Carlos H.
Crónica
Por Tatiana Valdés
No se dice claro, pero todos lo saben. Es una consigna que viene desde arriba y se disemina silenciosamente en la oficina, en el desayuno cotidiano, en el aula de clase, en el consejo de maestros, padres, líderes del sindicato y guías espirituales respetuosos de la ley y temerosos de la voluntad divina. Así se esparce la animadversión hacia la protesta social, incubada en la calidez de las “buenas familias”, de las que se esfuerzan en trazar una línea divisoria entre ellas y la “chusma”.
Y si el cabeza de familia es algún funcionario público o simple oficinista de alguna institución de gobierno, la cuestión empeora hasta la dogmatización del tema: todo aquel que anda metido en marchas, mítines, plantones o festivales de protesta es un revoltoso, sin quehacer, engendro maligno, sin educación ni decencia, eterno culpable del atraso del país, brazo armado del partido tricolor, entre otros calificativos similares.
Desde esos niveles, tal vez inocentes desde la mirada de los ingenuos, comienza la criminalización de la protesta social; no requiere llegar hasta los escritorios de los ministerios públicos o los tribunales: se le juzga en ausencia para vacunar a las personas “decentes” y protegerlas del “virus” de la protesta social y de quienes luchan; se le sataniza y se le califica como un producto no deseado de la humanidad.
Sin embargo, para quien sufre las difíciles condiciones de la pobreza, para quienes soportan el dolor de ver a sus familiares morir por enfermedades curables, para los que viven al día porque no alcanza para la comida, para quienes ven con tristeza que el desayuno de los niños antes de ir a la escuela son apenas tres o cuatro galletas, o para aquel campesino cuya esperanza está sembrada en una parcela que este año no dará lo necesario, seguir esperando a que las cosas cambien por milagro o por la buena voluntad de los funcionarios públicos no es una opción.
No queda más remedio que luchar. No importa que para ello tengan que enfrentarse al repudio del funcionario público y a ser criminalizados por individuos amaestrados mediante la ideología del gran propietario. La necesidad y la pobreza comienzan a enseñar, dolorosamente, los primeros pasos a quienes decidieron no soportar más la precariedad de la vida, a quienes comprendieron que la desigualdad social —la diferencia entre los que tienen y los que no— no es cosa de mala suerte.
Así quedó demostrado la mañana en que ordenadas columnas humanas irrumpieron en la capital mexiquense: cientos de integrantes del Movimiento Antorchista de este y otros municipios tomaron las principales calles en una nueva jornada de protesta para exigir respuesta a un pliego petitorio que permanece sin atención desde hace meses. La movilización tuvo como objetivo presionar a las autoridades estatales para que atiendan demandas básicas que afectan a miles de familias en comunidades con alto rezago social.La ordenada muestra de decisión y disciplina partió del parque Simón Bolívar con rumbo al Palacio de Gobierno, donde los manifestantes solicitaron una audiencia con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a fin de exponer directamente las carencias que enfrentan en sus municipios.
Durante el recorrido, campesinos, amas de casa, estudiantes, transportistas y comerciantes alzaron la voz para denunciar lo que califican como abandono institucional en rubros esenciales como el campo, los servicios públicos y el derecho al trabajo.
Artemio González Carrillo, campesino de Zumpahuacán, explicó que la movilización fue una respuesta a la falta de apoyos productivos: “Venimos hasta Toluca porque necesitamos fertilizante y apoyo al campo; sin respaldo es imposible sacar adelante nuestras cosechas”, afirmó.
En el mismo sentido, Carmen Martínez, habitante de Ixtapaluca, denunció la escasez de agua potable y el mal estado de las vialidades: “Vivimos entre calles sin pavimentar y sin servicios básicos como el vital líquido; eso afecta todos los días a nuestras familias. Por eso, el día de hoy acudimos varias colonias para externar nuestro descontento”, señaló.
Por su parte, el comerciante toluqueño José Emilio Bautista acusó actos de hostigamiento por parte de servidores públicos y funcionarios del gobierno municipal: “Nos decomisan mercancía y nos cobran cantidades excesivas para recuperarla. Así es muy difícil trabajar y sostener a nuestras familias”, expresó.
Las voces recogidas durante la protesta reflejan el sentir de los manifestantes: la denuncia de una problemática más amplia que se repite en distintas regiones del estado, tanto en zonas rurales como en la periferia urbana, donde persisten carencias históricas sin atender por los tres niveles de gobierno, especialmente el estatal, encabezado por la morenista Delfina Gómez.
A lo largo de la movilización también hubo reacciones de ciudadanos que transitaban por la zona. Algunos jóvenes manifestaron su respaldo a la protesta, al considerarla una vía legítima para visibilizar problemáticas sociales: “Si la gente no se manifiesta, nadie escucha. Hay temas urgentes como la inseguridad, la falta de agua y el mal estado de las calles”, comentaron.
En este sentido, la jornada de protesta de los integrantes del Movimiento Antorchista Nacional (MAN) en la entidad mexiquense es un indicador del hartazgo social ante la miseria creciente y un recordatorio, para quienes hoy tienen el poder en sus manos, de la fortaleza de un pueblo cuando se organiza y decide luchar.
