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- Hicieron un llamado a la mayoría en el Congreso del Estado de México para que la Legislatura no funcione como una «oficialía de partes» y se abra un verdadero Parlamento Abierto que escuche a universitarios y sociedad civil antes de armonizar cualquier reforma federal
Por Ana Valeria Castro
Toluca, Méx.- Ante la inminente presentación de la propuesta de Reforma Electoral por parte del Ejecutivo Federal, la dirigencia y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México emitieron un posicionamiento crítico y proactivo, ante ello, anunció que no solo participará en el debate, sino que impulsará una iniciativa de ley desde el Congreso local para que sea remitida al ámbito federal.
El anuncio fue encabezado por Javier Rivera Escalona, secretario general del PRD; el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada perredista; y la diputada Araceli Casasola Salazar, Rivera Escalona subrayó que la propuesta del PRD busca garantizar la “máxima participación democrática” y el fortalecimiento de las instituciones, Y criticó que la comisión encargada del proyecto federal haya sido «parcial» y advirtió que el Sol Azteca utilizará sus facultades constitucionales para incidir en la discusión.
«Lo que queremos es que se inserte nuestra propuesta en el ámbito federal. No basta con oponernos; debemos ser proactivos y presentar soluciones acordes a las necesidades de la población», afirmó Rivera Escalona.
En tanto, el legislador Omar Ortega Álvarez detalló los ejes que conforman la iniciativa, enfatizando que la democracia «cuesta, pero cuesta mucho más no tenerla o debilitarla por decisiones apresuradas».
Por ello, propuso 11 puntos clave como la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), al considerarlo piezas fundamentales del federalismo electoral, y la cercanía ciudadana, la urna electrónica, para la modernización paulatina con respaldo físico y auditable; el financiamiento exclusivo público, para eliminar dinero privado en campañas para evitar intereses fácticos; la Representación Proporcional (RP), por respaldo ciudadano, para que las listas de plurinominales se integren por quienes ganaron votos en calle.
Además de regidurías vinculadas, para que candidatos a alcaldes que no ganen puedan ser regidores de RP; la reducción de campañas para evitar gasto excesivo y saturación informativa; equilibrio en el Congreso, donde indicaron es ajustar a 38 diputados de mayoría y 37 de representación proporcional; el tope a la sobrerrepresentación para tener un límite absoluto del 8 por ciento aplicado a coaliciones, no solo a partidos.
Asimismo, que el financiamiento equitativo, para pasar de un esquema 30/70 a uno de 50 por ciento igualitario y 50 por ciento proporcional; que haya blindaje contra el Crimen Organizado con controles de integridad rigurosos antes de postular candidatos; y finalmente la suspensión por violencia para que la autoridad electoral tenga la facultad de suspender comicios en zonas bajo control criminal.
En este sentido, Ortega Álvarez fue enfático al señalar que existen regiones donde la libertad del voto está comprometida, y propuso que, bajo dictámenes técnicos, se puedan suspender elecciones de forma excepcional si no hay garantías de seguridad.
«No puede llamarse elección a un proceso realizado bajo amenaza o captura criminal del territorio», sentenció a la par de hacer referencia a casos recientes de violencia política en la entidad y el país.
Respecto a la intención federal de eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y reducir las diputaciones plurinominales, el PRD calificó estas medidas como un retroceso de 40 años, por lo que el legislador defendió el sistema de Primera Minoría, donde quienes acceden a una curul de representación proporcional sean aquellos que efectivamente salieron a pedir el voto y quedaron en segundo lugar, eliminando las «listas de cúpula» o de escritorio.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRD lamentó que hasta ahora la discusión se haya dado en escenarios controlados, por lo que hicieron un llamado a la mayoría en el Congreso del Estado de México para que la Legislatura no funcione como una «oficialía de partes» y se abra un verdadero Parlamento Abierto que escuche a universitarios y sociedad civil antes de armonizar cualquier reforma federal.
