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- Denuncian sobrepoblación penitenciaria, fabricación de delitos y abusos de autoridad documentados.
- En los 22 penales, hay más de 39 mil personas privadas de la libertad, el doble que hace una década, sin que se hayan duplicado los centros penitenciarios.
- Exigen una reforma profunda a la Ley de Amnistía del Estado de México.
- José Carlos Neira Cruz, titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, afirmó que la amnistía es un mecanismo constitucional para corregir injusticias.
- “No podemos permitir que estas reformas se queden archivadas. Las cárceles debieron abrirse hace tiempo para los falsos culpables”: José Humbertus Pérez.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 18 de Noviembre de 2025.- En un foro histórico celebrado en el Congreso mexiquense, legisladores, autoridades de la defensoría pública y colectivos de víctimas exigieron una reforma profunda a la Ley de Amnistía del Estado de México, al denunciar fallas sistemáticas en la procuración y administración de justicia que han derivado en miles de casos de presuntos falsos culpables.
El diputado de Morena Octavio Martínez Vargas abrió el encuentro señalando que el Estado de México enfrenta una crisis estructural en su sistema penal y recordó que la entidad, la más poblada del país, con cerca de 18 millones de habitantes y 125 municipios, con 22 penales, hoy alberga más de 39 mil personas privadas de la libertad, el doble que hace una década, sin que se hayan duplicado los centros penitenciarios.
El legislador denunció inconsistencias procesales, fabricación de delitos y abusos de autoridad documentados “a lo largo y ancho del territorio”, desde la zona oriente hasta Tierra Caliente.
Ante ello, anunció que la discusión surgida del foro permitirá integrar una propuesta de reformas a la Ley de Amnistía, que presentará la próxima semana y en paralelo, adelantó que impulsará una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de México, al afirmar que “no puede seguir operando un esquema rancio, acartonado, con irregularidades y malos servidores públicos”.
Martínez Vargas destacó reformas recientes que ya se han aprobado como el despojo que dijo, es ahora un delito grave; así como la conducta conocida como “monta choques” fue tipificada como delito; La usura se integró al Código Penal y dijo que está pendiente el nuevo tipo penal de fabricación de delito por parte de servidores públicos.
Asimismo, el morenista, reconoció la renovación del Poder Judicial, la toma de protesta de 30 magistrados, 55 jueces, y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que por primera vez podrá sancionar a magistrados y jueces.
“El eje número uno del plan de desarrollo de nuestra gobernadora Delfina Gómez es cero corrupción, estado de derecho, gobierno del pueblo y para el pueblo”, recalcó.
Por su parte, José Carlos Neira Cruz, titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, subrayó que la institución tiene contacto directo con la mayoría de las personas privadas de la libertad que buscan amnistía.
Afirmó que la amnistía es un mecanismo constitucional para corregir injusticias, y no un perdón discrecional, por ello, entre las principales fallas detectadas mencionó: falta de defensa técnica adecuada; ausencia de traductores e intérpretes en casos de personas indígenas; prisión preventiva prolongada; mujeres criminalizadas por pobreza, violencia o roles de cuidado no considerados; jóvenes procesados por delitos menores sin garantías plenas.
Neira Cruz, planteó recomendaciones concretas para la reforma como en procedimiento ágil, claro y transparente, el reconocer explícitamente la falta de defensa técnica como causal; ampliar los supuestos de vulnerabilidad; crear un Observatorio de Amnistía con participación interinstitucional y acompañar la amnistía con programas de apoyo psicológico, capacitación laboral y mediación comunitaria.
“La amnistía no borra el pasado, pero puede abrir un futuro distinto”, sostuvo.
Por su parte, la activista Veda Sarmiento Gutiérrez, presidenta de la Asociación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos colectivo nacido en prisión en 2016, acusó a los poderes del Estado de México de fracasar en la instalación del sistema penal acusatorio* y permitir un esquema de corrupción que dio origen a miles de falsos culpables.
Entre sus señalamientos destacan, que no se constituyó el servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, como lo exige la Constitución, según resoluciones ganadas ante el Infoem; no se instalaron fiscalías especializadas con operadores de justicia capacitados; procesos penales sin investigación adecuada, basados en testimonios insuficientes; responsabilidad del Poder Legislativo, que no supervisó los recursos federales del FASP destinados a la implementación del sistema acusatorio; Magistrados sin capacitación adecuada, según otro recurso ganado por el colectivo, lo que derivó en sentencias confirmadas sin respetar la presunción de inocencia.
“El Estado de México recibió miles de millones de pesos para implementar el sistema penal acusatorio y hoy tenemos el peor y más ineficiente modelo del país”, sentenció.
El fundador del colectivo, José Humbertus Pérez Espinoza, presentó una iniciativa ciudadana para reformar los artículos 1, 16 y 18 de la Ley de Amnistía, entre sus ejes principales propone que:
Que la amnistía aplique también para delitos cometidos después del 5 de enero de 2021, ampliando el marco actual; integrar un grupo de expertos nacionales e internacionales que analice cada caso; investigar el uso de los recursos del FASP por parte de legislaturas pasadas; reconocer jurídicamente la fabricación de delitos como parte de un patrón estructural; convertir la Comisión de Amnistía en comisión ordinaria, no especial, con responsabilidad permanente; establecer que la Legislatura es la autoridad final que otorga la amnistía, en coherencia con la Constitución local y federal.
Pérez Espinoza advirtió, “no podemos permitir que estas reformas se queden archivadas. Las cárceles debieron abrirse hace tiempo para los falsos culpables”.
A lo largo del foro, coincidió un mensaje central, las fallas del sistema penal mexiquense han producido miles de injusticias y deben corregirse mediante cambios legislativos profundos, supervisión del uso de recursos públicos y fortalecimiento institucional.
Legisladores, defensores y activistas urgieron a que el Congreso estatal, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Defensoría Pública trabajen de manera coordinada para garantizar justicia, reparación y revisión de casos en los que existan indicios de fabricación de delitos.
El debate continuará en próximas semanas con la presentación de iniciativas formales y con la expectativa de que la nueva legislatura y el gobierno estatal cumplan el compromiso de cero corrupción y justicia para las víctimas.
