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Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 30 de Noviembre de 2025.- La reciente mega-iniciativa del Gobierno Federal, enviada a la Cámara de Diputados para reformar 17 leyes en aras de la «igualdad sustantiva», ha encendido las alertas de organizaciones civiles y es que, de acuerdo con un análisis preliminar de la iniciativa, que toca temas de desarrollo económico, salud y prevención de violencia, apunta a una ambigüedad jurídica potencialmente explosiva.
La directora de Asuntos Públicos de la organización Red Familia, Laura Hernández identifica un concepto clave y debatible, la incorporación de la «garantía de derechos sexuales y reproductivos» en el Artículo 17 del Título III. Este término, a primera vista amplio, indicó carece de una definición precisa en la legislación mexicana, lo que podría desatar una oleada de interpretaciones controversiales.
El riesgo, la asociación advierte radica en que la falta de claridad en el texto nacional podría remitir a referencias del ámbito internacional, donde este concepto ya tiene una connotación específica y profundamente debatida el “acceso al aborto”.
Organismos de peso global han ligado explícitamente el concepto a la interrupción del embarazo y entre las referencias citadas destacan, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), quién sostiene que el «acceso al aborto es parte de las obligaciones del Estado», para eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar su derecho a la salud.
Mientras que Amnistía Internacional, postula que construir un futuro de derechos sexuales y reproductivos implica, necesariamente, «garantizar el derecho al aborto»; y la ONU-DH México, tiene su propia definición de estos derechos que incluye la potestad de decidir sobre la reproducción, lo que diversas entidades han interpretado como la «obligación de garantizar servicios de aborto en ciertos supuestos».
«El término no es neutro en el ámbito internacional y, sin una definición clara en la legislación mexicana, puede dar lugar a interpretaciones que excedan el objetivo declarado de la iniciativa,» señala.
Además, la Directora de Asuntos Públicos subraya que, si bien es vital fortalecer los marcos legales para proteger a mujeres, niñas y adolescentes de la violencia y la discriminación, la ambigüedad en el lenguaje es un camino peligroso.
En este contexto aseveró la importancia fundamental sobre la precisión jurídica en este punto, como el prevenir Interpretaciones contradictorias, para evitar que autoridades federales y estatales apliquen la ley de manera divergente; así como respetar la diversidad social, al asegurar que las políticas públicas derivadas respeten las distintas convicciones presentes en la sociedad mexicana.
Así como garantizar que la reforma mantenga una armonía con los marcos legales ya vigentes en salud, educación y política familiar, y en cuanto a transparencia Legislativa, el impedir que términos amplios se utilicen como vehículo para introducir “cambios normativos” que no fueron discutidos explícitamente en el Congreso.
Esta alerta pone el foco en la necesidad de un diálogo informado en San Lázaro, instando a los legisladores a revisar a fondo el articulado para disipar toda duda. La organización se compromete a compartir un análisis técnico detallado con autoridades y organizaciones interesadas.
