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Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a .- La actividad económica del Estado de México, sostén de miles de familias, se encuentra bajo un asedio criminal que obliga a los pequeños y medianos empresarios a «bajar la cortina» de forma irreparable. Según la voz de la oposición legislativa, la extorsión ya es el “segundo verdugo” que sentencia al cierre permanente a los negocios mexiquenses.
El diputado local y coordinador del grupo parlamentario del PRD, Omar Ortega Álvarez, pintó un panorama sombrío, al explicar que la presión ejercida por los criminales, que va desde la simple llamada intimidatoria hasta la amenaza frontal, trasciende el cierre temporal, impactando de lleno en el tejido social.
«Esto acaba con la economía y el sustento de las familias,» enfatizó, a la par de subrayar que es el sector productivo, generador de más del 90 por ciento de la economía familiar en la entidad, el que está siendo desmantelado.
Ortega Álvarez reconoció que la dimensión real del daño es incuantificable y el miedo paraliza a las víctimas, impidiéndoles denunciar. Esta dinámica, dijo, genera una «cifra negra grandísima», donde la inacción gubernamental y el terror hacen que muchos comerciantes opten por la autocensura. «Hay quienes prefieren no abrir y seguir pagando a los delincuentes», confesó.
La impunidad, por tanto, se consolida como un «círculo de perversión» que exige una «transformación de fondo» en las políticas de Estado y una «reforma social».
Además, el perredista, indicó que uno de los puntos más alarmantes es la diseminación geográfica del delito, “lo que antes era un problema concentrado en ciertas regiones del Estado, ahora es una plaga que se ha extendido sin control, ya no hay lugar que se salve”, sentenció.
Frente a esta crisis de seguridad, el congresista criticó abiertamente el enfoque federal de «abrazos, no balazos», sugiriendo que ha propiciado un entorno de ingobernabilidad que facilita la operación criminal.
A pesar de reconocer que solo es un paliativo, urgió a la clase política a dejar de ser «oídos sordos» ante el clamor del sector productivo, no obstante, celebró que la actual legislatura mexiquense ya haya endurecido las penas por extorsión, a lo que se sumará una iniciativa federal.
Sin embargo, enfatizó que la ampliación de las sanciones es apenas un “granito de arena» frente a la envergadura del desafío. Por ello, el Coordinador del Sol Azteca adelantó que su bancada se enfocará en la revisión y reasignación del presupuesto de seguridad pública, buscando fortalecer las estrategias que permitan contrarrestar el estrangulamiento que sufre el comercio.
«De entrada, agravar el delito de extorsión es aportar. Ojalá pronto se dé un esfuerzo más amplio y articulado,» concluyó, pidiendo una estrategia integral y coordinada que rescate a la economía mexiquense de la amenaza extorsionadora.
