Denisse
- «Los hallazgos del Operativo Enjambre confirman que la infiltración del crimen organizado en el ámbito local no distingue colores ni filiaciones políticas».
Por Ana Lilia Pérez
Proyectada en el año 2000, la película La Ley de Herodes ganó popularidad al llevar a la pantalla grande la tragicomedia del poder local en México. La cinta retrata fielmente a esos presidentes municipales que ejercían como señores todopoderosos, imponiendo su propia Ley, y enriqueciéndose mediante abusos criminales al más puro y grotesco estilo priista. Decidí verla atraída por su título, el cual me recordaba de inmediato a Jorge Ibargüengoitia, autor del libro homónimo. En su obra literaria y periodística, Ibargüengoitia desnudó con maestría las contradicciones, absurdos y corrupción de un sistema político dominado por los autoproclamados “herederos de la Revolución”.
Aunque es una obra de ficción, la película de Luis Estrada me generó un profundo sinsabor, porque como reportera, me tocó constatar en el terreno la realidad de varias poblaciones donde los alcaldes se erigían como caciques tiranos. Estos funcionarios no sólo saqueaban el erario, sino que caían en la mayor degradación posible para un servidor público: la vinculación con el crimen organizado.
Ni entonces ni ahora estas situaciones han sido privativas de nuestro país; por el contrario, dichos comportamientos se replican en muchas regiones. Un ejemplo de esto lo analiza en Perú el abogado y profesor de Filosofía del Derecho, Eddy Chávez, en su artículo académico “La tragicomedia de la administración municipal en La Ley de Herodes”.
En su texto, el autor refiere que la estructura del municipio como unidad político-administrativa nació en la antigua Roma. Explica que, a medida que este modelo se generalizó en el mundo, se le dotó de una autonomía y de atribuciones carentes de contrapesos. Esto es precisamente lo que conduce a las autoridades locales a cometer excesos no tan distintos de los que Estrada retrata a través de su personaje, Juan Vargas.
Dice el jurista en su artículo que:
La tragicomedia del municipio representada en el cine llega a todos aquellos que, “además de entretener, se quieran enterar de lo que está pasando con las autoridades locales. Si bien sirve además de divertimento, uno se pregunta, ¿y mi Alcalde? Tan embustero, tan cual cosa, tan esto, que mucho le falta de correcto y competente y mucho le sobra de Juan Vargas, el Alcalde, personaje central de la película que sirve de engranaje para retratar el ejercicio del poder local, la precariedad municipal y la corrupción”, icónico de una autoridad local que, resulta el reflejo de una circunstancia de un continente.
La transición del Alcalde que despacha en el cargo como “cacique tirano” y su posterior colusión con el crimen organizado constituye una consecuencia predecible de la impunidad. Este fenómeno de infiltración en las administraciones locales no es exclusivo de América Latina; a nivel global ocurre en otras regiones. Así lo pude documentar cuando, en diversos países europeos, realicé parte de mis investigaciones para el libro Mares de cocaína (2014).
Es en las estructuras de la administración a nivel de municipio, donde muchas veces comienzan esos conectes, ese enganche de los grupos criminales con los funcionarios públicos, que históricamente han sido los menos supervisados.
En el contexto nacional, los alcaldes suelen tener elevados sueldos y gozar de prebendas, y aun así hay los que se corrompen enganchándose con grupos criminales.
Ese mecanismo de relación entre crimen y alcaldes es añejo, y en esas redes se han involucrado ediles de todas las filiaciones políticas. Pero ahora, operativos como la Operación Enjambre, representan un avance significativo en la desarticulación de estas redes.
En la Operación Enjambre, estrategia interinstitucional del Gabinete federal de seguridad que se puso en marcha en noviembre de 2024, a partir de trabajo de inteligencia, se han detectado y detenido a alcaldes y funcionarios municipales vinculados con el crimen en varias entidades. Hasta ahora van detenidos más de 140 funcionarios municipales, incluidos 20 alcaldes y exalcaldes del Estado de México, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala y Morelos.
Como los Juan Vargas de La Ley de Herodes se servían del cargo municipal para sus actos corruptos y corruptores.
El modus operandi que tenían esos alcaldes a los que se ha detenido (algunos incluso ya están sentenciados) son una muestra de esas estructuras de operación a nivel local ausente de mecanismos de control y auditoria.
Así, en municipios del Estado de México –entidad donde inició la Operación Enjambre– eran algunos alcaldes y sus subalternos, quienes directamente operaban las extorsiones a comerciantes, a quienes también les imponían las compras y proveeduría a quienes el Alcalde y su grupo criminal les indicaba; no autorizaban la apertura de negocios a quienes no pagaran extorsión, además en las oficinas de las presidencias municipales hacían maniobras ilegales con las asignaciones contractuales, así hacían alcaldes como el de Almoloya de Alquisiras.
En el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, una Alcaldesa y su esposo, quien fue electo como su sucesor en el cargo, estaban vinculados con La Familia Michoacana, y a miembros de esa organización criminal le daban información que incluía datos catastrales sobre el quienes tenían propiedades y hasta quienes recibían programas sociales para que extorsionaran a esas personas.
En Amanalco, una Presidenta Municipal ordenó a integrantes de La Familia Michoacana que asesinaran a un Síndico y su chofer, para “quitarlo del camino” y que ella pudiera disponer del municipio como quisiera.
En Puebla, un clan de tres hermanos presidentes municipales que en tres municipios –Tlachichuca, Ciudad Serdán, y San Nicolás Buenos Aires– imponían su Ley incurriendo en múltiples delitos: enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, daño patrimonial, extorsión, robo a transporte de carga, narcomenudeo.
El padre de los tres alcaldes también lo había sido del municipio Tlachichuca, luego el mayor de los hijos, después el segundo hermano, quien dejó su cargo para su candidatura a una diputación local, y aun y cuando el cargo debía asumirlo su suplente, él se lo dejó a su mamá para que la familia siguiera controlando el municipio. Luego regresó como Presidente Municipal, y después el tercer hermano.
En los cateos a sus ranchos se encontraron animales exóticos traficados, armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, y mercancías con reporte de robo.
También en Puebla el Presidente Municipal de Cuautempan incurría en manejo ilícito de recursos públicos, tenía a muchos de sus familiares en la nómina del municipio y, vinculado a la delincuencia organizada, participaba en extorsiones, robo a transporte de carga, secuestro, narcomenudeo. En cateos a sus propiedades se encontraron drogas, armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, vehículos. Desde mayo del año pasado se giraron órdenes de aprehensión en su contra, pero se dio a la fuga y estuvo prófugo, hasta que en febrero fue detenido en Tlaxcala.
Otro de los casos más graves es el ocurrido en Teuchitlán, donde el Alcalde estaba vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que en ese municipio de Jalisco tenía uno de sus ranchos usados como centro de operaciones y reclutamiento. Recibía el Alcalde sobornos de ese grupo criminal, y también operaba, junto con varios de sus familiares, una red de huachicoleo en la zona.
El mismo grupo criminal tenía en el municipio de Tequila a otro de sus alcaldes cooptados. Extorsión, vínculos con la delincuencia organizada son de los delitos que se le imputan, además de secuestro, al señalarse que en el proceso electoral que resultó electo, mandó secuestrar a quien le competía el cargo. Se encuentra preso en el penal del Altiplano.
De los alcaldes detenidos en la Operación Enjambre, varios son de municipios que en años recientes registraron altos niveles de violencia en Chiapas, y es que eran esos mismos alcaldes los perpetradores de violencia y amenazas contra población que no les pagara extorsión
En el municipio de Bella Vista, el Alcalde, vinculado con el crimen organizado, extorsionaba a familias que eran desplazadas por la violencia. En tanto que, en Frontera Comalapa, el Alcalde que en enero de 2025 fue detenido, desviaba recursos públicos, incurría en actos de corrupción y vinculado al crimen organizado extorsionaba a los pobladores; también se le imputan delitos de desaparición forzada y homicidio.
En Cintalapa, otro Alcalde también vinculado con grupos criminales y actos de corrupción fue detenido en enero de 2026. Llevaba dos periodos en el cargo con una estructura de funcionarios municipales y policías también vinculados con el crimen organizado. Se le imputan cargo de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, corrupción, malversación de recursos públicos y vinculación con el crimen organizado.
Otro expresidente municipal en Chiapas, el de Pueblo Nuevo Solistahuacán también fue detenido, vinculado al crimen organizado, en su haber tenía ya imputaciones de secuestro y homicidio de personas que participaban en procesos electorales, pero mediante amparos librara la cárcel. Su reaprehensión ocurrió en enero pasado.
Las detenciones más recientes son las de varios alcaldes de Morelos (de Atlatlahuacan y Yecapixtla) vinculados con el crimen organizado. Hay también orden de detención contra el de Cuautla, pero obtuvo un amparo provisional.
Los casos descritos involucran a ediles de todos los partidos. Por eso los hallazgos del Operativo Enjambre confirman que la infiltración del crimen organizado en el ámbito local no distingue colores ni filiaciones políticas. Este escenario evidencia la necesidad urgente de implementar filtros más estrictos en la selección de candidatos y consolidar una coordinación permanente entre los distintos niveles de Gobierno para detectar y desarticular a tiempo cualquier vínculo delictivo en la función pública.
El primer filtro debe nacer dentro de los propios partidos políticos. Por ello, resulta indispensable que se revisen a profundidad iniciativas como la propuesta enviada recientemente por la Presidencia de la República al Congreso, en que se propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
Esa Comisión -según la iniciativa– funcionaría como un vínculo con para las autoridades de seguridad, inteligencia, y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR). Al buscar y cruzar información clave, se podría identificar, de manera preventiva, cualquier riesgo de nexos con la delincuencia organizada.
En el Periodo Extraordinario de Sesiones que en el Congreso inició el martes, la discusión sobre la integridad de las candidaturas es uno de los temas más urgentes y trascendentales de la agenda legislativa.
