Denisse
Por Francisco V. Figueroa
El desarrollo económico, no implica, necesariamente, una mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores ni, mucho menos, una disminución en su grado de explotación.
México tiene una población estimada de 132 millones, 997 mil 658 personas. De esa totalidad, la población económicamente activa (PEA) en marzo de 2026 fue de 61.6 millones de personas de 15 años y más, 58.6 % (de acuerdo al Inegi) de la población total. (Inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indicadores de ocupación y empleo, 24 de abril de 2026).
De esos 61.6 millones de personas que están en posibilidades de trabajar, que tuvo algún vínculo con alguna actividad económica o buscó activamente hacerlo, de acuerdo con la acotación que hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 60.2 millones tienen una ocupación. En el mismo reporte se señala que la población desocupada en el mes de referencia (marzo de 2026), fue de 1.5 millones de personas.
Ahora bien, de acuerdo con las cifras que ofrece este organismo gubernamental acerca de personas que cuentan con algún empleo (60.2 millones), el 24 % de ellas, que son 14.4 millones de personas, se dedican a las actividades secundarias, donde se encuentran la industria manufacturera, de la construcción y la extractiva y de generación de la electricidad; 64.8 % (39.1 millones) a las actividades terciarias, y 10.4 % (6.3 millones), a las actividades primarias.
“Del total de la población ocupada (60.2 millones), 41.5 millones (69.0 %) operaron como trabajadoras o trabajadores subordinados y remunerados al ocupar una plaza o puesto de trabajo” (INEGI 2026). En otras palabras, esa cifra representa, con cierto grado de credibilidad, el número de asalariados que se reconocen de manera oficial.
De ninguna manera significa que todos ellos tengan cubiertos completamente sus derechos como trabajadores formales. “Hasta el 28 de febrero de 2026, el IMSS reportó un total de 22,691,750 empleos, la cifra más alta jamás registrada para un mes de febrero. De este total, el 86.8% corresponde a puestos permanentes, es decir, 19,696,459, mientras que el 13.2% son ocupaciones eventuales”. (Revista Fortuna, 9 de marzo de 2026).
Es decir, de los 41,5 millones que el gobierno reconoce como asalariados, en cifras redondeadas, 20 millones tienen acceso a la salud y 21.5 millones no. Claro, habría que eliminar de esta última cifra, a los que hacen uso de otro tipo de instituciones, por ejemplo, las privadas, para garantizar su derecho, sin embargo, es posible percatarnos de la dimensión de la dificultad que tienen los trabajadores, reconocidos oficialmente, para acceder a la seguridad social. Si tomamos en cuenta a aquellos que no entran en estas estadísticas, deducimos que el problema es mucho mayor.
El acceso de los trabajadores a la seguridad social, no es el único que en nuestro país no se cumple; junto a él se encuentran también el de la atención a la salud, a la de un salario digno y a las prestaciones laborales que no solo afectan al trabajador, sino también a sus familias.
La condición de asalariados, dentro del marco de las clases sociales y de la constante lucha que existe entre ellas, aunque no sea fácil percatarse de ello, representa una posibilidad de reconocer la magnitud de la fuerza del proletariado en nuestro país y de las posibilidades que se abren para su reconocimiento como clase y para la identificación de sus intereses inmediatos y estratégicos dentro del capitalismo de manera concreta.
Lenin define a las clases sociales de la siguiente manera: “Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran frente a los medios de producción (relaciones que las leyes fijan y consagran), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, por consiguiente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen.
“Las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social” (Lenin, una gran iniciativa, en Marx, Engels, marxismo).
Con lo citado anteriormente, es posible identificar que esos asalariados a los que nos referimos, en el caso concreto de nuestro país, pertenecen al proletariado o están en vías de proletarizarse, en virtud del desarrollo del capitalismo, ya que, de inicio, no son dueños de los medios de producción y, por tanto, reciben una remuneración a cambio de la venta de su fuerza de trabajo. Son trabajadores, aunque, dentro de su empleo, cumplan algunas funciones de vigilancia o dirección.
Esos 41.5 millones de asalariados reconocidos oficialmente por los organismos gubernamentales, representan el 31.2% respecto a la población total del país, sin embargo, representan el 69.0% con relación a toda la población que cuenta con un empleo, es decir, representa más de la mitad de la fuerza total que genera la riqueza en este país y que ha permitido que México ocupe la posición número 13 dentro de las mejores economías del mundo.
Reconocer que el proletariado es la mayor fuerza motriz de la economía de nuestro país, no es suficiente, es necesario también reconocer, por un lado, que, dentro del capitalismo, esa mayoría está sometida a una explotación creciente, que le despoja de su humanidad y lo bestializa, que le limita sus derechos y que condena a toda su familia a toda una vida de penalidades y, por otro, reconocer también, la necesidad de terminar con todo este sistema de abusos.
Es justo luchar por mejores condiciones laborales y de condiciones de vida más justas para las familias de los trabajadores; eso significa exigir un mejor reparto de la riqueza producida. Aunado a ello, es justo también, luchar por construir un país en el que sea eliminada la fuente que origina la pobreza y la desigualdad, la propiedad privada y la explotación. Dada la condición que tiene la mayoría de los trabajadores, es necesario que tome conciencia de las alternativas que tiene como clase social, que reconozca que la lucha por los intereses gremiales no es suficiente y que comprenda y desarrolle la lucha política, la lucha por la toma del poder, como única garantía para resolver definitivamente la situación en que nos encontramos, no debemos acostumbrarnos a ella ni ser indiferentes.
