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- La CIDH destaca que el Gobierno mexicano ha impulsado acciones institucionales relevantes en los últimos años para enfrentar esta problemática.
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– La desaparición de personas en México constituye una grave crisis de derechos humanos: más de 128 mil personas permanecen desaparecidas y al menos 70 mil cuerpos bajo resguardo del Estado continúan sin identificar, concluye el informe «Desaparición de Personas en México», elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El reporte, cuyo objetivo es dar cuenta de los avances y desafíos frente a esta problemática desde 2018, señala que las modalidades de desaparición se han transformado durante las últimas dos décadas. Mientras que entre 1965 y 1990 predominó la desaparición forzada cometida por agentes estatales —hechos reconocidos por el propio Estado mexicano—, actualmente el fenómeno responde a un esquema mucho más complejo.
“En este escenario, las desapariciones de personas son también cometidas en contextos de violencia por el crimen organizado, cuyos mercados ilegales han crecido y se han diversificado mediante su presencia armada y su connivencia con agentes estatales en distintos territorios del país”, refiere el documento, presentado este lunes.
La CIDH reconoce que, en años recientes, el Estado mexicano ha adoptado diversas “acciones positivas” para enfrentar esta crisis. “En el plano nacional, desde 2018, impulsó una serie de instituciones, normas y protocolos para poder enfrentar la desaparición”, subraya.
Entre estos avances destacan la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda y la implementación gradual de herramientas especializadas.
En el plano internacional, el organismo resalta que México ha reconocido la existencia de una crisis humanitaria por desapariciones, ha participado en más de diez audiencias temáticas ante la CIDH, invitó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) a visitar el país y aceptó como obligatorias sus acciones urgentes, entre otras medidas.
El Gobierno de México ha criticado duramente los informes en materia de derechos humanos y desapariciones que organismos dependientes de la ONU presentaron a inicios de abril pasado. La Cancillería rechazó las conclusiones del CED, que decidió solicitar al Secretario General de la ONU remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. El CED argumentó que hay indicios fundados de que en el país se ha cometido y se sigue cometiendo este delito, considerado un crimen de lesa humanidad.
Este domingo, el Gobierno mexicano se mostró abierto al diálogo permanente con los organismos internacionales de derechos humanos en materia de desapariciones para colaborar conjuntamente en la atención de esta problemática que lacera todos los días a la sociedad mexicana.
Desapariciones, autoridades y narco
La Comisión advierte que las desapariciones perpetradas por agentes estatales no han sido erradicadas. “Si bien los actos de desaparición cometidos por el crimen organizado han cobrado protagonismo en los últimos años, también se observa que, en algunos periodos recientes y en determinadas entidades federativas, la distribución de responsabilidades entre agentes estatales y no estatales es porcentualmente casi la misma”, señala.
Asimismo, documenta que las desapariciones ejecutadas por grupos criminales operan como mecanismo de control interno, represalia contra organizaciones rivales o castigo hacia la población civil.
Para mantener su poder territorial y evadir la acción del Estado, estos grupos suelen reclutar a agentes encargados de tareas de seguridad, procuración de justicia e incluso autoridades políticas.
La CIDH recuerda que la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024 reconoce que “el tamaño, la extensión y el poder de los grupos criminales en México sólo se explican por niveles equivalentes de corrupción en órganos estatales, especialmente aquellos relacionados con la lucha contra el crimen y la procuración e impartición de justicia”.
El informe también subraya afectaciones diferenciadas entre diversos sectores sociales. Señala patrones específicos en las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, vinculados al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado; de mujeres y personas LGBTIQ+, motivadas por razones de género; así como de personas defensoras de derechos humanos y periodistas debido a su labor.
A ello se suma la especial vulnerabilidad de las personas migrantes, quienes enfrentan altos niveles de violencia e inseguridad durante sus rutas de tránsito.
“Si bien México ha resaltado que no existe una política o plan preconcebido de desaparición de personas, este fenómeno es indiscriminado, pues afecta a diversos y amplios sectores sociales, aunque existen patrones específicos por edad, género y condiciones estructurales”, advierte la CIDH.
La impunidad, “un problema infranqueable”
El informe también describe la impunidad como “un problema infranqueable”: “La impunidad se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias frente a la magnitud del fenómeno”, sostiene.
Aunque reconoce esfuerzos recientes —como la judicialización de cerca de una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada durante el último año—, la CIDH considera que éstos siguen siendo insuficientes para revertir una crisis de esta magnitud.
La Comisión advierte que, para miles de familias, la desaparición marca el inicio de un prolongado calvario institucional, al obligarlas a enfrentar procesos administrativos y judiciales descritos por múltiples testimonios como burocráticos, engorrosos, traumáticos y revictimizantes.
“Esto vulnera derechos como la integridad personal, la dignidad, la memoria, la verdad y el acceso a la justicia”, enfatiza.
Por ello, el organismo urge a recuperar la centralidad de las víctimas y sus familias, y a que el Estado asuma plenamente su obligación de investigar para que las carpetas y averiguaciones previas avancen hacia la judicialización.
Finalmente, la CIDH advierte que la sobrecarga procesal obstaculiza investigaciones diligentes y favorece errores, omisiones e incluso prácticas de opacidad por parte de agentes ministeriales, quienes en ocasiones limitan el acceso a expedientes o retienen información sobre hallazgos ante el temor de enfrentar responsabilidades administrativas.
