
Por Ana Valeria Castro
Toluca, Méx.- En su novena sesión pública, el Tribunal Electoral del Estado de México analizó un total de 30 juicios de la ciudadanía local y tres procedimientos sancionadores, cuyos datos fueron previamente publicados en estrados y en su página oficial. Durante la jornada se informó que los expedientes correspondientes a los juicios 1 y 56 de 2026 fueron retirados.
Entre los asuntos más relevantes destacan diversos juicios promovidos por la síndica del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, en los que se controvirtieron respuestas y omisiones de autoridades municipales relacionadas con solicitudes de información. En los expedientes acumulados 75 y 84 de 2026, el Tribunal determinó revocar el oficio emitido por la Secretaría del Ayuntamiento, al considerar que vulneró el derecho político-electoral de la actora en el ejercicio de su cargo, al no entregarle información bajo su resguardo.
En una resolución similar, los juicios 78 y 93 también derivaron en la revocación de la respuesta del tesorero municipal, debido a que la información proporcionada fue incompleta, particularmente en lo referente a participaciones federales y estatales. En ambos casos, los planteamientos sobre posible violencia política de género fueron escindidos para su análisis integral en procedimientos independientes.
Asimismo, en los juicios 74 y 85, el Tribunal concluyó que persistió la omisión de entregar documentación solicitada, como actas de cabildo de 2025, lo que constituye una afectación al desempeño del cargo de la síndica, por ello, se ordenó la entrega de la información y se vinculó a autoridades municipales a cumplir con la resolución.
En otros expedientes, como los juicios 46, 47, 52 y 53, se declararon inoperantes algunos agravios al haberse satisfecho previamente las pretensiones de la actora en resoluciones relacionadas, no obstante, en casos como el juicio 50, se acreditó la omisión del tesorero al no responder solicitudes de información financiera, ordenándose su cumplimiento.
Durante la sesión también se resolvieron asuntos en los que se confirmaron resoluciones previas, se declararon omisiones de autoridades municipales y se revocaron diversos oficios por vulnerar el derecho al ejercicio del cargo. En varios casos, el Tribunal reiteró que la información solicitada por integrantes del cabildo debe ser proporcionada cuando esté vinculada a sus funciones.
En cuanto a la votación, la mayoría de los proyectos fueron aprobados por unanimidad, aunque se registraron votos particulares, principalmente en lo relacionado con la escisión de asuntos vinculados a violencia política de género, tema que algunas magistraturas consideraron debía remitirse a procedimientos sancionadores específicos.
Finalmente, el órgano jurisdiccional resolvió también un procedimiento sancionador ordinario, en el que determinó la existencia de difusión extemporánea de un informe de gobierno municipal, aunque descartó otras infracciones como promoción personalizada o uso indebido de recursos públicos.
Con estas resoluciones, el Tribunal reafirma su papel en la tutela de los derechos político-electorales y en la vigilancia del correcto desempeño de las autoridades municipales en el Estado de México.


