Carlos H.
- El eje central de esta reforma es la institucionalización de la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, la cual pasará a ser un órgano permanente, plural y con paridad de género, encargado de revisar expedientes donde existan sospechas de fabricación de delitos, violaciones al debido proceso o falta de perspectiva de género.
- El diputado morenista Octavio Martínez Vargas criticó la lentitud histórica en procesos de derechos humanos y celebró que ahora la Defensoría Pública podrá emitir dictámenes para personas con enfermedades crónicas o discapacidades que ya no deberían estar recluidas por razones humanitarias.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 08 de Abril de 2026.- En una jornada calificada como histórica por los diversos grupos parlamentarios, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Legislatura aprobó un robusto paquete de reformas a la Ley de Amnistía del Estado de México y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El dictamen, que unifica propuestas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del diputado de Morena Octavio Martínez Vargas y de la petista Ana Yurixi Leyva Piñón, busca convertir al Congreso en un puente hacia la justicia social para personas injustamente privadas de su libertad.
El eje central de esta reforma es la institucionalización de la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, la cual pasará a ser un órgano permanente, plural y con paridad de género, encargado de revisar expedientes donde existan sospechas de fabricación de delitos, violaciones al debido proceso o falta de perspectiva de género.
El diputado Vladimir Hernández Villegas, encargado de presentar los detalles técnicos, subrayó que estas reformas son una respuesta directa al «punitivismo irracional» que ha imperado en el sistema. Explicó que los cambios afectan a diversos artículos de la Ley de Amnistía y la Ley Orgánica para dar facultades de consulta a la Comisión legislativa ante la Fiscalía, el Poder Judicial y organismos de la sociedad civil.
«No es una liberación a ultranza, es una herramienta quirúrgica. Coadyuvamos con el Poder Judicial sin intromisión, bajo filtros institucionales estrictos», precisó, enfatizando que no se aplicará a reincidentes.
La legisladora del Partido del Trabajo, Ana Yurixi Leyva celebró la creación de la comisión como un acto de reparación para mujeres indígenas y sectores vulnerables, y destacó que el Congreso es el segundo espacio más importante en el impulso de amnistías, después de la vía jurisdiccional.
«Aquí llegan las historias, el dolor y la esperanza. Esta reforma permitirá liberar a mujeres que robaron por hambre, a quienes se defendieron de la violencia sin ser juzgadas con perspectiva de género, o a indígenas sin traductores», afirmó.
El diputado morenista Octavio Martínez Vargas recordó que la Constitución otorga al Legislativo la facultad exclusiva de conceder amnistía. Criticó la lentitud histórica en procesos de derechos humanos y celebró que ahora la Defensoría Pública podrá emitir dictámenes para personas con enfermedades crónicas o discapacidades que ya no deberían estar recluidas por razones humanitarias.
«Se abre una esperanza para quienes enfrentan delitos de alto impacto fabricados. Las futuras legislaturas tendrán, sí o sí, que constituir esta comisión permanente», sentenció.
Desde la bancada de Acción Nacional, la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio aportó cifras críticas, de acuerdo al último Censo del INEGI del 2025 al indicar que más de 85 mil personas en México carecen de sentencia firme, y resaltó que, en el Edomex, cerca de 12 mil personas están en prisión preventiva oficiosa, muchas vinculadas a delitos de bajo impacto por pobreza.
«La justicia no se limita a castigar, sino a corregir cuando el sistema le ha fallado a la dignidad humana», expresó, reconociendo la apertura al diálogo en la construcción del dictamen.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Salinas Reyes sumó el respaldo de la «bancada naranja», pero puso el dedo en la llaga presupuestal, y solicitó una ampliación de recursos a la Secretaría de Finanzas para que el Instituto de la Defensoría Pública pueda cumplir con la nueva carga de trabajo en asesoría técnica.
«Evitemos dejar vacíos. Si queremos que esto funcione, se requiere recurso para la defensa técnica de quienes menos tienen», advirtió.
Los diputados Nelly Brígida Rivera Sánchez, Karim Carvallo Delfín y Carlos Martínez Zurita Trejo coincidieron en que el Estado de México se coloca a la vanguardia nacional, sirviendo de modelo incluso para otras entidades como Baja California.
Rivera Sánchez enfatizó que «la pobreza no debe ser motivo de prisión»; Carvallo Delfín previó una reducción inmediata en la sobrepoblación penitenciaria y una recuperación de la credibilidad institucional, y Martínez Zurita aclaró que la amnistía no agravia a las víctimas, sino que corrige las fallas donde el propio Estado falló a los mexiquenses.
