortiz Mena, preparó en 1958 para el candidato presidencial Adolfo López Mateos. Ya en ese documento había una propuesta de reforma al sistema mexicano de impuestos:
“Para que la política tributaria contribuya en los próximos años a redistribuir y a ampliar las fuentes de financiamiento no inflacionario que se requieren para atender las crecientes necesidades de obras y servicios públicos, debe responder a los principios siguientes: a) Revisar y modificar gradualmente la actual estructura del sistema tributario para lograr una mayor contribución de los sectores sociales que obtienen más altos ingresos. b) Lograr una mayor progresividad de los impuestos directos y particularmente del Impuesto sobre la Renta. c) Estudiar la conveniencia de aumentar los impuestos indirectos que gravan el consumo de artículos suntuarios, así como de mercancías y servicios que están sólo al alcance de los grupos de más altos ingresos”. Historia del Banco de México. Eduardo Turrent Diaz. Tomo IX: Esfuerzos para el desarrollo (1954-1970) V. El grupo Hacienda-Banco de México. 18. Controvertida reforma fiscal.
Al arribar López Mateos a la Presidencia, Antonio Ortiz Mena fue nombrado Secretario de Hacienda, quien logró consolidar la etapa de desarrollo económico más sólido en nuestra historia.
Sin duda este personaje tenía claro que para lograr la prosperidad industrial, se necesitaba tener una hacienda pública sana, como se puede apreciar en su propuesta de Programa Económico Nacional (PEN) ya anteriormente expuesto en este artículo. Estas ideas básicas desarrolladas en este documento necesitaban ser consolidadas, y para ello Antonio Ortiz Mena busco y consiguió que el economista húngaro-británico Nicholas Kaldor fuera contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para estudiar la situación tributaria de México, evaluar el sistema fiscal y sentar las bases para una profunda reforma fiscal.
Aunque el trabajo y la reforma tributaria se gestaron en los años previos, el economista poskeynesiano realizó los análisis necesarios, y entregó minutas y reportes sobre las condiciones en las que se encontraba la hacienda pública mexicana. Sus conclusiones de haber sido aplicadas desde aquellos tiempos, habrían cambiado nuestra historia fiscal, económica, política y social. Sin embargo, en 1961, Ortiz Mena decidió no aplicarla, y formar Comisiones del Banco de México y de la Secretaria de Hacienda para aterrizar la propuestas de Kaldor, para finalmente desecharlas.
Esta es la primera Reforma Fiscal fracasada. En realidad la decisión de Ortiz Mena fue estrictamente de carácter político, porque nunca cuestionó el carácter técnico económico de la propuesta de Kaldor.
“¿Por qué pudieron parecer a Ortiz Mena tan “radicales” las propuestas del investigador de la Universidad de Cambridge, Nicholas Kaldor ?. La primera razón pudo provenir de la amplia cobertura de conceptos que deseaba gravar y que incluía desde el ingreso acumulado de las familias, su patrimonio, las donaciones y las herencias y el gasto personal de los causantes. El otro elemento fue seguramente el de la tasa máxima aplicable al ingreso personal que sería del 40 por ciento con una progresividad tal vez muy rápida a manera de que los causantes llegaran muy rápido a la tasa máxima. De particular importancia sería el impuesto al patrimonio el cual, según Kaldor, debería comprender “todo tipo de activos, la propiedad raíz, los bienes tangibles y los bienes intangibles, los valores de toda clase y los depósitos bancarios, las joyas y obras de arte que excedieran de cierto valor”. Eduardo Turrent Diaz. op.cit.
Cómo se puede observar la propuesta era integral, no solo se orientaba a gravar los ingresos de las personas y las empresas, sino no también el impuesto al patrimonio que grava la riqueza de las personas y empresas con mayor riqueza acumulada. Que de ser normada desde aquel tiempo nos hubiera convertido en un Estado que sería modelo en el tema tributario y nos hubiera aportado los recursos para lograr el desarrollo nacional de forma exitosa.
Al no aplicarlo en aquel momento anterior al gran crecimiento del país, y también a la aplicación del modelo neoliberal que generó una mayor concentración de la riqueza, se estaba posponiendo también un tema imprescindible para la nación y nos ha dejado una papa caliente para el presente.
Uno tras otro, los gobiernos posteriores han pospuesto esta urgente y necesaria Reforma Tributaria y han medio solventado la falta de recursos públicos para el desarrollo. Excluyendo a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los cuales intentaron Reformas Fiscales, conservando privilegios, y con resultados poco sustanciales. Los demás no se comprometieron con una Reforma, y se las arreglaron recurriendo únicamente a los ingresos petroleros y al endeudamiento público, que hoy está amenazado con ahogarnos.
Es impostergable, con todas las complicaciones políticas, sociales y económicas, sean estas nacionales o externas pensar en realizar una Reforma Hacendaria Integral que cambie no solo a los gravámenes al ingreso de las personas y las empresas, sino no a la riqueza de quienes deberían ser grandes contribuyentes, pero que pagan pocos impuestos y actualmente detentan las mayores fortunas del país. Este proceso debería de haberse realizado en los primeros tiempos de este sexenio, aprovechando los 36 millones de votos logrados en la elección presidencial.
Lo que no se hizo en 1961, y que traemos arrastrando en nuestro sistema económico, hay que hacerlo ahora apoyados en el alto consenso de nuestra Presidenta Claudia, pues en este tema no se puede continuar pateando el bote.
velagj@economía.unam.mx
