Roberto
- El pago de sus impuestos contribuye al desarrollo municipal.
- Quienes detentan el poder político y económico, han impedido la unidad social
Por F. V. Figueroa
Ausencia de calles pavimentadas, falta de energía eléctrica en los hogares, de alumbrado público, drenaje, seguridad, recolección de basura y agua potable y otros servicios fundamentales para la dignificación de la vida, son una constante en las colonias populares en todo nuestro país; no es un problema exclusivo del Estado de México, aunque, en esta entidad, por el tamaño de la población es donde se encuentra más acentuado.
Tres ejemplos, aunque no los únicos: Lomas de San Sebastián en el municipio de La Paz; Laguna de Chiconautla en Ecatepec y Ejido de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli. Algunas de ellas, consideradas como nuevos asentamientos, en realidad tienen más de veinte años, durante los cuales, han vivido bajo duras condiciones que han impedido su derecho al acceso a una vida digna.
Esta identificación como nuevos asentamientos, ha servido como fundamento a diversas administraciones municipales para retrasar y, en muchas ocasiones no proporcionar, los servicios elementales que requiere la población.
Por ejemplo, en Cuautitlán Izcalli, las administraciones anteriores, justificaron su determinación de no resolver las carencias de la colonia Ejido de Guadalupe, con el argumento de que sus habitantes no pagaban impuestos y, por tanto, no era posible resolver ninguna de sus necesidades.
Argumento doblemente falso. Primero, porque los habitantes de esa comunidad, han sostenido, desde su formación, su petición de regularización de la tenencia de la tierra, es decir a la escrituración, lo que implica inmediatamente el pago del predial y otros servicios. Si los funcionarios municipales no han resuelto este problema, aunque tienen el poder para hacerlo, no pueden fundamentar su indiferencia ante el sufrimiento humano con este tipo de sofismas; los habitantes han mostrado su disposición al pago de sus contribuciones siempre en la medida en que estos sean justos.
En segundo lugar; todos los trabajadores en México pagan impuestos y, por tanto, también deben tener, junto con sus familias, garantizados todos sus derechos. El anterior argumento, inaceptable desde cualquier punto de vista, no hace más que ocultar una postura reaccionaria, de rechazo y discriminación hacia cierto sector popular, calificándolo de avecindado, para distinguirlos de quienes tienen más tiempo en el lugar y considerándolos, en los hechos, como seres de segunda o de tercera.
Proceder a justificar de esta manera la determinación de retrasar o incluso, no dotar de servicios públicos a los recién llegados, significa, en el fondo, dividir a la población humilde propagando intencionada y perniciosamente, la discordia bajo la apariencia de una supuesta rivalidad entre nativos y avecindados.
Quienes se amparan es esta interpretación yla utilizan para oponerse al mejoramiento de las condiciones de vida de la población relativamente reciente en las localidades, consideran que la administración municipal y los cargos públicos bajo los cuales se realiza la planificación, la distribución y la aplicación de los impuestos que paga la población, deben quedar en manos de los originarios.
Sin embargo, no les conviene mucho explicar a la población, que los llamados nativos u originarios, no son homogéneos respecto a su condición económica, que hay algunos que tienen más y otros menos; que también existen, por esta misma razón, contradicciones en su interior, es decir las mismas que se presentan entre dominantes y dominados, entre los que poseen más tierra y otras propiedades, y los que tienen poco o nada, o sea, los modernos macehuales. Y son los primeros los que, generalmente acceden a los cargos en la administración.
La hostilidad que hay hacia los avecindados, azuzada por algunos vivales y sustentada con el argumento de los derechos e identidad de los pueblos originarios, es una muestra fehaciente de la división económica y de las contradicciones que existen también al interior de los también llamados naturales o nativos, contradicciones que nacen del desarrollo de la propiedad privada.
Por esta misma diferencia económica que hay al interior de estos grupos, quienes acceden a los cargos públicos, los consideran de su propiedad, su fuente de ganancias y, por tanto, destinar recursos económicos para atender necesidades, ya sea de los nativos o de los avecindados, significa reducir sus posibilidades de ganancia personal, aparte de su sueldo como funcionario; es decir, menos oportunidades para obtener provecho particular a un cargo desde el cual es posible mejorar las condiciones de vida de comunidades enteras.
La condición de clase, la situación económica, tanto de unos y otros, es lo que debe servir para identificar los intereses comunes. Ambos contribuyen al desarrollo municipal con el pago de sus impuestos. Avecindados y originarios tenemos las mismas necesidades, sufrimos en la misma medida la falta de servicios, de oportunidades y los abusos de quienes tienen el poder económico. Ambos contribuyen al desarrollo municipal con el pago de sus impuestos.
La propagación de este tipo de argumentos, basados en el sentimiento de pertenencia a un determinado grupo, nos hace olvidar nuestra condición económica y social, crea una división entre la población, fracciona al pueblo humilde y disminuye su capacidad de lucha, su fortaleza como movimiento popular. La explotación capitalista no reconoce diferencias culturales ni pueblos milenarios o recientes, daña a todos los desposeídos en la misma medida.
Las demandas enarboladas por los habitantes de Lomas de San Sebastián, de la Laguna de Chiconautla y de Ejido de Guadalupe, son la expresión de las necesidades del pueblo pobre, que están presentes, en diferentes grados, tanto en los recién llegados como en los que tienen más tiempo en una localidad. Debemos reconocer que los embustes propagados por quienes detentan el poder político y económico en el país o en localidades más pequeñas, han impedido la unidad y la acción concertada de los pobres de nuestro país.
Por tanto, uno de los factores que garantizará el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, es nuestra unidad como clase social; con ella, es posible también, en un plazo no muy lejano, construir un país gobernado por los trabajadores, que garantice el bienestar permanente a todos los creadores de la riqueza social, a todo el pueblo.
