Carlos H.
- El fiscal César Jáuregui se encuentra en medio de una crisis política por el escándalo de la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua, que detonó señalamientos por posible violación a la soberanía y exigencias de explicación del Gobierno federal, en un momento clave para su proyección política.
Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- “Estoy listo para servir a Chihuahua”. Con esa frase, la imagen de César Jáuregui Moreno en espectaculares tapizó la capital de la entidad con miras a las elecciones del 2027. Mientras, a nivel nacional, su nombre arde en la escena pública y no por esa promesa de servicio sino por la polémica que lo coloca —junto a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván— en el centro del huracán: la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en la sierra chihuahuense.
La crisis tanto de la Gobernadora como del Fiscal ocurre en un momento particularmente delicado para Jáuregui Moreno. En cuestión de días, su proyección política —impulsada a través de la difusión de su imagen pública por diversos medios— se ha visto opacada por el escándalo derivado de la presencia de agentes estadounidenses en territorio estatal, un tema que ha dominado la agenda pública durante la semana que pasó y que continúa escalando.
Desde hace semanas y, especialmente, días antes de que estallara el «CIA Gate», el Fiscal intensificó su posicionamiento rumbo a una eventual candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para la Alcaldía de la Ciudad de Chihuahua, mientras que, además, en la entidad persisten cuestionamientos sobre su trabajo en materia de seguridad, particularmente por el número de homicidios dolosos y otros indicadores delincuenciales.
Chihuahua se ubica como la segunda entidad con mayor promedio diario de homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En marzo pasado, Chihuahua registró 132 víctimas, es decir 4.25 al día, sólo por debajo de Guanajuato, que contabilizó 147.
En el primer trimestre del año, la entidad norteña acumula 359 víctimas de homicidio doloso. La tendencia en los últimos años se mantiene en niveles elevados: en 2025 se registraron mil 795 casos; en 2024 fueron 2 mil 041; en 2023 se reportaron 2 mil 089; en 2022, mil 987, y en 2021 se registraron 2 mil 445 asesinatos
Gráfica sobre homicidio doloso en los distintos estados
Chihuahua es la segunda entidad con más asesinatos en México, sólo por detrás de Guanajuato, de acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Imagen: Captura de pantalla
El caso de la probable intromisión de agentes de la CIA con la venia del Gobierno estatal ha escalado a nivel nacional, al grado que se convirtió en el epicentro de las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a lo largo de la semana anterior. Y es que no es un asunto menor ya que– según resaltó la propia mandataria federal– implica que autoridades de Chihuahua habrían violentado la Ley de Seguridad Nacional al establecer acuerdos con instancias extranjeras sin informar al Gobierno federal —ignorando en específico a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)— y, sobre todo, al permitir la participación directa de agentes en labores de campo durante un operativo, lo que rebasa los esquemas de cooperación bilateral y vulnera la soberanía nacional.
Sheinbaum Pardo incluso reiteró que se trata de un “asunto muy serio”: “Por eso, todos los gobernadores, todos los presidentes municipales que quieran tener relación con un gobierno extranjero tienen que cumplir la ley sí o sí, porque la soberanía no se negocia. Es nuestro principio y estoy segura de que el pueblo de México está con eso”, afirmó en su conferencia del viernes pasado.
La controversia comenzó tras darse a conocer la muerte de dos personas vinculadas a la Embajada de Estados Unidos, junto con personal de la Agencia Estatal de Investigación, en un municipio de la sierra de Chihuahua, luego de un operativo en el que se desmanteló un presunto narcolaboratorio. Los hechos detonaron no sólo una investigación del Gobierno federal, sino también un choque de versiones donde las autoridades negaron su participación frente a reportes periodísticos que sostienen que los extranjeros sí participaron en el operativo y que incluso eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus sigla en inglés).
Al ser cuestionada sobre el caso, la Presidenta sostuvo que el Gobierno federal no fue informado de ningún operativo conjunto en campo con autoridades estadounidenses y resaltó que las autoridades de Chihuahua deben aclarar lo ocurrido. Desde entonces, ha exigido explicaciones tanto a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván como al Fiscal César Jáuregui Moreno.
Uno de los elementos que ha incrementado la presión es la inconsistencia en las declaraciones del Fiscal, del domingo 19 de abril y lo dicho en días posteriores, cuando explotó el escándalo.
«Ayer el Fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas”, expuso Sheinbaum a el martes 21 de abril.
Por su parte, Jáuregui Moreno negó que los agentes extranjeros hayan participado en el desmantelamiento del narcolaboratorio en la comunidad de El Pino y atribuyó su presencia a una coincidencia. «Después se encontraron con el comandante, cuando él venía de regreso; ellos no participaron en el operativo”, afirmó.
La tensión política escaló aún más cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscó comunicación con la Gobernadora, sin obtener respuesta. De acuerdo con lo compartido, María Eugenia Campos Galván no atendió la llamada que le hizo la Presidenta y ni siquiera se la devolvió, en medio de la creciente exigencia de explicaciones por parte del Gobierno federal. Ante ello, la mandataria del país instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a seguir con el contacto con el Gobierno estatal y solicitar una aclaración formal sobre los hechos.
Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió en privado el jueves 23 con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Tras casi cuatro días de silencio —sin responder ni devolver la llamada a la presidenta Claudia Sheinbaum— las señales de la mandataria dieron un giro radical; luego del encuentro con Harfuch, Campos emitió un comunicado en el que se desvivió en elogios, pues afirmó coincidir con Sheinbaum en trabajar de forma coordinada por la seguridad y la soberanía, una postura que calificó como “indeclinable”; además, sostuvo que la colaboración con el Gobierno federal ha contribuido a reducir la violencia.
En paralelo, el tema seguía escalando: el Senado aprobó un punto de acuerdo para invitarla a una reunión de trabajo —sin carácter obligatorio—, mientras que en el Congreso de Chihuahua, con mayoría prianista, le lavó la cara y rechazó llamarla a rendir cuentas. En ambos espacios, legisladores del PAN coincidieron en su narrativa de que la polémica tiene un tinte electoral impulsado por Morena e insinuaron que al Gobierno federal le incomodan los “resultados” de la gobernadora tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
Para el viernes 24, Sheinbaum elevó el tono: insistió en que no es un tema político sino de soberanía y recordó que su defensa ha costado sangre, por lo que insistió en calificar como “muy serio” cualquier indicio de intervención de agentes estadounidenses. Ese mismo viernes, Campos citó a medios, pero salió con un posicionamiento breve y evasivo: no respondió a los señalamientos ni explicó la presencia de la CIA. En su lugar, anunció la creación de una “unidad de investigación” encabezada por la fiscal de Mujeres, colocándola en la posición en la que debería de investigar incluso a su propio jefe, el fiscal general, con un conflicto evidente y en una situación de vulnerabilidad. Además, advirtió que no dará declaraciones “para salvaguardar la investigación”; es decir, cerró la puerta a rendir cuentas sobre el operativo.
La promoción electoral
Mientras el caso por la presencia de agentes de la CIA arde a nivel nacional, en la capital de Chihuahua destacan en el paisaje urbano espectaculares colocados en distintos puntos de la ciudad. En ellos aparece el Fiscal César Jauregui Moreno. La composición es clara: la imagen del funcionario ocupa el espacio central; la frase se impone y, en un costado, en letra de menor tamaño, figura el nombre de una supuesta revista digital que difunde una entrevista con el funcionario.
Se trata de una práctica recurrente: plataformas de bajo alcance que “promocionan” entrevistas, pero donde el protagonismo no es del medio, sino del político y del mensaje que busca posicionar. En los hechos, la difusión opera como una estrategia de promoción personal más que como un ejercicio informativo.
El objetivo: obtener la candidatura del PAN —partido que en la entidad se mantiene como el mejor posicionado entre el electorado— para la Alcaldía de Chihuahua.
Y es que la Presidencia Municipal de la ciudad de Chihuahua ha sido históricamente un escaparate y trampolín para quienes buscan posteriormente la gubernatura, lo que da sentido al posicionamiento anticipado de perfiles.
El funcionario incluso ha hecho alarde de su posicionamiento en encuestas en Chihuahua, que desde hace tiempo lo colocan a la delantera en las preferencias para encabezar la candidatura del Partido Acción Nacional rumbo a la Alcaldía de la capital del estado, una de las de mayor peso político en la entidad.
Apenas el pasado abril, el Fiscal se expresó ante medios de manera lacónica, pero con una risa burlona, sobre su competidor por la candidatura Santiago de la Peña, actual Secretario de Gobierno, quien también se perfila para contender.
“Yo lo veo muy lejos”, respondió César Jauregui cuando la prensa le preguntó en una conferencia oficial sobre el avance de De la Peña en las encuestas.
De acuerdo con la encuestadora Rubrum, César Jáuregui, amplía su ventaja y se mantiene como el perfil mejor posicionado dentro del PAN rumbo a la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua, de acuerdo con la medición más reciente levantada el 20 de abril de 2026.
El estudio le otorga 34.8 por ciento de las preferencias, ubicándolo en primer lugar. En segundo sitio se encuentra María Angélica Granados con 23.6 por ciento, seguida por Rafa Loera con 17.0 por ciento.
En el contexto partidista, la misma encuesta coloca al PAN con 51.4 por ciento de intención de voto en el municipio, frente al 29 por ciento de Morena, lo que refuerza el peso electoral del blanquiazul en la capital del estado.
En principales avenidas de Chihuahua se siguen viendo los espectaculares. Fotos: Gabriela Chacón, especial para SinEmbargo
El oscuro pasado del Fiscal de Chihuahua
Jáuregui Moreno —originario de Mexicali, Baja California, con formación académica en la Universidad Autónoma de Chihuahua— ha construido su carrera política en el estado, particularmente en Ciudad Juárez, aunque ahora su proyección se centra en la capital.
Su cercanía con la Gobernadora María Eugenia Campos Galván no es menor. Ambos han sido señalados en investigaciones de la Fiscalía estatal por su presunta participación en el esquema conocido como la “nómina secreta” durante el Gobierno priista de César Duarte Jáquez. De acuerdo con esas indagatorias, legisladores habrían recibido recursos a cambio de respaldar decisiones del Ejecutivo estatal.
Una declaración ministerial de 2019, atribuida al propio Jáuregui, fue clave en ese proceso. A partir de ella, el entonces legislador accedió a un criterio de oportunidad, lo que permitió avanzar en el caso contra Campos. En 2021, ya como candidata del PAN a la gubernatura, un juez la vinculó a proceso por la causa relacionada con la “nómina secreta”; sin embargo, posteriormente fue exonerada por un magistrado, quien determinó que no había pruebas de que los recursos condicionaran su actuación legislativa. Ese mismo año, otra causa por presuntos sobornos de constructoras fue retirada por la Fiscalía Anticorrupción.
Tras su llegada al gobierno estatal, Campos propuso a Jáuregui como Fiscal general, cargo que fue ratificado por un Congreso local con mayoría afín al bloque PAN-PRI, lo que colocó a uno de los señalados en esas investigaciones al frente de la institución encargada de perseguir delitos, incluidos los de corrupción vinculados al pasado reciente.
En paralelo, persisten cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía en casos relevantes. Uno de ellos es el de Bertha Olga Gómez Fong, señalada por presunto peculado. Aunque autoridades estadounidenses la han detenido en distintos momentos con fines migratorios, el propio fiscal ha señalado que los procesos de extradición corresponden a la Fiscalía General de la República, mientras que la instancia estatal se limita a informar sobre las investigaciones locales.
La trayectoria política de César Jáuregui Moreno se ha desarrollado principalmente al interior del Partido Acción Nacional en Chihuahua. En 1994 fue director jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN; posteriormente se desempeñó como coordinador de Estados en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
En 2002 asumió la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez; en 2007 fue secretario de Elecciones de la Comisión Organizadora Electoral y en 2010 contendió como candidato a la Presidencia Municipal de esa ciudad.
De 2010 a 2013 ocupó el cargo de secretario del Ayuntamiento de Delicias, Chihuahua. En 2014 fue Diputado local y coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LXIV Legislatura. Más adelante, de 2016 a 2021, se desempeñó como secretario del Ayuntamiento en la capital del estado.
Así, en medio de la actual crisis por el caso de probable intromisión de agentes extranjeros y bajo el escrutinio nacional, la figura de Jáuregui no sólo está en medio de cuestionamientos por el operativo reciente, sino también por su trayectoria política, su cercanía con el poder estatal y los pendientes en materia de procuración de justicia en Chihuahua.
